Se abrió un plazo de 40 días para que Brasil solicite el mecanismo.

Dos operadores de cambio brasileños detenidos en Uruguay el viernes pasado a los que la Justicia brasileña identifica como participantes de una trama de coimas descubierta en Brasil, quedarán presos en el país a la espera de su extradición por orden de la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu.

Los detenidos son Vinícius Claret, también conocido como Juca Bala, y su socio Cláudio Fernando Barbosa, ambos acusados de participar en operaciones de lavado de dinero provenientes del esquema montado por el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral.

Larrieu interrogó ayer a los detenidos y dispuso prisión preventiva para ambos mientras se cumple el pedido de extradición.

El plazo para que la Justicia brasileña efectúe el pedido de extradición es de 40 días hábiles a contar desde la víspera.

La jueza dijo al diario brasileño O Globo que los acusados "negaron cualquier vínculo"con el esquema de lavado de dinero, así como el resto de las acusaciones.

La magistrada sostuvo que nada de eso viene al caso en esta instancia, dado que el objetivo de la audiencia fue notificar a los ciudadanos brasileños de las denuncias que pesan sobre ellos y explicarles el procedimiento al que serán sometidos.

"Lo que nosotros hicimos fue ordenar la prisión preventiva a iniciar el proceso que llevará a la extradición", dijo Larrieu al periódico brasileño.

Ambos individuos tenían pedidos de captura internacional por parte de la Justicia brasileña.

Claret fue detenido en la ciudad de Maldonado y Barbosa en el aeropuerto internacional de Carrasco donde aterrizó proveniente de Chile, hacia donde había viajado el viernes 24 de febrero.

El exgobernador de Río de Janeiro, detenido en el marco de la Operación Eficiencia por haber recibido millonarias coimas mientras ocupó el cargo, habría utilizado la plaza cambiaria uruguaya para lavar decenas de millones de dólares.

El esquema de corrupción liderado por el gobernador del PMDB era tan grande, que Cabral se vio obligado a buscar apoyo de un operador cambiario con base en Montevideo para lavar el dinero sucio.

Uruguay ya había sido involucrado el año pasado en otra trama de corrupción en Brasil.

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