Empresario tuvo acceso irregular a centro de comando del Aeropuerto.

El dueño de una empresa aeronáutica ingresó al centro de comando de Interpol, ubicado en el Aeropuerto de Carrasco, y accedió a información policial reservada sobre una persona que supuestamente lo había estafado en la refacción de una vivienda. Mediante la colaboración de policías "amigos", el empresario observó en la pantalla de una computadora datos confidenciales que solo se otorgan por orden de un juez.

Al ser indagado por la jueza penal Fanny Canessa, el empresario reconoció que poseía una empresa aeronáutica en el Aeropuerto de Carrasco, y agregó que concurrió al centro de comando de Interpol, ubicado en dicha terminal aérea, para conocer el prontuario de un constructor de casas que supuestamente lo había estafado. Allí policías le permitieron el ingreso a equipos informáticos en red donde accedió a la ficha de esa persona.

El empresario testificó ante la jueza Canessa que observó el prontuario del supuesto estafador y agregó que la pantalla de la computadora mostraba el historial de incidentes: víctima, apropiación indebida, estafa.

Al ser interrogado por la magistrada sobre la identidad del funcionario policial que le permitió el acceso a datos reservados de Interpol, el empresario respondió que no sabía su nombre, pero que le decían Bebo.

Agregó que este policía trabaja en la oficina de Interpol situada en la sala de embarque del aeropuerto de Carrasco, a la izquierda de donde se ubican efectivos de la Policía aérea.

El trasfondo de la filtración es un mero enfrentamiento entre dos particulares por la refacción de una casa. En febrero de 2017, el empresario y un constructor concretaron la firma de un contrato para la remodelación de una vivienda. Al poco tiempo el constructor abandonó la obra. El empresario comenzó a reclamarle los US$ 13.000 que le había adelantado por los trabajos. En una oportunidad, el constructor fue a la casa del empresario a pagarle US$ 1.000. Fue amenazado por éste y por otras dos personas que allí se encontraban. Las amenazas continuaron por teléfono.

El 12 de mayo de 2017 el empresario se dirigió a la casa del constructor acompañado por dos amigos. Abrieron la puerta de la casa del constructor y comenzaron a cargar en un tráiler herramientas, consolas, garrafas. El constructor le dijo a su esposa que llevara a su hijo de cuatro años a la casa de un vecino. Luego llamó a la Policía. Al llegar esta, el empresario fue detenido. Lo mismo ocurrió con sus acompañantes.

En el Juzgado, en forma insólita, el empresario señaló que quería saber si el constructor tenía antecedentes penales y que, por ello, se dirigió al centro de comando de Interpol ubicado en el Aeropuerto de Carrasco.

Al finalizar las indagatorias sobre las amenazas y la extracción de materiales del galpón del constructor, la jueza Canessa hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Perciaballe y procesó sin prisión al empresario por incurrir en un delito de violencia privada. Pese a que el fiscal no se pronunció sobre la filtración de datos de Interpol, Canessa decidió abrir una investigación sobre presuntas conductas irregulares o delictivas de funcionarios de Interpol.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y un grupo de periodistas presentaron un recurso para dejar sin efecto el decreto que sanciona como una "falta grave" la filtración de documentos. En un escrito presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los firmantes sostienen que el texto atenta contra la libertad de prensa y el derecho a informarse. El decreto, aprobado el 13 de febrero, "deja un antecedente muy grave", dijo Daniel Ochs, abogado que representa a los denunciantes. Según el abogado, "la reserva pasó a ser la regla, en lugar de ser la excepción, y eso entorpece la labor periodística".

EDUARDO BARRENECHE

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