MEDIDA DE FUERZA

Judiciales harán ocupaciones sorpresivas por cobro de juicio

Reclaman pago de deuda de US$ 40 millones y designación de un fiscal.

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Los funcionarios judiciales amenazan con obstaculizar el inicio del CPP. Foto: F. Ponzetto

Las sedes de la Suprema Corte de Justicia, tribunales de apelaciones y juzgados penales serán ocupadas, en forma sorpresiva, por el gremio de funcionarios judiciales a partir del próximo lunes.

La medida se realizará por el incumplimiento del gobierno a pagar una deuda laboral de US$ 40 millones y en rechazo a una supuesta omisión del Poder Ejecutivo en designar a un fiscal que intervenga en una acción de inconstitucionalidad promovida por funcionarios judiciales contra el artículo 733 de la Ley de Presupuesto.

Esta norma condiciona el pago de las sentencias judiciales ejecutoriadas a la disponibilidad de recursos y a futuras instancias presupuestales. El gobierno debe pagar a 3.800 judiciales una deuda laboral que ronda los US$ 40 millones. El incumplimiento se arrastra desde 2012.

En la mañana del próximo lunes, el sindicato indicará a los funcionarios afiliados el lugar de ocupación con el objetivo de evitar que la Policía pueda neutralizar la medida, indicaron a El País fuentes judiciales.

Consultado por El País el dirigente del sindicato de funcionarios judiciales, Sandino Schiavone, confirmó que ocuparán lugares "emblemáticos" del Poder Judicial. "Esta medida se adopta porque en el juicio nuestro de inconstitucionalidad (contra el artículo 733), el gobierno no ha designado fiscales", dijo Schiavone.

Esta semana, el gremio se concentró frente a Presidencia de la República en reclamo de que el gobierno procediera a la designación de un fiscal.

Schiavone recordó que el sindicato cuenta con una sentencia ejecutoriada a su favor y advirtió que, por ello, el gobierno debe pagar una deuda laboral millonaria.

Schiavone se refirió a un reclamo contra el artículo 733 realizado por funcionarios de Salud Pública. La Suprema Corte falló a su favor. "Ya hay una sentencia de inconstitucionalidad contra el artículo 733 que consideramos muy importante. Pero varios fiscales se recusaron y, por ello, no avanza nuestra acción contra dicha norma", dijo el gremialista.

Al sindicato de funcionarios judiciales también le genera inquietud el artículo 15 del proyecto de ley de la Rendición de Cuentas. Dicha norma señala: "El Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible, cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales, o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, salvo que ello afecte la atención de los servicios a su cargo. En este último caso, el Poder Ejecutivo quedará eximido de los plazos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en otras normas legales."

Schiavone calificó esa norma como "otro disparate" y advirtió que era posible que este artículo también tuviera visos de inconstitucionalidad. "Pero todavía no tenemos una definición estudiada. Los primeros análisis que hicimos son negativos", explicó.

El 16 de marzo, el secretario general del sindicato, Eduardo Silveira, dijo que en el gremio se comienza a analizar la posibilidad de afectar la aplicación del Código de Proceso Penal (CPP). La anterior propuesta del gobierno fue rechazada "contundentemente" por el sindicato que ahora pide el aumento ya del 21,6% y se aviene a discutir formas de financiar el pago de la deuda generada por la no aplicación del incremento anterior, explicó.

Gobierno rechazó críticas del gremio.

Un comunicado de la secretaría de comunicación de Presidencia de la República rechazó la acusación del gremio judicial de que el Poder Ejecutivo tranca una acción de inconstitucional presentada por el sindicato al no nombrar un fiscal. El comunicado, firmado por el secretario Miguel Toma, lamenta que los integrantes del sindicato no se hayan avenido a la propuesta del Ejecutivo para poner fin al diferendo salarial que se arrastra desde 2012. La deuda se generó cuando la administración del expresidente José Mujica aprobó un aumento salarial para los ministros de Estado, que, por ley, termina estableciendo también las retribuciones de los funcionarios judiciales en un porcentaje de aquellos.

Presidencia "rechaza la imputación de que es objeto; se está actuando en el trámite con visible celeridad".

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