SALUD

UdelaR tramitó 100 acciones de amparo durante 2017.

N. GONZÁLEZ KEUSSEIAN

Mara tiene 47 años, y al igual que otros siete pacientes que se asesoran en el Laboratorio de Casos Complejos en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, espera el fallo de la Justicia sobre si se le autorizará acceder a un medicamento de alto precio que necesita para vivir.

La cantidad de juicios de pacientes a distintas instituciones con el objetivo de que se revea la viabilidad de otorgarles los fármacos por no poder costearlos, aumentó en 2017 con respecto al año pasado. Según ese servicio universitario, este año se judicializaron 100 casos y en 2016 fueron apenas 50.

Del total de casos tramitados ante el Poder Judicial, en 38 se demandó al Ministerio de Salud Pública (MSP), en 29 al Fondo Nacional de Recursos (FNR), y en 32 casos se hizo a ambas instituciones. En solo uno se demandó a un prestador de salud privado.

Según datos de la Facultad de Derecho a los que accedió El País, "de los 93 fallos, en 37 casos se condenó al FNR y en 48 se condenó al Ministerio de Salud Pública, mientras que en 4 casos se condenó a ambos".

El coordinador del servicio de la UdelaR, Juan Ceretta, dijo a El País que este año se recibieron 180 consultas "con el objetivo de obtener por vía administrativa y/o judicial medicamentos o procedimientos no cubiertos por el sistema de salud". En 2016, los pedidos de medicamentos judicializados fueron apenas unos 80.

Ceretta indicó que los pedidos de fármacos no son para que se incorporen al formulario, sino para que se les entreguen especialmente a cada uno de los pacientes. A este procedimiento se lo denomina "petición concreta". Cuando la respuesta de una institución es negativa, es decir, rechaza otorgarle el medicamento al paciente, un grupo de abogados de la Facultad de Derecho inicia un proceso legal para entablar un juicio.

De los 100 juicios realizados este año, la Facultad de Derecho ganó 99. Existen otros juicios por vías que no son las que brinda la Udelar ya sea a través de estudios de abogados o defensores privados de los propios pacientes.

En los primeros cinco juicios que fueron ganados este año, los pacientes reclamaron el acceso a diferentes medicamentos: por ejemplo, al fármaco Cetuximab, un remedio que en el sector privado cuesta US$ 300.000 y que es indicado para pacientes con cáncer de colon. Según dijo Ceretta a El País, "por este medicamento venimos haciendo amparos desde el 2012; nunca se incluyó en el formulario porque el MSP entiende que es muy caro".

Por otro lado, es común que pacientes soliciten medicamentos para combatir la hepatitis C, la leucemia, y otros tipo de cáncer en sangre, la esclerosis múltiple, el cáncer de ovarios, el cáncer cerebral, el de prostata y el implante coclear para personas con sordera profunda.

Ceretta explicó que ya se presentaron 20 inconstitucionalidades ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y que hay seis casos con una sentencia de la Corte que declara la inconstitucionalidad, el resto espera por un fallo.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, confirmó a El País que el Fondo Nacional de Recursos evalúa incorporar tres nuevos medicamentos a la lista de remedios de alto costo, la mayoría para combatir enfermedades como el cáncer.

Desde la administración pasada, el MSP viene utilizando distintas estrategias con la finalidad de frenar los recursos de amparo. Hizo cursos para médicos en que se los alertaba de la judicialización de la medicina.

La entonces ministra y hoy presidenta de ASSE, Susana Muñiz, denunció a los laboratorios que tienen las patentes de los medicamentos caros "de pagar becas y vacaciones" a los médicos que los recetan.

Y, además, un día antes de dejar la cartera, la jerarca firmó una ordenanza con una lista de 16 fármacos que no iban a poder ingresar jamás al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM).

Uno de los incluidos fue el Cetuximab: por el que el MSP recibe la mayoría de juicios por drogas de alto costo.

Los abogados que se enfrentan al MSP, y los pacientes afectados, se quejan de que en muchos casos la cartera se niega a dar un medicamento alegando razones de costo-beneficio.