La Suprema Corte pidió informes sobre las tareas cumplidas para aplicar quitas

Jueces y funcionarios tendrán descuento por paros distorsivos

La Suprema Corte de Justicia resolvió finalmente los descuentos que aplicará a los judiciales en conflicto. No serán solamente los actuarios los afectados. A magistrados y administrativos también se les aplicará descuentos salariales.

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La medidas de protesta han provocado un real atraso en tramitación de expedientes. Foto: M. Bonjour

Según tres resoluciones de la Suprema Corte firmadas el 27 de abril, los magistrados recibirán un descuento del 25% de los haberes por los días en que cumplieron medidas gremiales. En concreto, se les descontará el 25% de los días 26 de noviembre y 9, 10 y 11 de diciembre de 2014.

La Corte exige a los magistrados que entreguen una Declaración Jurada que de cuenta del acatamiento personal a las medidas de la Asociación de Magistrados. El descuento se les realizará en tres cuotas consecutivas.

Por su parte, los comprendidos en la Asociación de Funcionarios Judiciales también tendrán un descuento del 25% de sus haberes por los días no trabajados desde el inicio de las medidas, el 14 de noviembre, y hasta el 24 de diciembre. En este caso, el descuento se realizará en seis cuotas.

Finalmente, lo mayores afectados por el descuento serán los actuarios, debido a que este gremio es el que ha sido menos flexible con sus medidas de protesta. (Ver entrevista).

La Suprema Corte de Justicia solicitó informes a todos los jueces del país sobre las "tareas cumplidas y no cumplidas" por los actuarios y secretarios.

A estos se les descontará el 25% de los haberes desde el inicio de las medidas, el 17 de noviembre, y hasta el pasado 31 de marzo. Previamente se constatará qué funcionarios adhirieron pero se estima que son la gran mayoría.

A estos funcionarios se les aplicará el descuento en nueve cuotas. Además, se les descontará también los días no trabajados por paros y asambleas.

Los actuarios son quienes más firmes se han mantenido en sus medidas de protesta y los responsables, según las organizaciones de abogados, de los profundos atrasos que hoy experimenta la Justicia uruguaya.

Según lo resuelto en asamblea, no se realizan notificaciones ni citaciones, lo que frena todas las audiencias judiciales.

En los juicios en los que el Estado tiene algún interés no se hace ninguna actuación. En los casos de Aduanas se tramitan ocho expedientes por día y en los de la Central de Notificaciones de Montevideo se procesan 150 diarios.

El decreto 401/08 habilita al Poder Ejecutivo a descontarle a los funcionarios públicos las horas en las que aplican medidas distorsivas. El decreto fue promulgado durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez con el objetivo de hacer frente a las medidas distorsivas de los sindicatos del Estado que en ese momento habían instaurado la modalidad de presentarse a trabajar pero negarse a cumplir determinadas tareas.

Con esa normativa las autoridades de cada organismo quedaron facultadas a aplicar descuentos de acuerdo al daño realizado con las medidas sindicales.

Necesario.

En la Suprema Corte de Justicia no se evalúa todavía decretar la esencialidad de la labor judicial. Así lo confirmaron a El País fuentes de la Corte.

"No está sobre la mesa debido a que el servicio sigue funcionando", explicaron. Desde el gremio de actuarios, sin embargo, se maneja otra postura. Los actuarios sí creen que se maneja la posibilidad de un decreto de esencialidad.

La Justicia está casi paralizada por el conflicto. Según confirmó a El País el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Eugenio Xavier de Mello, preocupa el cuello de botella que se va a formar cuando los funcionarios levanten las medidas y comiencen a resolverse los casos hasta ahora pospuestos.

Esto se vio agravado por las medidas tomadas la pasada semana cuando la Asociación de Funcionarios judiciales decidió plegarse a las medidas de los actuarios y realizar un paro general de 24 horas (los actuarios pararon por 48). Los juzgados estuvieron prácticamente vacíos y los jueces solamente pudieron cumplir con las diligencias más urgentes.

La Suprema Corte de Justicia declaró que el día 29 de abril como día no hábil debido al paro.

La resolución, "en consideración la necesidad de brindar seguridad jurídica", implica que el 29 no se consideró como día hábil para los procesos. Sin embargo, esto sí implicó que más expedientes continuaran acumulándose. "Perjudican a la población, a la gente", dijo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro.

El titular de la cartera de Trabajo dijo que el gobierno dispuso que el diferendo sea tratado por tres ministros.

Recordó que se fijó una reunión con la Asociación de Actuarios pero que esta debió ser postergada por el Consejo de Ministros. Criticó que los actuarios no hayan aceptado fijar una nueva fecha.

El reclamo de los funcionarios surgió porque la ley de Presupuesto dispuso un aumento del 26% a los ministros de Estado, el que también incluía a los jueces, actuarios y defensores de oficio, "enganchados".

El presidente Tabaré Vázquez dijo que está manejando distintas posibilidades para cumplir con el aumento (26%) que reclaman los funcionarios. Esta opción sería comunicada este mismo mes.

Un fallo que obliga al Poder Ejecutivo a hacerse cargo del aumento fue apelado por la Suprema Corte de Justicia y será apelado también por los judiciales, que buscan una retroactividad mayor a la otorgada.

Proyectan un nuevo paro para el miércoles 13.


La Asociación de Funcionarios Judiciales realizarán otro paro parcial de actividades. La fecha prevista es el próximo 13 de mayo y coincidirá con la convocatoria a una asamblea general. Esta dará comienzo a las 15:00 horas, al igual que la paralización, en donde se discutirá, entre otras cosas, los avances en el actual conflicto. También se discutirán los avances sobre el llamado anticipado a elecciones dentro del gremio. La interna de la Asociación de Actuarios permanece tensa debido a entredichos surgidos tras un informe de la comisión Fiscal. Esta comisión y la del Fondo de Solidaridad renunciaron debido a que la directiva del gremio no aceptó un polémico informe que da cuenta de repetidas desprolijidades en los gastos en que incurrió la Asociación. Se habla, por ejemplo, de la falta de aportes al Banco de Previsión Social (BPS) de obreros que trabajaron en la colonia de vacaciones, gastos justificados en hojas de cuaderno y abultados viáticos sin autorización. La situación entorpece el tratamiento del conflicto con la Justicia.

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