En el Estado uruguayo hay más mujeres (52%) que hombres (48%). Pero en algunos organismos la relación es de casi tres a uno. Es el caso del Poder Judicial, donde el 70% de sus funcionarios son mujeres, una proporción similar a la que hay en otras áreas del Estado, como en los organismos de contralor, la educación y la salud pública.

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La División Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) acaba de publicar una radiografía de sus funcionarios públicos. En el Poder Judicial trabajan 4.865 personas —13,7% más que hace una década—, poco más de la mitad (53%) están concentrados en Montevideo; y el promedio de edad está en el rango de entre 45 y 49 años, de hecho más del 65% tiene más de 40 años.

En un país altamente envejecido como Uruguay, no debería llamar la atención. Sin embargo, en el Poder Judicial el promedio de edad de sus funcionarios está por encima del que presenta la Población Económicamente Activa (PEA), que mide la edad de las personas en edad de trabajar entre los 14 y 65 años. El promedio de edad de la PEA en Uruguay es de 37 años. Si se toma en cuenta la PEA en el tramo de edad de 20 a 70, el promedio es de 42 años. Es decir, el rango de edad de los funcionarios del Poder Judicial está por encima (45-49 años).

La SCJ ha planteado la necesidad de contratar nuevos funcionarios, en particular jueces penales a partir del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que entrará en vigencia el 1° de enero de 2017.

El domingo, el presidente de la SCJ, Jorge Chediak, habló de esta situación. "El número de jueces que hay que tener para aplicar el Código es otro problema importante tanto para la Fiscalía de Corte, en el caso de los fiscales, como para la Suprema Corte de Justicia en el caso de los jueces, porque tenemos una escuela judicial que todos los años hace llamados públicos a interesados a ingresar a la carrera judicial y, en general, las generaciones de quienes se presentan y aprueban no son más de 20 por año, y eso a duras penas nos permite el recambio generacional".

Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, dijo a El País que el informe servirá de insumo para analizar la situación de los funcionarios del Poder Judicial. Según el informe, el plantel de funcionarios ha crecido paulatinamente entre 2004 y septiembre de 2014, pasando de 4.248 a 4.865.

Distribuidos por área geográfica, 2.569 (53%) están en Montevideo y 2.296 (47%) en el resto del país.

En cuanto a la distribución por escalafón según área geográfica, los números no difieren en demasía: existen 230 magistrados en Montevideo y 263 en el interior. Por su parte, en Montevideo e interior, respectivamente, se constatan los siguientes índices: 443 profesionales contra 341; tres semitécnicos en la capital pero ninguno en el interior; 111 especializados y 10 en el interior, 1.306 administrativos contra 1.320; los auxiliares ascienden a 260 y alcanzan los 221 en el interior; los integrantes de la defensa pública son 152 en la capital y disminuyen a 141 en el interior. Asimismo existen tres cargos de confianza en Montevideo y 61 informáticos, pero no se registra ninguno de ambos escalafones en el interior del país.

Con respecto al número de funcionarios por departamento, se distribuyen de la siguiente manera: Artigas tiene 90; Canelones 472; Cerro Largo 103, Colonia 152, Durazno 70, Flores 30 y Florida 65. Por su parte Lavalleja solo tiene 77, Maldonado 215, Montevideo 2569, Paysandú 129, Río Negro 76, Rivera 99 y Rocha 1133. Finalmente los funcionarios en Salto ascienden a 132; son 109 en San José, mientras que Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres tienen 106, 110 y 63, respectivamente. Hay 85 cuyo lugar de trabajo no se puede individualizar y que pertenecen a la medicina forense suplente.

En términos porcentuales, todos los departamentos se ubican entre un 1% un 4%, a excepción de Montevideo que tiene el 52,81% del funcionariado y Canelones cuyo guarismo asciende a 9,70%.

En cuanto a la distribución por género, existe un claro predominio de mujeres sobre hombres en toda la plantilla de funcionarios. El caso más paradigmático es quizás Montevideo, donde trabajan 1.769 mujeres y 800 hombres.

En cuanto a la cantidad de funcionarios por escalafón existen en total 493 magistrados, 784 profesionales, tres semitécnicos, 121 especializados, 2.626 administrativos, 481 auxiliares, 293 defensores públicos, tres cargos de confianza y 61 informáticos. En este sentido, los administrativos representan el 53% del total, mientras que los magistrados representan un 10,13% y los defensores públicos un 6,02%.

En cuanto a la distribución por edad, la franja etaria ubicada entre los 50 y 54 años alcanza al 14,0% del total, mientras que las ubicadas entre 35 y 39 años y 55-59 alcanzan el 13,7 y 13,8%, respectivamente.

La mayoría de los magistrados se encuentra en las franjas etaria más altas —más de 50 años— mientras que en el caso de los administrativos esto comienza a descender a partir de la franja ubicada en los 55 a 59 años.

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Uruguay es el país de América Latina donde más confianza hay en el sistema judicial. Entre las Américas, está segundo detrás de Canadá, según la última edición del Barómetro de las Américas (Proyecto de Opinión Pública de América Latina, Lapop), publicado por Infobae y que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) divulgó esta semana. Canadá lidera el ranking, con 58,3% de confianza, seguido por Uruguay con 54,1%. En tercer lugar está Costa Rica, con 53% y cuarto Estados Unidos, con 52,3%.

Paraguay es el peor país en cuanto a la confianza ciudadana en el sistema judicial (32,7%). El segundo peor ubicado es Perú, con 35,5%, y el tercero Ecuador, con 38,6%. Luego vienen Haití (39,6), Bolivia (40,4), Argentina (41,1), Venezuela (41,9), Trinidad y Tobago (42,6), Chile (44,1), Guatemala (44,4). El rasgo común en la mayoría de estos países es la debilidad institucional. En casi todos primó en las últimas décadas la inestabilidad política, marcada por cambios bruscos entre un gobierno y otro. El otro aspecto común en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, es que sus gobiernos intentaron avanzar sobre el control del Poder Judicial.

El proyecto de Código Penal a estudio de la Cámara de Representantes, por el que se renuevan normas de 1934, fue votado nuevamente en la comisión y la próxima semana será enviado a estudio del plenario por segunda vez.

La iniciativa, en la que alguna vez estuvo interesado el Poder Ejecutivo, estaba para discutirse en sala el 29 de diciembre. Pero el Frente Amplio solicitó 30 días para hacerle varias enmiendas. Transcurrido ese plazo, el 29 de enero, no se presentó ninguna alternativa por parte de los legisladores del oficialismo.

Así, el presidente de la comisión, el nacionalista Gustavo Borsari convocó ayer a una reunión para ver cómo seguir con el tema. Asistieron los nacionalistas Borsari y Pablo Iturralde, los colorados Gustavo Cersósimo y Fitzgerald Cantero, y por el Frente Amplio solamente el diputado Gonzalo Mujica.

En la reunión, Borsari subrayó que "es imperioso votarlo", en referencia al proyecto. Iturralde lo apoyó diciendo que el Partido Nacional "lo quiere votar" como está, lo mismo que los diputados colorados.

Cuando se pidió su opinión Mujica dijo que el Frente lo iba a trabajar "en los próximos meses", dando a entender que no hay intención de aprobarlo en la actual Legislatura, que finalizará el 15.

Finalmente se votó y quedó aprobado por 4 votos en 5. De los miembros frenteamplistas en la comisión faltaron ayer Daisy Tourné, Jorge Orrico, Felipe Michelini y Eduardo Brenta.

La semana próxima habrá sesiones de Diputados, y es posible que el proyecto vaya a sala, aunque no se aprobará.

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