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Tras el juicio, empresarios insisten: hubo estafa en ALUR

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Pérez Morgan y Correa insisten en que hubo irregularidades en la construcción de la planta de etanol.
Nota a Gabriel Perez Morgan, empresario uruguayo representate de la empresa Serrana Bioenergia, ND 20140505, foto Leonardo Carreño - Archivo El Pais
Archivo El Pais

Los dos empresarios que desde 2012 sostienen que la planta de etanol que Ancap construyó en Paysandú, a través de Alur, tiene una "sobrefacturación monstruosa", y que fueron denunciados por la petrolera estatal y el vicepresidente Raúl Sendic por difamación, serán parte de la comisión investigadora de Ancap en el Senado.

Gabriel Pérez Morgan, un uruguayo radicado en Brasil, y Alfredo Correa aseguran que después del juicio, que fue archivado en julio por "falta de real malicia", están convencidos que no solo hubo "sobrefacturación" en la construcción de la planta sino que "fue una estafa". "Tenemos seguridad total", afirmó a El País Pérez Morgan.

Los empresarios presentarán al Parlamento documentación a la que accedieron en el juicio, desde las propuestas que recibieron Ancap y Alur de las empresas interesadas y las irregularidades que, a su juicio, hay en ellas, además de las preguntas que dejaron sin responder las autoridades en la sede.

"Todo eso hace suponer que es mucho peor de lo que pensábamos al principio. Las autoridades manejan cifras distintas todo el tiempo y dicen que todo ha sido claro y transparente. ¿Pero dónde están los documentos?", preguntó Correa.

Pérez Morgan cree que la Justicia no reparó en ello porque no era el objetivo del juicio — "nosotros éramos los denunciados por difamación", explica— aunque reconoce que pensó que el Ministerio Público podría haber actuado de oficio y pasarlo a Crimen Organizado.

Sin embargo, sostienen que "se sabrá la verdad" porque "las contradicciones están en ellos mismos". "El gobierno, la Justicia o la comisión investigadora del Parlamento deberían poner una auditoría independiente que diga adónde se fue la plata, como se hace en cualquier empresa del mundo".

Nuevos elementos.

Ancap y Alur presentaron ante el juez de 2° Turno, Pedro Salazar, un cuadro con las ocho empresas a las que se le entregó el llamado para construir la planta en Paysandú y las propuestas que presentaron siete de ellas.

Los empresarios se pusieron en contacto con la firma ICM, que figura en el listado, desde donde aseguraron que "nunca presentaron una oferta en Uruguay", según consta en un intercambio de mails que tuvieron con gerentes de ICM a los que tuvo acceso El País.

En el material presentado para el juicio por el gobierno se aclara en el "resumen de ofertas" que algunas cifras de ICM son "una estimación para una planta construida en USA porque la oferta no calificó".

Los empresarios afirman que, además, hay irregularidades en las propuestas de las empresas que entregaron en la sede. "Hay ofertas truchas", sentencia Pérez Morgan y justifica: "Hay dos, el proyecto de menor valor de la empresa Praj, y el de mayor de la firma De Smet, que son ridículas porque están firmados por la misma persona. Es raro que una misma persona trabaje en dos empresas distintas, una de Bélgica y otra de India".

Cuestionan también cómo llegan algunas firmas a los valores finales. "Hay una que cotiza por el traslado de los ingenieros a Uruguay US$10 millones. ¿Van a comprar el hotel en el que se van a alojar?", dice irónico Correa.

El proceso.

En 2010, Alur decidió construir una planta de etanol para producir 70 millones de litros por año. Se hizo el llamado, y en el medio del proceso Serrana Bioenergia, la empresa de Pérez Morgan y Correa, que ya habían presentado un proyecto similar a José Mujica cuando era ministro de Ganadería en el año 2006, intentaron sumarse a la puja con un proyecto con cifras inferiores pero fue rechazado. Desde ese entonces insisten en las irregularidades.

