gobierno intimó desalojaR sede de la SCJ y ofreció nueva instancia a negociar

Judiciales ocuparon la SCJ; hoy es un día clave

El conflicto de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) se agravó luego de que los trabajadores considerarán insatisfactorias la propuestas presupuestales que ya les hizo el gobierno en dos ocasiones.

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Durante todo el día la sede de la SCJ fue tomada por funcionarios. Foto: Darwin Borrelli.

En esta línea fue que los sindicalistas decidieron ocupar durante todo el día de ayer la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la que tuvieron que desalojar a las nueve de la noche tras una intimación del Ministerio de Trabajo.

Una treintena de funcionarios judiciales dejaron pacíficamente el lugar, pero con el compromiso de que hoy a partir de las 9:30 se abriría nuevamente una mesa de negociación entre los ministerios de Economía, Trabajo, el Pit-Cnt y la Asociación de Funcionarios Judiciales. Igualmente, las medidas en las demás sedes judiciales del país seguirán adelante, indicaron a El País integrantes del sindicato.

Ayer por la tarde los trabajadores judiciales mantuvieron una reunión tripartita con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y con el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira.

"El Poder Ejecutivo no recogió ninguno de los puntos que nosotros planteamos el lunes en el Ministerio de Trabajo", aseguró a El País el presidente de AFJU, Carlos Fessler.

Fessler dijo que "lo que el Poder Ejecutivo planteo es dar una partida que no costea ninguno de los artículos presupuestales que venimos proponiendo y reivindicando. Nos ofrecieron una partida de $ 235 por funcionario judicial, esa es la propuesta que nos hacen. El total es 15 millones de pesos".

Fessler agregó que "ellos (por el gobierno) nos hicieron una propuesta que no contempló ningún punto del que nosotros estábamos pidiendo". Señaló que hubo un problema de cálculo del Ministerio de Economía, a la hora de presentar la oferta, que es la quinta parte de lo que el sindicato judicial exige. Los judiciales proponen ante las autoridades y los legisladores del Frente Amplio que se apruebe en la votación del Presupuesto Nacional "un artículo que por lo menos contemple la partida de $ 75 millones para el próximo quinquenio", aseguró Fessler.

Este monto supone un aumento que ronda entre los $ 1200 y $ 1300 por funcionario. De aprobarse, sería el artículo que supone menos dinero destinado al Poder Judicial de los que se han presentado por parte de los trabajadores.

El presidente de AFJU afirmó que "es inadmisible esta propuesta del ministro Murro, es muy insuficiente".

Por su parte, el ministro de Trabajo le pidió a los trabajadores un cuarto intermedio en las negociaciones para poder buscar un acercamiento a la propuesta que están haciendo.

Murro oficiará como intermediario del conflicto; se reunirá con asesores del Ministerio de Economía y con los senadores frenteamplistas de la Comisión de Presupuesto, para poder hacerle una nueva propuesta al sindicato judicial.

El margen para los senadores del Frente Amplio es escaso, el Presupuesto está prácticamente cerrado y no hay disponibilidad para redistribuir el volumen de recursos que los judiciales exigen. Quedará en manos del gremio la decisión de profundizar el conflicto.

Distorsiones.

El gobierno hizo una evaluación "preocupante" sobre las ocupaciones que está llevando adelante el sindicato judicial.

"Seguimos con el cronograma de paros y de ocupaciones que hemos establecido la semana pasada, eso se lo advertimos al ministro Murro cuando nos avisaron del desalojo. Hablamos por teléfono con él y le dijimos que las medidas en otros lugares iban a seguir adelante", indicó Fessler a El País.

Una de las posibilidades que se maneja por parte del sindicato es tomar otra sede judicial en Montevideo, que no implique a la Suprema Corte de Justicia que ya fue desalojada ayer por la noche.

En el interior del país hubo ocupaciones durante la jornada de ayer en sedes de los departamentos de San José y Durazno. Hoy se sumarán más departamentos a las medidas.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, había advertido ayer que si las negociaciones fracasaban, iba a solicitar al Ministerio del Interior el desalojo de los locales ocupados "como indica la Suprema Corte de Justicia". Al final, no hubo que llegar a tanto, los trabajadores dejaron el lugar pacíficamente.

Murro dijo que las ocupaciones "son medidas riesgosas". En este sentido advirtió que "puede haber un delincuente peligroso para ser juzgado y existen plazos para ello, pero puede quedar libre a raíz de la ocupación de un juzgado".

El ministro se mostró preocupado por la medida de las ocupaciones en todo el país y enfatizó: "eso es grave, no queremos ese tipo de cosas en Uruguay". Según Murro, el pasado martes, ante la ocupación del juzgado de Ciudad de la Costa, hubo que trasladar a otra dependencia a un delincuente que iba a ser procesado.

Fessler fue consultado sobre el desalojo de la Suprema Corte de Justicia, y si bien en horas de la tarde había advertido que "no va a ser bien visto que nos saquen cuando estamos negociando", aseguró en horas de la noche que "nos fuimos tranquilos porque a la misma vez nos invitaron a negociar, no fue que nos sacaron y nos dejaron sin nada".

Informáticos.

Como consecuencia del conflicto judicial, no se puede acceder a la consulta de expedientes judiciales a través de Internet ni se pueden comenzar trámites a través de la Oficina Distribuidora de Asuntos.

La Asociación de Informáticos Judiciales resolvió adoptar estas dos medidas que afectan directamente a los estudios jurídicos que hacen consultas de expedientes vía web.

En caso de que en el Presupuesto Nacional no existan recursos adicionales para el Poder Judicial, "se intensificarán las medidas" advirtió a El País el dirigente del sindicato, Néstor Piazza.

Suspenden el escrutinio por un conflicto.

La Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay se declaró en conflicto y suspendió el escrutinio de las elecciones para elegir a los representantes de los sindicatos en la ANEP. También se suspendió la entrega de constancias de votos y certificados en general. La medida es consecuencia del "incumplimiento del convenio firmado en el Ministerio de Trabajo entre el sindicato y la Corte Electoral. "Este convenio no está siendo incorporado en la ley de Presupuesto Nacional, actualmente en discusión en el Parlamento", sostuvo el sindicato en un comunicado que ayer hizo público.

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