Camila Durán tiene 20 años, es ciega y quiere ser traductora pública, pero se enfrenta a una traba importante: en la Facultad de Derecho sostienen que la ceguera le impide ejercer esa profesión.

Tras dos años de idas y vueltas y de llevar su caso hasta la Institución de Derechos Humanos y la Unión Nacional de Ciegos (UNCU), en marzo dará la prueba de ingreso a esa carrera.

Si logra pasar esta etapa hay un tema de fondo y es si Camila podrá o no ejercer como traductora pública. El decano de Derecho y la coordinadora de la carrera consideran que no, ya que no puede dar "fe pública" de los documentos, pero la UNCU sostiene que sí.

"No es un caso de discriminación sino de incompatibilidad de ejercer la profesión", dice la coordinadora de la carrera de Traductorado, Sara Álvarez, quien es contraria al ingreso de Camila.

"En los traductores públicos el sentido de la vista es importante; estos profesionales deben constatar si hay sellos, si es ilegible o no un documento y si hay firmas, y al día de hoy no hay máquinas que puedan transmitir eso", sostiene Gonzalo Uriarte, decano de la Facultad de Derecho (de la que depende esta carrera).

Sin embargo, Hugo DAvenia, de la Unión Nacional de Ciegos, afirma que "con los sistemas de accesibilidad que tenemos hoy, no hay problema en cursar esta carrera y ejercer. Está todo en la capacidad de la persona que hace el curso". Acota que "puede haber limitaciones pero hay recursos tecnológicos y hay que buscarle la vuelta antes que decir que no se puede hacer".

Hace tres años que Camila está por ingresar a la carrera. "Cuando estaba por terminar 6° de liceo dijimos en casa de llamar a la facultad para saber cómo había que hacer para anotarse. Mi madre llamó, habló con la encargada de Traductorado y le dijo que no, que ya habían tenido problema con un chiquilín ciego y que entendía que no podía hacer la carrera una persona con discapacidad", relata.

"Ni ciego, ni mudo, ni sordo, ni tartamudo, dijo en la charla; pero ningún requisito advierte eso", recordó Alejandra Vera, madre de Camila.

"La encargada dijo que cómo va a hacer para leer un documento, y nosotros le explicamos que igual que lee todo: lo scanea, lo pasa a una computadora y mediante un programa de audio lo lee", indicó.

"Se ve que la carrera no está muy adaptada a las nuevas tecnologías", agrega Camila.

"Esa primera vez dijeron que no. Mi madre se iba a quedar con eso y yo iba a quedar frustrada. Pero luego me vio llorar, al no saber qué iba a hacer porque no tenía un segundo plan", dice Camila. Era el año 2012. La madre habló con la entonces decana de Derecho, Dora Bagdassarian, quien le sugirió que presentara una carta para que le permitieran dar el examen de ingreso. En febrero de 2013, ya se había votado en la facultad que Camila podía anotarse, pero nadie le avisó, aunque madre e hija iban a la facultad cada tanto a averiguar y enviaron correos electrónicos que no tuvieron respuesta.

En febrero de 2014, insistieron y la llamaron de la facultad una semana antes de la prueba de admisión para comunicarle que podía presentarse. Camila decidió no dar la prueba, ya que una semana era muy poco tiempo para prepararla, pero desde junio del año pasado se prepara para la de este año. Durante todo este proceso se contactaron con la Institución de Derechos Humanos y la UNCU. Ambas instituciones mantuvieron contactos con el decano de la Facultad de Derecho, que les comunicó que Camila está habilitada a dar la prueba de ingreso.

Ante las trabas que enfrentaron, sus padres le insistieron a Camila que no necesitaba hacer esta carrera y querían que desistiera, pero ella está decidida a intentarlo.

Uriarte dice que en 2013 el Consejo de la Facultad de Derecho aprobó que Camila diera el examen de ingreso, pero hubo problemas de notificación por lo que ella decidió no darlo en 2014 y lo dará este año. Afirma que tendrá "el máximo de garantías". El decano añade que "el tema de fondo es si puede o no ejercer" y recuerda la prohibición expresa en la norma legal que rige a los escribanos.

Reconoce que "las prohibiciones por lo general son de interpretación estricta y no por analogía", pero "la dificultad existe" y depende incluso de los adelantos técnicos", aunque al presente "no hay máquinas que puedan leer una partida extranjera manuscrita de mucho años y la lectura por otra persona implica delegar lo que es connatural a la función".

En tanto, la coordinadora de Traductorado dice que este, "de ningún manera", es un caso de discriminación y siente como un agravio que se diga eso.

"Estoy afligida y me da lástima. Es el respeto a la ceguera de la chica lo que me lleva a decirle que elija otra profesión, pero no escribana ni traductora pública", sostiene Álvarez.

Contó que décadas atrás, un muchacho ciego hizo los dos primeros años de la carrera, "quiso hacer el tercero pero fue lastimoso; es exponer a un chico a que pase por eso. Como madre entiendo muchas cosas pero es empujarla a estudiar algo que luego no puede ejercer", señaló.

"Los traductores públicos igual que los escribanos, son las únicas profesiones que no admiten ciegos, porque somos depositarios de fe pública", resaltó. Hasta que la tecnología lo permita, el ciego está imposibilitado", concluye Álvarez.

Según los datos obtenidos en el VII Censo de Estudiantes Universitarios de Grado en 2012, realizado por la Dirección General de Planeamiento de la Universidad de la República (Udelar), el 1,3% de los estudiantes considera presentar alguna discapacidad. Por sexos, este porcentaje es de 1,7% de hombres y 1,1% de mujeres y está muy por debajo del 7% de personas autorreconocidas con discapacidad en Uruguay.

De los estudiantes que consideran tener alguna discapacidad, 29,3% explicaron que presentan una ceguera parcial (baja visión, por ejemplo), mientras que el 1,3% plantea tener una discapacidad visual total. Un 1,3% de las personas que consideraron tener una discapacidad, manifiesta tener discapacidad auditiva total (sordera profunda) mientras que el 20,6% dice tener una sordera parcial.

En tanto, el 21,7% de quienes consideraron presentar alguna discapacidad mencionaron que esta es motriz parcial (renguera, parálisis de uno de los miembros inferiores) y el 1,9% plantea tener una discapacidad motriz total (cuadriplejia por ejemplo).

El 37,8% de quienes se identificaron con alguna discapacidad no se incluyeron en las tipologías ceguera, sordera o motriz.

Recurrió a Institución de Derechos Humanos ante trabas para dar examenE.DELGADO Y P.MELGAR