Aunque se manejaron varias cifras, las autoridades aseguraron en el juzgado y en el Parlamento que la planta demandó US$ 147 millones. Para los empresarios la planta vale US$ 40 millones.

"En eso estamos de acuerdo, por la documentación que presentaron todas las ofertas rondan esa cifra. Pero después inflan en los servicios hasta US$ 82 millones. Ahora de cómo llegan a los US$ 147 millones finales, no hay ningún registro", remató Pérez Morgan.

Una empresa y varios contratos.

Los empresarios Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa apuntan a la ganadora del llamado para la construcción de la planta de etanol en Paysandú: la española Abengoa.

"El servicio de ingeniería de Abengoa está cotizado US$ 6 millones e internacionalmente se cobra más o menos US$ 500.000. La parte de montaje también es cinco veces más cara", afirman.

Pérez Morgan y Correa fueron más allá y pusieron bajo la lupa los contratos que la firma tiene con el Estado uruguayo. "Llama la atención que Teyma/Abengoa gana todos los procesos acá en Uruguay. Falta que un ministerio pase a ser sede así eliminan la burocracia", sentenció Pérez Morgan.

Una de las últimas adjudicaciones que el gobierno le hizo a la empresa fueron las obras de saneamiento de la Ciudad de la Costa por US$ 13 millones, un proyecto que dirigirá Obras Sanitarias del Estado (OSE).

Además la empresa española tiene la terminal portuaria de Capurro, el Centro de Convenciones de Punta del Este, el Antel Arenas, será la responsable de la construcción, conservación y operación de un centro penitenciario de 50.000 m2 que se hará en Montevideo bajo el sistema de PPP, hizo la ampliación y remodelación de la planta potabilizadora de aguas corrientes, la línea de transmisión de Montevideo a San Carlos y los Parques Eólicos de Palmatir (Tacuarembó) y Cadonal (Flores).

Abengoa está atravesando una grave crisis financiera. Esta semana los bancos se negaron a refinanciar su deuda y solo en agosto las acciones cayeron un 30%.

QUÉ PASÓ EN EL JUZGADO.

Preguntas sin responder.

Según expedientes de las audiencias que tuvieron los empresarios Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa con el presidente de Alur, Leonardo De León, el vicepresidente Raúl Sendic y el asesor del directorio de Ancap, Germán Riet, hay varias preguntas que quedaron sin respuesta. "¿Qué propuesta concreta presentaron los dos finalistas, Abengoa y Elecnor?", cuestiona la defensa de los empresarios, y De León responde que "por asesoramiento de sus letrados patrocinantes no contesta". La misma respuesta se repite en "¿cuál era el alcance de la propuesta de servicios periféricos (obras de ingeniería que no estaban contratadas en lo que era la planta en sí misma) que ALUR había entregado a las dos empresas finalistas en agosto 2011?".

Las respuestas "curiosas".

La defensa de los empresarios plantea que en la oferta presentada por Abengoa en el área de Ingeniería y Servicios tiene un monto de 5,6 millones de dólares y pregunta a De León: "¿No le llamó la atención dicho monto por tal concepto siendo que el promedio que por ello se paga a nivel internacional es diez veces menor y que por ejemplo Praj cotizó ese mismo ítem a 800.000 dólares?" La respuesta del jerarca fue concisa: (...) "en el directorio analizamos las propuestas globales", se limitó a decir.

Los documentos que no se presentaron.

En las audiencias hay varios pasajes en los que la Justicia pide material que las autoridades dicen "considerarán" presentar. Según los empresarios, en la mayoría de los casos finalmente no los presentaron. Por ejemplo, no entregaron a la sede la oferta de las empresas finalistas para los servicios periféricos ni tampoco el informe técnico de por qué le habrían aconsejado a las autoridades que todo el proyecto sea realizado por la misma empresa y no a la que haya cotizado mejor en cada uno de los llamados.

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