NEGOCIOS DEL ENTE EN LA MIRA

Jueza levanta secreto fiscal y bancario en caso Ancap

Afectará cuentas de políticos y de empresarios que contrataron con ALUR.

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El vicepresidente Sendic y el expresidente de Ancap, José Coya. Foto: Presidencia

El expediente judicial del caso Ancap comenzó a tomar velocidad. La jueza especializada en Crimen Organizado de 1° Turno, Beatriz Larrieu, autorizó el levantamiento de los secretos bancario y fiscal de todos los directores de Ancap y empresas que negociaron con el organismo entre los años 2005 y 2015.

El levantamiento de los secretos bancario y fiscal facilitará el trabajo de este equipo. La medida afectará cuentas de los expresidentes de la empresa estatal como el hoy intendente de Montevideo, Daniel Martínez y el actual vicepresidente, Raúl Sendic, entre otros.

El 19 de abril, los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular presentaron denuncias penales sobre eventuales casos de corrupción en Ancap. La mayoría de las denuncias apuntan a la gestión en Ancap de Raúl Sendic y otras a la de Daniel Martínez.

Una fuente del caso indicó a El País que el levantamiento de los secretos bancario y fiscal fue adoptada luego que quedó conformado un equipo multidisciplinario solicitado por la fiscal especializada en Crimen Organizado, María de los Ángeles Camiño.

Además abarcará las cuentas de integrantes del directorio del organismo en los últimos 15 años, gerentes generales y jerarcas de ALUR, empresa privada que produce biodiesel, bioetanol, alimento animal, energía y azúcar. El 91% de sus acciones pertenecen a Ancap, mientras que el 9 % restante responde a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Larrieu también solicitó el levantamiento de ambos secretos de todas las sociedades anónimas que concretaron negocios con Venezuela y Ecuador con la intermediación de ALUR

El abogado tributarista Carlos Dentone explicó a El País que el levantamiento del secreto fiscal y bancario implica acceder a todas los movimientos contables de sociedades anónimas y de personas físicas.

"El secreto bancario es una base del sistema financiero-bancario del país. Una jueza puede pedir el levantamiento fiscal si sospecha que se cometió delito", explicó Dentone.

En forma paralela, la jueza Larrieu solicitó a la actuaria información sobre si Ancap había enviado los organigramas de todos los directorios como lo solicitó la fiscal especializada en Crimen Organizado, María de los Ángeles Camiño. Dicho informe ya fue entregado al despacho de Larrieu.

Citaciones.

Ahora resta que el equipo multidisciplinario eleve a la magistrada su informe sobre las denuncias de la oposición para que comiencen las citaciones de exjerarcas de Ancap y de empresarios. Se estima que éstas se concretarán dentro de algunas semanas.

Los integrantes del oficialismo y de la oposición de los tres directorios de Ancap entre 2005 y 2015, y la mayoría del cuerpo gerencial del ente, forman parte de la lista que los denunciantes piden que sean citados a declarar. En la nómina figuran los integrantes de los tres directorios del período investigado.

El último del gobierno de José Mujica que encabezó José Coya, y que además integraban Germán Riet y Juan Gómez por el oficialismo, y Elena Baldoira (blanca) y Juan Máspoli (colorado) por la oposición. El que presidió Raúl Sendic, y del que también formaron parte Riet, Luis Eirea, Gerardo Triunfo y Aramis Latchinian hasta 2010, y Carlos Camy y Elena Baldoira (ambos blancos) y Juan Amaro y Juan Máspoli (colorados) hasta 2013. Y el directorio que lideró el actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y del que formaron parte Sendic y Riet. De ser citado, el vicepresidente ya adelantó que concurrirá a la sede penal.

El 21 de julio pasado, la fiscal Camiño dijo a El País que eventualmente comenzarán las citaciones después de que en la sede se sepa, con exactitud, los nombres de los jerarcas que dirigían Ancap cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Acusaciones.

El 19 de abril de este año, la Justicia de Crimen Organizado recibió las denuncias de los partidos de la oposición sobre la gestión de Ancap bajo gobiernos del Frente Amplio. Fueron presentadas 22 carpetas: seis por el Partidos Nacional; cuatro por el Partido Colorado; seis por el Partido Independiente y seis por Unidad Popular. La denuncia relativa a un presunto delito de infracción aduanera cometido por Ancap al no regularizar en el momento embarques de crudo y gas importados de África, podría ser derivada de la sede de Crimen Organizado a los juzgados de Aduanas.

En el capítulo sobre la agencia de publicidad La Diez, contratación cuestionada por la oposición, se pide investigar ese procedimiento en los documentos presentados por blancos, colorados y Unidad Popular. La carpeta sobre Trafigura, un negocio de intermediación entre Ancap, Petroecuador y la empresa holandesa cuestionada por corrupción, que le permitió a esta ganar decenas de millones de dólares, forma parte de la denuncia de blancos y Unidad Popular.

En cuanto al funcionamiento de las plantas de cal, los cuatro partidos de la oposición coinciden en que debe investigarse la contratación de camiones brasileños sin llamado a precios para llevar el producto desde Treinta y Tres a una central eléctrica en Candiota, Brasil.

Un quinto capítulo que piden investigar blancos, independientes y Unidad Popular es el contrato de Ancap con la Armada para la construcción de un remolcador y dos barcazas a un costo de US$ 12,5 millones.

Denuncian las capitalizaciones de ALUR S.A.

Las acusaciones de la oposición apuntan a ALUR, una de las empresas subsidiarias de Ancap. Unidad Popular presentó dos capítulos relacionadas con esta empresa privada. Al respecto incluyeron en su escrito la presunción de que una serie de capitalizaciones pudieron ser hechas al margen del ordenamiento legal. El otro capítulo tiene que ver con la construcción de la planta de bioetanol de Paysandú a cargo de la empresa Abengoa. La contratación de la radio de Quebracho, a la que se entregaron US$ 5.000 para publicidad cuando aún no salía al aire, debe ser investigada a juicio de colorados e independientes, lo mismo que las comisiones que cobró la agencia La Diez.

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