INDAGAN EN DOS JUZGADOS

Jueza investiga si el Pit-Cnt favoreció a dos estafadores

Justicia indagó sobre selección de empresa en Plan de Vivienda Sindical.

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Cheques: inversores denunciaron que les pidieron adelantos por US$ 300 mil. Foto: A. Colmegna

El expediente judicial sobre las estafas realizadas en el marco del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt tiene 1.100 folios. Allí se encuentran las cuatro denuncias presentadas por empresas constructoras, las que debieron entregar anticipos de dinero al gestor Milton Díaz para lograr contratos para edificar miles de casas.

También constan declaraciones de denunciantes referidas a las vinculaciones entre Díaz y el entonces presidente de la Comisión de Vivienda del Pit-Cnt, Eduardo Burgos, un militante comunista mano derecha del excoordinador de Pit-Cnt, Marcelo Abdala, hoy secretario general de la central.

El 13 de junio pasado, la jueza penal Graciela Eustachio procesó con prisión por reiteradas estafas al gestor e integrante de la empresa Vivamax, Milton Díaz, un exmilitante de izquierda. Con los anticipos de dinero que solicitaba, Díaz no adquirió terrenos para las viviendas, como se había comprometido con los inversores, y tampoco lo devolvió.

Con el procesamiento de Díaz se cerró la denuncia realizada por la empresaria de Rocha, Susana Nicodella, quien entregó cheques por US$ 300.000 para firmar un contrato de construcción de viviendas.

En el expediente judicial, al que tuvo acceso El País, consta que la empresa Vivamax, integrada por Díaz y Roberto Charlo —hoy fallecido— negociaba con empresas constructoras la edificación de más de 10.000 viviendas para trabajadores.

En esas tratativas, Díaz y Charlo mostraban un contrato que habían firmado con la Comisión de Vivienda Sindical del Pit-Cnt y el convenio rubricado entre la central y el Banco Hipotecario. En ocasiones, los gestores Díaz y Charlo mostraban a los interesados en una pantalla de computadora listas de ahorristas del Banco Hipotecario que integraban el Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt.

El procesamiento de Díaz es "la cabeza" del sumario. En esta etapa que se abre, la Justicia profundizará la investigación sobre otras tres denuncias de estafas cometidas a privados en el marco del Plan de Vivienda Sindical y pondrá la mira en el convenio firmado entre el Pit-Cnt y el BHU.

El País trató ayer de comunicarse infructuosamente con Juan Castillo y Marcelo Abdala, firmantes de ese convenio en nombre del Pit-Cnt.

Militante.

En una de las piezas del expediente constan los interrogatorios realizados por la jueza Fanny Canessa al excoordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo —hoy secretario general del Partido Comunista—, a Abdala y al expresidente del Banco Hipotecario, Jorge Polgar. En sus preguntas a Castillo, Canessa apuntó al convenio firmado entre el BHU y el Pit-Cnt y en el proceso de selección por parte de la central de la empresa Vivamax, la que se contactaba con los inversores en representación del Pit-Cnt. Es decir, trató de determinar si sindicalistas armaron el convenio "a medida" de Vivamax.

Jueza Canessa: Cuando firmaron el convenio con el Pit-Cnt, ¿ya tenían en vista a una persona, promotor, gestor?

Castillo: No. No había persona ni empresa en vista. Es una figura que comienza aparecer en los convenios (firmados por la central).

Canessa: Teniendo en cuenta la construcción de viviendas para miles de trabajadores, ¿podía la Comisión de Vivienda Sindical del Pit-Cnt efectuar un contrato con un particular (Vivamax integrada por Díaz y Charlo) sin el aval de la central de trabajadores?

Castillo: Creo que no podría.

Canessa: Si sabe quién es Milton Díaz.

Castillo: Sí. Es una persona que conocía de antes. Lo conocía de militancia en la izquierda en la década de los noventa. Es uno de los que presenta un proyecto de vivienda. Yo vi y lo vinculé con los compañeros que estaban trabajando dentro de la central en el tema. Me mostró un método novedoso de construcción prefabricado.

