"Enriquecimiento ilícito" a estudio desde hace 3 años

La Junta espera creación de delito

En febrero de 2011, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) envió al Parlamento un proyecto de ley que actualiza parte de su normativa y, entre sus principales novedades, propuso crear como delito autónomo el "enriquecimiento ilícito", cosa que actualmente el Código Penal no sanciona.

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15 feb 2014

El senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay), vicepresidente de la Comisión de Constitución y Legislador del Senado, donde está a estudio el proyecto de la Jutep, dijo a El País que se decidió "desglosar" la iniciativa del organismo y no está previsto analizar las modificaciones a las normas penales que propone porque no se entiende conveniente estudiar esos puntos mientras a la vez está en análisis un nuevo Código Penal.

El integrante de la Junta Directiva de la Jutep, Carlos Soares de Lima, dijo que desde que el proyecto de ley fue enviado al Parlamento, las autoridades del organismo asistieron "cinco veces" a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para analizar su contenido.

Según el texto del proyecto original que la Jutep remitió al Parlamento, incurrirá en el delito de "enriquecimiento ilícito" el funcionario público que en una indagatoria judicial no pueda justificar "la procedencia de un significativo enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo".

El proyecto dice que "siempre que el hecho no derive en otro delito más grave" -como lo puede ser el "lavado de activos"- el implicado será castigado con una pena que oscilará entre los 18 meses y los seis años de prisión.

Además, al funcionario que incurra en el delito de "enriquecimiento ilícito" se le podrá imponer una multa de entre 50 a 20.000 Unidades Reajustables (UR) y también se expondrá a una inhabilitación de entre dos y seis años para ocupar cargos a nivel del Estado.

La posible creación de la figura del "enriquecimiento ilícito" ha generado cuestionamientos entre los abogados expertos en derecho penal, que advierten ciertos riesgos en esa norma

Así, en su momento, el catedrático penalista Miguel Langón dijo que se trata de una figura delictiva "de sospecha donde el Estado no puede probar la situación y por eso crea una norma para que el funcionario quede atrapado". Para Langón, se debe hablar de "enriquecimiento injustificado".

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