No sabe si puede ir a la OEA a recibir un informe sobre Uruguay; carece de abogado, escribano e informáticos.

En marzo la Junta Anticorrupción debe recibir en la OEA un informe elaborado por misiones de Estados Unidos y Ecuador sobre la adaptación en Uruguay de las normas sobre corrupción. Los pasajes y diez días de estadía para participar de las reuniones previas y el plenario demandan unos US$ 4.000. Pero la presencia del presidente de la Junta, José Pedro Montero, está en duda porque no tiene dinero. "Es así de grave. No hay un peso. Saco los dólares para el viaje o los dejo por si se rompe una puerta o para comprar bombillas", lamentó Montero a El País.

Lo que la Junta Anticorrupción reclamó durante años y le fue concedido, lejos de ser una solución se ha convertido en un dolor de cabeza. Su transformación en un servicio descentralizado que ya no depende del Ministerio de Educación y Cultura, lo cual se ajusta a las formas institucionales necesarias para un organismo de esa naturaleza, no fue acompañada de medidas que la doten de recursos económicos y humanos. Así, la institución con ese pomposo nombre de "Anticorrupción", pierde día a día capacidad y presencia institucional.

La Junta tiene 19 funcionarios dependientes (14 de ellos pases en comisión). Al convertirse en servicio descentralizado perdió a dos, uno dedicado a las declaraciones juradas y otro a jurídica.

No tiene escribanos por lo que cuando necesita la intervención de uno se contrata de forma externa. Tenían previsto incorporar a una profesional mediante pase en comisión, pero perdía una compensación y desistió. Tampoco tiene abogados contratados. Tales funciones las asumen el presidente Montero y el vocal Carlos Soares de Lima, aunque como integrantes de un directorio no están para cumplir esas tareas. El organismo carece de un secretario general, por lo que todas las resoluciones deben ser firmadas por los tres miembros del directorio. Cuenta con una contadora, que además del trabajo que le corresponde, ha sido nombrada por el Tribunal de Cuentas como contadora delegada. A partir del 2 de enero la Junta debe recibir las declaraciones juradas de unos 50.000 funcionarios públicos por vía electrónica. Sin embargo, la Junta no tiene personal especializado en informática.

"Contratamos una empresa para este trabajo tan delicado y también para que nos arregle una impresora si se tranca", explicó Montero.

"Nadie quiere venir a la Junta. La oficina es muy linda, pero si no hay un complemento salarial nadie acepta. No tenemos nada para dar", sostuvo el presidente.

El Presupuesto para el próximo quinquenio no prevé aumento de recursos para la Junta, pese a que el total solicitado para funcionar durante esos años asciende a tan solo 18 millones de pesos (600.000 dólares).

"Pienso que dentro del Presupuesto Nacional cualquier otra oficina debe llevar esa suma. Con $ 18.000.000 trabajaríamos perfectamente y podríamos cumplir todas nuestras funciones", explicó Montero esta semana ante la comisión del Senado. Sin embargo, todo apunta a que la Junta no tendrá un peso de incremento.

En su presupuesto, la Junta solicitó la creación de seis cargos: un abogado especializado en Derecho penal, un escribano que sostenga las actividades notariales de la Junta, un especialista en Informática, un secretario general y dos funcionarios administrativos de apoyo. La partida era por 6.500.000 pesos.

Sin embargo, en el Parlamento no tuvieron eco los pedidos y la Junta perderá recursos con relación al actual período: contará tan solo con el 0,005% del Presupuesto Nacional.

En Uruguay el delito de enriquecimiento ilícito no existe, y cada vez que la Junta Anticorrupción se presenta en foros internacionales sobre la temática debe explicar el motivo. "Siempre nos preguntan lo mismo. Acá dicen que viola el principio de inocencia y la carga de la prueba, pero hay países que lo han redactado bien y no vulnera ningún derecho. Por ejemplo, en Argentina es constitucional", explicó Montero. El jerarca dijo que la Junta Anticorrupción fue creada sin facultades para investigar, lo cual es una debilidad. "Nosotros lo único que hacemos es recibir declaraciones juradas, damos los cursos y participamos de eventos internacionales que nos permiten actualizar las normas internas. En eso hemos sido exitosos. Pero en Argentina la Junta Anticorrupción puede abrir las declaraciones juradas e iniciar juicios. En Brasil se hacen sorteos. Se abren, se investigan, y si corresponde se presenta la denuncia penal. Si no se detecta nada se vuelve a cerrar el sobre. Es un buen elemento disuasivo. Pero nosotros no asumimos tareas de control. Somos netamente preventivos", indicó Montero. "La Junta se dedica a la recepción y administración de las declaraciones juradas de bienes (50.000 funcionarios públicos obligados), la información y el asesoramiento a la justicia penal y los cursos. Como órgano de prevención contra la corrupción, la Junta da cursos a los funcionarios públicos sobre normas de conducta. El crecimiento que ha tenido este rubro —en cuanto al número de funcionarios que asisten— ha sido exponencial, porque de 300 o 400 funcionarios que se capacitaban por año, pasamos a cerca de 2.000 a 2.500. Esto tiene mucha importancia", indicó el vicepresidente Luis Yarzábal ante la comisión de Presupuesto.

El control del EstadoGONZALO TERRA