La Asociación de Funcionarios judiciales decidió plegarse a las medidas de los actuarios y realizar un paro general de 24 horas. Los juzgados estarán hoy prácticamente vacíos y los jueces solamente podrán cumplir con las diligencias más urgentes.

Según dijo a El País el sindicalista Gustavo Signorelle, la idea es reforzar las medidas que hoy lleva adelante la Asociación de Actuarios del Uruguay, que decidió realizar un paro general martes y miércoles. Esto agrava la situación de atrasos que vive el sistema judicial debido a las medidas selectivas que llevan adelante los actuarios desde hace cuatro meses en reclamo de aumento salarial. "Con la Asociación de Funcionarios Judiciales venimos trabajando juntos", dijo a El País el dirigente del sindicato de los actuarios, Diego Pardo. "Se plegaron a nosotros para hacer una medida conjunta", agregó.

"Los juzgados no trabajan. Van a estar solo los jueces. Las urgencias se atienden por parte de los jueces", puntualizó.

Los únicos funcionarios que hoy se harán presentes en los juzgados serán los jueces, que deberán diligenciar partes policiales, accidentes de tránsito y todo lo urgente. Será difícil, sin embargo, que se realicen audiencias (ver entrevista).

"Perjudican a la población, a la gente", dijo por su parte ayer el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. El titular de la cartera de Trabajo dijo que el gobierno dispuso que el diferendo sea tratado por tres ministros.

Recordó que se fijó una reunión con la Asociación de Actuarios pero que esta debió ser postergada por el Consejo de Ministros. Criticó que los actuarios no hayan aceptado fijar una nueva fecha para este encuentro.

La Asociación de Actuarios solicitó en varias oportunidades una reunión con el presidente Tabaré Vázquez. Finalmente fueron recibidos por el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma. Este les transmitió que, a petición de Vázquez, el conflicto se debería resolver en la órbita del Ministerio de Trabajo.

La Suprema Corte de Justicia, en tanto, decidió realizar un descuento por "paro distorsivo" a los actuarios que se hayan adherido a las medidas.

"Se va a hacer el cálculo y se va a descontar en nueve cuotas mensuales y consecutivas", dijo a El País el ministro de la Corte, Ricardo Pérez Manrique. Será un descuento del 25% del salario desde noviembre a marzo.

Los actuarios, aclaró Pardo, presentaron un escrito a la Suprema Corte, reclamando que no se les descuente ese porcentaje completo de sus honorarios. Argumentan que en noviembre no realizaron las medidas durante todo el mes y luego llegó la Feria Judicial Mayor, en la que los expedientes quedan paralizados.

En asamblea, los actuarios definieron no realizar notificaciones ni citaciones, lo que frena todas las audiencias judiciales.

En los juicios en los que el Estado tiene algún interés no se hace ninguna actuación. En los casos de Aduanas se tramitan ocho expedientes por día y en los de la Central de Notificaciones de Montevideo se procesan 150 diarios. Hoy, sin embargo, la Justicia queda totalmente paralizada, salvo casos urgentes que los jueces puedan solventar.

Los funcionarios judiciales, en tanto, publicaron un comunicado dando cuenta de un traslado de tareas de los actuarios hacia los propios funcionarios judiciales.

"Esto genera fricciones entre afiliados a diferentes agremiaciones ya que las diligencias cometidas son percibidas como un socavamiento, por la vía de los hechos, de las medidas distorsivas adoptadas por el gremio de los actuarios", publicaron.

Según explicó Signorelle, en el Poder Judicial hay distintas formas de notificar. Una la tiene que firmar el actuario. Y como están aplicando las medidas, los jueces derivan este trabajo al aguacil. "Eso se puede hacer pero implica boicotear la medida de los actuarios", dijo.

"Se pidió a la Asociación de Magistrados del Uruguay que respetara la medida de los actuarios", aclaró.

La Asociación de Funcionarios Judiciales definirá si efectivamente apelará el fallo judicial que les otorgó un aumento salarial de 26% pero no con la retroactividad que exigían.

Los judiciales pedían retroactividad desde 2011 y barajaban un monto de 56 millones de dólares. Sin embargo, la Justicia condenó al Estado a pagar lo adeudado desde 2012, cuando los funcionarios presentaron el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que interpreta la Ley de Presupuesto. La Suprema Corte de Justicia ya apeló el fallo porque entiende que el aumento debería ser de 21,6% y no 26%.

El reclamo de los funcionarios surgió porque la ley de Presupuesto dispuso un aumento del 26% a los ministros de Estado, el que también incluía a los jueces, actuarios y defensores de oficio, "enganchados".

El representante de Maldonado de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Néstor Ferreira, renunció a su cargo en medio de un conflicto que caldea la interna del sindicato judicial. Pagos de jornales sin justificar ni aportes al BPS, abultados viáticos sin autorizar y compras sin factura son algunas de las irregularidades que llevaron a la Comisión Fiscal del sindicato a renunciar en pleno. Ferreira pertenecía a esta Comisión y por este desconocimiento decidió renunciar a la representación de su departamento. "Es mi decisión de dar un paso al costado por sentirme cuestionado en mi actuación en dicha Comisión", escribió. El informe que hizo estallar la interna de la Asociación de Judiciales da cuenta de una serie de "desprolijidades" que se repiten en las afectadas arcas del sindicato. El documento también detalla pagos de jornales realizados con recibos comunes sin fecha por trabajos realizados en la Colonia de Bello Horizonte, el local sindical y el hogar estudiantil. También una participación en el Foro Social Mundial en Porto Alegre que no fue autorizada.

—¿Cómo afecta la actividad en los juzgados los día de paralización?

—Generalmente, cuando hay paros con características como las de hoy se declara día no hábil. No se perjudican los plazos procesales y se trata de salvar los plazos de los casos.

—¿Se evaluó la posibilidad de decretar la esencialidad?

—Pensamos que no porque no son paros que impidan el funcionamiento del servicio en las sedes judiciales. Solamente lo distorsionan. La esencialidad no ha estado sobre la mesa.

—¿Qué juzgados mantienen una actividad normal a pesar de las medidas?

—Por lo que tenemos entendido, han funcionado con bastante normalidad los juzgados que tratan casos de violencia doméstica, los juzgados penales y de adolescentes infractores.

—¿Qué va a suceder cuando los funcionarios levanten las medidas?

—Cuando esto se regularice, indudablemente va a haber un primer momento en el que se va a registrar mucho trabajo. Va a ser complicado pero ha pasado otras veces y se ha salido adelante.

—¿Se les realizará un descuento de 25% a los actuarios?

—En función de ese informe (de todas las sedes penales del país) se realizará el descuento a las oficinas que realizaron el paro y no se descontará a aquellas que no adhirieron a la medida.

Sindicatos se aúnan para reforzar impacto de las paralizaciones en la JusticiaGABRIELA CORTIZAS