DEUDA NO PAGADA

Judiciales quieren negociar salarios

Los funcionarios judiciales confirmaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Rendición y anunciaron que buscarán negociar con el Ejecutivo para que se les adecuen sus salarios de acuerdo con esa disposición, para luego discutir el cobro de la retroactividad.

Asamblea de funcionarios judiciales. Foto: Archivo El País
Asamblea de funcionarios judiciales. Foto: Archivo El País

El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU), Richard Ascurrein, confirmó la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el artículo que habilita al Estado a posponer el pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales en su contra por montos mayores a US$ 10 millones.

Ascurrein adelantó además que los trabajadores trabajarán junto con el Pit-Cnt "para que se adecuen los salarios tal como está establecido (en la ley de 2010), ya que están congelados desde 2011, y a partir de ahí buscaremos conversar sobre el retroactivo".

"Lo que vamos a hacer entonces es primero presentar el reclamo de inconstitucionalidad y a partir de ahí las asambleas decidirán si se toma alguna medida. Lo que queremos es intentar llegar de una buena vez a adecuar los salarios a lo que corresponde", agregó.

La AFJU tiene un reclamo de larga data que a esta altura llega a US$ 70 millones. El reclamo surgió en 2010, cuando se aprobó un "enganche" entre los incrementos salariales de los ministros de Estado con los de la Suprema Corte de Justicia sin tomar en cuenta que todos los salarios del Poder Judicial tienen un sistema de enganche.

El Poder Ejecutivo se negó a pagar el aumento y se amparó en el artículo 733 del presupuesto quinquenal vigente de similar redacción al artículo 15 que ahora se quiere impugnar. Los judiciales recurrieron ese artículo y la Corte les dio la razón.

Ascurrein se quejó de que "sigue la incertidumbre y queda supeditada a la voluntad de un poder del Estado el cumplimiento de una sentencia".

"Eso es lo más grave, no solo por nuestro conflicto actual sino por lo que implica ante cualquier situación de reclamo al Estado. Esto afecta a cualquier funcionario o a cualquier persona que tenga un reclamo contra el Estado", dijo.

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