La negociación no logró solucionar el conflicto, por lo que los funcionarios decidieron seguir ocupando, pero en la noche del miércoles fue desalojada la sede judicial. Mañana hay una nueva reunión.

La negociación entre el Ministerio de Trabajo, el Pit-Cnt y el sindicato de funcionarios del Poder Judicial no llegó a ningún resultado este miércoles, por lo que los funcionarios judiciales decidieron mantener el paro en el sector y la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), así como de otras sedes judiciales del interior del país.

Pero en la noche de este miércoles recibieron una intimación para desalojar la sede de la SCJ, lo que se hizo efectivo. Este jueves se realizará una nueva reunión entre las partes para encontrar una salida al conflicto.

Sin embargo se mantiene el cronograma de paro y ocupación de sedes judiciales en varias ciudades del interior del país.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, afirmó que las ocupaciones “son medidas riesgosas". "Puede haber un delincuente peligroso para ser juzgado y existen plazos para ello, pero puede quedar libre a raíz de la ocupación de un juzgado".

“Eso es grave, no queremos ese tipo de cosas en Uruguay”, aseguró.

Según Murro, el pasado martes ante la ocupación del juzgado de Ciudad de la Costa hubo que trasladar a otra dependencia a un delincuente que iba a ser procesado.

Ante esta situación, el presidente de la SCJ, Jorge Chediak, dijo a radio Monte Carlo que reconoce los reclamos de los funcionarios y que los mismos, que llevaron al conflicto de la Asociación, "son parte del proyecto de presupuesto" que se elevó al Parlamento desde la Corporación.

Chediak señaló que los funcionarios envían día a día al Ministerio de Trabajo  un cronograma de las ocupaciones.

El presidente de la SCJ criticó el hecho de que "no se ha concretado una continuación del diálogo" iniciado con el presidente Tabaré Vázquez luego de su asunción el pasado 1° de marzo.

Para destrabar el conflicto, los judiciales reclaman "la necesidad de que se tenga en cuenta la situación de funcionamiento del Poder Judicial, que al no asignarse recursos para los gastos de funcionamiento, esto supone que la actividad del organismo tenga dificultades desde el pago al personal de limpieza hasta la compra de hojas de impresión", según indicó esta semana a El País Carlos Fessler, presidente de Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU).

Por otra parte, plantean "el congelamiento salarial que existe en el sector desde el año 2010 y que va a ir hasta el 2021 si todo sigue así".

Como consecuencia del conflicto judicial, no se puede acceder a la consulta de expedientes a través de internet ni se pueden comenzar trámites a través de la Oficina Distribuidora de Asuntos.

La Asociación de Informáticos Judiciales resolvió adoptar estas dos medidas, pero analizará otras si en el Presupuesto Nacional a punto de ser aprobado, no se preveen recursos adicionales para el Poder Judicial, advirtió a El País el dirigente del sindicato Néstor Piazza. Cada día se ingresan a la oficina mencionada unos 300 asuntos.

"Compartimos la plataforma general de los trabajadores judiciales y pedimos la aprobación de dos artículos específicos para nosotros que no tienen costo", señaló.

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Los treinta y tres funcionarios judiciales agremiados en la ciudad de Durazno, ocuparon este miércoles las instalaciones de la sede central, donde funcionan los juzgados letrado, penal y civil (primer, segundo y tercer turno), cuyas puertas permanecen cerrados al público.

En la fachada del lugar fueron colocadas pancartas planteando las reivindicaciones salariales y una estatua viviente, con los ojos vendados, sostenía caída y otras veces levantada la balanza de la justicia.

“Es mentira que la justicia ‘tarda pero llega’, la justicia ‘si tarda no llega’, la justicia tiene que ser rápida, ágil y nosotros bregamos para que esto mejore su gestión", dijo a El País Eduardo Silveira, representante de los trabajadores judiciales del interior del país.

"Hemos informatizado todas las oficinas del Poder Judicial, hay un proyecto de ampliar la informatización para que la gente pueda iniciar trámites desde su propio estudio, consultar expedientes, digitalizar expedientes, salir del viejo expediente de papel; todo eso implica que en cada instancia presupuestal se puedan reforzar rubros para ir comprando e innovando equipamiento; eso ahora se congela y lo que hay se va a caer en pedazos. El Código de Procedimiento Penal requiere tener infraestructura para que esto funcione, en este caso el código va a quedar por el camino”, concluyó.

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