DIFERENDO SALARIAL

Judiciales acusan al gobierno de dilatorias

Exigen por nota que nombre fiscal que estudie su recurso.

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El gobierno tiene un dolor de cabeza con el conflicto judicial. Foto: Marcelo Bonjour

La dura batalla entre el sindicato judicial y el gobierno continúa y hoy tendrá un nuevo capítulo. El gremio presentará hoy una nota ante el Ministerio de Educación y Cultura y la Presidencia reclamando que se designe finalmente un fiscal que entienda en el reclamo de inconstitucionalidad presentado contra el artículo del presupuesto que condiciona el pago de una ya vieja deuda del Estado con los trabajadores judiciales a la disponibilidad de fondos.

A su vez, a partir de ayer y en forma electrónica los trabajadores afiliados al sindicato que lo deseen pueden denunciar la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los abogados del sindicato ya presentaron, también vía electrónica, una fundamentación de los motivos de la denuncia.

El artículo 733 del presupuesto condiciona el pago de las sentencias judiciales ejecutoriadas a la disponibilidad de recursos y a futuras instancias presupuestales.

Los trabajadores judiciales tienen a su favor una sentencia que condenó al Estado a pagar la deuda generada por la aprobación de la ley que "enganchó" los incrementos de los trabajadores judiciales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia a los de los ministros de Estado. Esa norma fue aprobada durante la anterior legislatura.

Eduardo Silveira, secretario general del sindicato judicial, dijo a El País que el artículo "fue una forma de dilatar en el tiempo una solución" por lo que el sindicato planteó una acción de inconstitucionalidad el año pasado. Pero su análisis no ha comenzado porque cinco fiscales se excusaron de entender en el asunto.

"Presidencia no procede a la designación del fiscal. El expediente está en Presidencia, que claramente está dilatando el tema; no designa el fiscal y el tiempo sigue pasando", se quejó Silveira. El gremio cree que debería designarse aunque sea por sorteo a un fiscal y advierte que "es un tema que tiene que dirimirse en la Justicia, no en la Presidencia de la República.

"El expediente ni está a estudio. Está en Presidencia de la República en poder de una de las partes, el Poder Ejecutivo, que nos adeuda el dinero. La verdad es que nos parece un disparate", señaló Silveira.

Él entiende que el artículo 733 va en contra del principio de igualdad. En la misma situación que el Estado, un privado debería pagar sí o sí, dijo.

El dirigente judicial reconoció que la decisión que eventualmente tome la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no será vinculante y demandará mucho tiempo.

El sindicato le pidió al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que el Ejecutivo actualice los salarios en un 21,6% y se mostró dispuesto a negociar la forma en que se pagarían las obligaciones generadas desde el momento en que se aprobó el "enganche".

Pero Murro dijo que si el sindicato recurría a instancias internacionales como la CIDH eso podía complicar la búsqueda de soluciones. Se comprometió a entregar una respuesta al sindicato a corto plazo.

El gremio entiende que el Estado tiene con los funcionarios judiciales una deuda desde diciembre de 2012 que a esta altura es de US$ 40 millones y que crece día a día.

El gobierno había presentado una propuesta que suponía el pago durante tres años a 5.000 funcionarios. Había propuesto pagar un 15,76% de lo adeudado retroactivo a diciembre de 2012 en lugar del 21,06% que surge de la liquidación original. A su vez, en cuanto a la deuda generada desde el 23 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre pasado —que suma unos US$ 35 millones— había propuesto pagar 70% del monto total. Sin embargo, una asamblea sindical realizada el mes pasado rechazó por 1.543 votos contra 589 la propuesta del gobierno. Tampoco los actuarios han llegado a un acuerdo con el Ejecutivo aunque sí lo hicieron los jueces, los fiscales, los defensores de oficio y los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que suscribieron un acuerdo con el gobierno en diciembre pasado.

Ahora el sindicato judicial analiza tomar medidas que dificulten la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal prevista para este año.

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