Tribunal define si la Justicia local tiene competencia legal

Jueza quiere indagar lavado en la Conmebol

Dos de los señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los actos de corrupción de la FIFA, el vicepresidente del organismo Eugenio Figueredo, y el presidente de la empresa argentina Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, enfrentan una denuncia ante la justicia de crimen organizado en Uruguay por actos similares persuntamente cometidos en la Conmebol. 

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Francisco Casal.

Junto a ellos fueron denunciados el fallecido presidente de la AFA, Julio Grondona, y Eladio Rodríguez, socio de Burzaco.

La denuncia fue presentada a fines de 2013 por el abogado Jorge Barrera en representación de varios clubes pero luego solo fue ratificada por la Mutual Uruguaya de Fútbol. Solicita que se indaguen "los escándalos de corrupción que han trascendido en el ámbito de la FIFA" y se "realice el seguimiento de la ruta del dinero (de la Conmebol para) determinar quiénes fueron los que se beneficiaron indebidamente" y si con ello se configuró delito de lavado.

La denuncia afirmó que existe "una organización criminal que viene lucrando y perjudicando a la Conmebol, las federaciones, los clubes y los jugadores" de Uruguay.

Como parte de esa maniobra, afirma que las empresas Gol TV y Global Sports, propiedad del empresario Francisco Casal, vienen ofreciendo desde el año 2006 negocios a la Conmebol y a partir de 2008 la compra de los derechos de televisión de las copas Libertadores y Sudamericana.

Agrega que esas ofertas han sido rechazadas en beneficio de la empresa T&T Sports, dirigida por Burzaco y la que desde 1999 adquiere los derechos a un precio muy por debajo del que correspondería. El documento asegura que por ese desfasaje en los montos de los contratos entre los años 2015 a 2020 los clubes perderán de ganar unos US$ 433 millones.

Ese documento sugiere el cobro de sobornos de los que se beneficiaron Grondona y Figueredo. Figueredo designó como defensor a Gustavo Bordes, y Burzaco y Rodríguez a Pedro Montano. Las defensas plantearon que la justicia uruguaya no tiene competencia para actuar porque la sede de la Conmebol se encuentra en Asunción, Paraguay.

Pero la jueza Adriana De los Santos respondió en setiembre pasado que sí tiene competencia porque los delitos presuntamente cometidos tuvieron lugar en territorio nacional en perjuicio de los clubes y los futbolistas locales. La magistrada señaló que uno de los delitos denunciados es el de estafa, que es precedente del lavado de activos, figura para la cual la sede de crimen organizado está facultada a indagar según la ley.

Figueredo declaró ante la jueza de los Santos el 8 de octubre pasado. En ese momento Bordes apeló el fallo de la jueza.

El Tribunal de Apelaciones Penal de Tercer Turno definirá si la Justicia local es competente. A Burzaco y Rodríguez no se les permitió presentar defensor por lo que plantearon un recurso de queja por denegación de Justicia que está a estudio.

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