Denuncian demora en el análisis de inconstitucionalidad.

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay decidió ayer en asamblea redoblar la presión para que el gobierno finalmente pague el "enganche" salarial aprobado durante la anterior administración. También insistirá en que el gobierno debe designar un fiscal para que entienda en la acción de inconstitucionalidad que el sindicato presentó contra el artículo 733 de la Rendición de Cuentas que condiciona los pagos a la disponibilidad de recursos. La designación de un fiscal está pendiente desde noviembre del año pasado.

El sindicato se concentrará el lunes a las 8:30 frente al Cuartel de Blandengues donde se realizará el Consejo de Ministros. El jueves 15 habrá un paro parcial a nivel nacional con una concentración en la Plaza Independencia.

La comisión directiva del sindicato decidió enviar todas las semanas a los parlamentarios correos electrónicos solicitando la adecuación salarial y al fiscal de Corte, Jorge Díaz, el pedido de que designe a un fiscal para que se expida sobre la acción de inconstitucionalidad.

Entre el 22 y el 30 de junio habrá ocupaciones sorpresivas en diferentes oficinas del país y la asamblea decidió facultar a su Consejo Ejecutivo a decidir paros de 72 horas "si las circunstancias lo ameritan".

El gremio calcula que a esta altura la deuda acumulada es de US$ 60 millones y que la actualización salarial del 13,5% que reclaman implicaría otros US$ 20,5 millones. Durante el anterior gobierno se aprobó, sin que el oficialismo lo advirtiera, el "enganche" de los salarios de los funcionarios judiciales con los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los de Estado. El sindicato tiene a su favor un fallo de la Suprema Corte de Justicia, pero el gobierno no ha accedido hasta ahora a pagar la totalidad de lo que correspondería por el "enganche".

En una muy concurrida asamblea, el sindicato rechazó en marzo una propuesta de pago del Poder Ejecutivo y desde entonces el diálogo no avanzó. El presidente Tabaré Vázquez exhortó públicamente a los funcionarios judiciales a aceptar la propuesta de pago hecha por el gobierno.

El fiscal Leonardo Morales ya consideró que tienen razón los alrededor de 400 funcionarios judiciales que recurrieron por inconstitucional el artículo 733 de la Ley de Presupuesto. Pero todavía está pendiente una decisión sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaron otros 3500 trabajadores reunidos en el sindicato judicial y en el de actuarios.

El sindicato había decidido que los trabajadores no participaran en los cursos de capacitación para la puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal, pero esta medida ha tenido un acatamiento muy dispar. El gremio también decidió no tramitar asuntos de contenido patrimonial donde el Estado sea actor.

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