VISIONES ENCONTRADAS

Juristas difieren si privados deben declarar bienes

El MPP propone que lo hagan si manejan dinero del Estado.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Ruben Correa Freitas. Foto: Archivo El País

Juristas tienen visiones encontradas sobre el proyecto de ley del Movimiento de Participación Popular (MPP) para que empresarios que manejan dinero del Estado estén obligados a declarar sus bienes ante la Junta Anticorrupción.

"Es un tema complejo y habría que ver con mucho cuidado el alcance. En principio la idea puede presentar problemas con la privacidad e intimidad", advirtió a priori el constitucionalista Martín Risso.

Ruben Correa Freitas, también abogado constitucionalista, tiene una visión contraria. "La Constitución no dice nada sobre ese tema. La ley puede disponer ese tipo de medidas. Son medidas anticorrupción. No veo objeción", sostuvo.

"Hoy DGI y BPS cada vez tienen más capacidad para investigar a los contribuyentes. Creo que la propuesta no contraviene ninguna norma y más tratándose de fondos públicos. Es un tema de si se acepta o no se acepta", agregó Correa Freitas.

Para Leonardo Costa, socio del estudio Brum-Costa Abogados, la idea central del proyecto del MPP "es un exceso a la intimidad de gente que no tiene por qué, basado en el principio de inocencia, estar prácticamente declarándose culpable. Contraviene la Constitución en el derecho a la intimidad". Para Costa hay otras herramientas de transparencia que serían más productivas. "Por ejemplo, saber en un registro único, público y accesible, cuántos contratos tienen determinadas empresas. Esto es, que la gente sepa si yo tengo 30 o 40 contratos y los precios a los que fueron adjudicados", planteó.

"Otra cosa que vale la pena trabajar, porque creo que transparentar la relación de los privados con el Estado no está mal es, por ejemplo, como hicieron en algunos países como Perú, crear registros de quiénes son los que de alguna manera hacen cabildeo en el Estado; los lobistas. Y si se quiere transparentar del todo que se modifique la ley electoral del punto de vista de las donaciones de las campañas que es de las cosas más oscuras que existen en Uruguay", agregó.

Por su parte, el abogado Gonzalo Ramírez consideró que hay que hacer una diferenciación entre los que manejan fondos públicos para ejecutar una obra como una carretera, y el caso de un directivo de una mutualista, "que es una institución sin fines de lucro y manejan una fortuna de dinero del Fonasa y por eso el Estado tarifa los servicios; me parece muy bien que tengan que hacer declaración jurada. No todo es lo mismo".

Ramírez dijo que en el caso de obras públicas puede llegar a ser difícil de ejecutar porque la empresa puede poner una sociedad anónima para la oferta y una persona hace la declaración de bienes, pero los accionistas son otros.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)