Los jueces penales, que son los responsables de internar a los procesados con problemas psiquiátricos en el hospital Vilardebó, coinciden en que ese centro de salud no está capacitado para alojar a presos peligrosos, pero aseguran que es el único lugar al que los pueden derivar.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal dijo a El País que las autoridades del Vilardebó les pidieron que no deriven personas "con problemas de seguridad" y fue comunicado a los jueces.

"El tema es que los que se envían son los que no pueden estar ni en la cárcel ni en la calle. Ahí se los debe evaluar y luego ver qué se hace con ellos. Es el único lugar al que los podemos enviar", explicó Ruibal.

El juez Ricardo Míguez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, dijo a El País que frente a situaciones graves no pueden "dejar desprevenida a la población". El magistrado puso el ejemplo de un homicida que mató a su padre de un hachazo y después decía: "Él va a estar mejor. Esto era lo que él quería". "¿Y yo qué puedo hacer ante una situación como esta? ¿Adónde lo mando? Al Vilardebó en carácter de preso", señaló.

Los procesados que sufren graves alteraciones mentales, como la que relató el juez, son declarados inimputables y derivados al hospital Vilardebó para ser tratados por psiquiatras. Pero también son derivados al centro de salud presos imputables que en la cárcel tuvieron una alteración de la salud mental y un psiquiatra informa al juez que requieren internación.

Por último, son derivados consumidores de pasta base que sufren crisis agudas. Míguez explicó que en esos casos, se los deriva al Vilardebó para que los compensen y luego se les da el alta, con previo aviso a la familia y se ordena un seguimiento.

Los jueces derivan a los adictos amparados en la vieja ley del Psicópata, de 1936, que habilita la internación de personas que su vida corre riesgo, por disposición judicial o policial, y con la firma de dos médicos.

"No hay otra opción", dijo Míguez, quien sostuvo que es un tema "institucional del Poder Ejecutivo".

Por su parte, el juez Nelson Dos Santos dijo que los magistrados son conscientes del problema que existe en el Vilardebó y por eso él siempre pregunta si la persona a internar tiene mutualista, pero si se atiende en ASSE no queda otra que derivarlo al psiquiátrico.

Otro magistrado penal que pidió no ser nombrado, coincidió con sus colegas en que "no hay otra alternativa" aunque el Vilardebó no sea un hospital penitenciario.

Además, a fines del año pasado, la Suprema Corte envió una circular a los jueces en la que les advirtió que no pueden derivar a la Colonia Etchepare ni a Santín Carlos Rossi a presos, debido a que esos centros psiquiátricos no cuentan con celdarios, ni ninguna medida de seguridad. Por lo tanto, el Vilardebó sigue siendo la única opción.

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