La jueza Canessa también indagó a Abdala sobre los alcances del convenio entre el BHU y el Pit-Cnt, la selección de Vivamax y las potestades de la Comisión de Vivienda de la central para contratar a los gestores.

Canessa: ¿Puede dar detalles del convenio que firmó con el Banco Hipotecario?

Abdala: Es un convenio marco entre el Pit-Cnt y el Banco Hipotecario. La intención era construir viviendas para trabajadores.

Canessa: ¿En este caso concreto podría la Comisión de Vivienda Sindical contratar al promotor que llevaría a cabo la construcción de las viviendas?

Abdala: Tratar con promotores privados y desarrollar acuerdos sí. No sabría si podría contratar.

Canessa: ¿Cómo se hace la selección de la empresa Vivamax?

Abdala: Eso no lo tengo claro. Sé que se presentó Vivamax ante la Comisión de Vivienda. También otras empresas. No sé cómo fue seleccionada.

Canessa: ¿Quién debía hacer esa selección?

Abdala: La Comisión de Vivienda. O hacer una selección primaria. Luego esto debió pasar por la firma del secretariado. Fue la autocrítica que nos hicimos.

Polgar también fue interrogado por Canessa sobre las características del convenio. La magistrada le preguntó si había acordado con el Pit-Cnt darle potestades de precalificar a trabajadores para el acceso al préstamo conferible por el banco. Polgar respondió en forma negativa. El acuerdo, dijo, establece que es el BHU el que califica a los ahorristas.

El plan de vivienda nació hace seis años.

El Plan de Vivienda Sindical nació en 2011 en el sindicato metalúrgico (Untmra) por el impulso del entonces coordinador del Pit-Cnt, Marcelo Abdala (PCU), hoy secretario general de la central obrera. Al frente del plan, Abdala designó a Eduardo Burgos, su mano derecha y también integrante del sindicato metalúrgico. Además fueron nombrados para trabajar en el plan otros dirigentes del PCU. Varias cooperativas se están construyendo en este momento gracias al programa, según el Pit-Cnt.

Empresaria reclama al Pit-Cnt una indemnización millonaria.

En una demanda civil presentada en 2014, la empresaria Susana Nicodella señala que, además del Pit-Cnt, el Ministerio de Vivienda es responsable "por omisión" de su deber de control, cuando permitió que autoridades de la central encargadas de la ejecución del Plan de Vivienda Sindical actuaran comercialmente en una "fragilidad jurídica" que "no garantizaba" la seguridad de los inversores perjudicados. Los acusados, señala el escrito, captaron capitales mediante "estrategias espurias" invocando el interés del gobierno para concretar sus propósitos que, en el caso de la demandante, no eran otros que conseguir cheques para descontar con prestamistas.

Esos cheques, señaló la empresaria, debieron ser destinados a la compra de terrenos donde se edificarían las casas para los trabajadores nucleados en el Plan de Vivienda Sindical. Su participación en dicho plan consistía en la construcción de 1.000 viviendas de un total de 15.000. La demandante, quien es propietaria de una barraca en Rocha, obtendría ganancias por aportar la mano de obra y la venta de materiales de construcción para 1.000 casas.

Nicodella reclamó al Pit-Cnt la pérdida de ganancia por manejo de mano de obra por US$ 750.000; pérdida de ganancias por la venta frustrada de materiales de construcción, US$ 1.500.000; por los cheques diferidos entregados se reclama el equivalente a su valor, US$ 300.000; por daños y perjuicios ocasionados a la empresaria, US$ 200.000, y por el daño moral causado, US$ 100.000. El reclamo totaliza US$ 2.850.000. "Extrañamente ni el señor (Fernando) Pereira ni el señor (Marcelo) Abdala han entablado acciones legales en contra de los verdaderos responsables (los gestores Milton Díaz y R.CH.M.) aunque los conocen", dice la demanda de la empresaria Susana Nicodella. En una conferencia de prensa, ambos dirigentes sindicales negaron conocer a los dos gestores mencionados.

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