DEMANDA EN LA ÓRBITA CIVIL

Juicio millonario contra la Intendencia de Maldonado

Dueños de terrenos en la costa reclaman US$ 12 millones.

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Balneario Buenos Aires está localizado sobre ruta 10 y llamó la atención de inversores. R.Figueredo

Los propietarios de un predio sobre la faja costera del Este, a la altura del balneario Buenos Aires, citaron a conciliación a la Intendencia de Maldonado como paso previo a un juicio por daños y perjuicios por US$ 12 millones.

Los demandantes resolvieron iniciar las acciones en un juzgado civil de la capital fernandina al agotar los procedimientos administrativos ante la Intendencia para que esta emita las planillas del impuesto de Contribución Inmobiliaria.

Según la demanda, la Intendencia de Maldonado "emitió deuda de Contribución Inmobiliaria sobre dos padrones propiedad de la familia Sagredo desde 1938, sitos en la ribera del balneario Buenos Aires", explicó Federico Graglia, asesor legal de la familia propietaria.

Graglia sostuvo que durante la gestión del ex intendente Oscar de los Santos, la dirección de Asesoría Letrada, resolvió por sí suspender la emisión de la planilla de contribución inmobiliaria lo que impidió que sus clientes pudieran hacer pago a los tributos y tasas respectivas.

El predio en cuestión tiene una superficie de 25 hectáreas y se encuentra delimitado por el trazado de la Ruta 10 y el Océano Atlántico. En el mismo sector de la costa del departamento de Maldonado, a poca distancia, se encuentran al menos dos fraccionamientos similares cuyos propietarios tienen en venta sus terrenos. Graglia recordó que la administración del ex intendente Oscar de los Santos por la vía de los hechos, decidió que el citado predio "es de naturaleza pública" al suspender la emisión de la Contribución Inmobiliaria.

"Se procedió a la estatización mediante una expropiación de facto, desconociéndose el ordenamiento jurídico en forma flagrante", explicó Federico Graglia.

La posición de los propietarios se basa también en los pronunciamientos de notorios juristas, como el catedrático Augusto Durán y el propio Colegio de Escribanos, que "se ha pronunciado en forma contundente a favor del derecho de propiedad de la familia Segredo", indicó el representante legal de los demandantes.

"Tal actitud antijurídica, ocasiona como es evidente, daños y perjuicios, que son estimados en 12 millones de dólares, y además le impide a la Intendencia recaudar la contribución de esos inmuebles", enfatizó el abogado.

El contribuyente paga.

"En definitiva, una vez más el contribuyente de Maldonado va a terminar pagando, una cifra millonaria por decisiones políticas sin sustento jurídico tomadas en un una línea de pensamiento, de la anterior administración comunal", dijo Graglia.

Para él, "la solución del problema, y de estricta justicia, es que sencillamente se vuelva a emitir la Contribución Inmobiliaria, lo que no implicaría ningún costo para esta Administración del Intendente Antía", según entiende.

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