SALIDA PARA LOS REFUGIADOS

Se invirtieron US$ 2,3: en asistencia a sirios

Diputado blanco Abdala pide que se instrumente por ley.

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La familia siria de Salto mantuvo un campamento durante varios días frente a Torre Ejecutiva. Foto: EFE

El programa de acogida de refugiados sirios se inició en la última parte del gobierno de José Mujica. En 2014, llegaron a Uruguay cinco familias en carácter de refugiados. Su estadía en el país no ha sido fácil, y en varias oportunidades solicitaron irse por problemas de adaptación y dificultades económicas. Sin embargo en las últimas semanas su situación ha comenzado a encaminarse y el gobierno buscó solucionas para que los jefes de cada hogar consigan trabajo para solventar su vida.

El secretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, asistió ayer a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes para informar sobre la situación de las cinco familias que residen en Uruguay.

En abril, dos de las familias decidieron acampar en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva como forma de protesta. Los sirios reclamaban más dinero ya que sostienen que su adaptación no ha sido fácil y la plata que les otorga el Estado no les alcanza para vivir.

Villarreal informó a los diputados que el tema fue solucionado y las familias volvieron a su hogar en Salto.

En Montevideo se quedaron dos de los integrantes para gestionar trabajo, explicó. A su vez decidieron aceptar un crédito de tres mil dólares para iniciar un microemprendimiento vinculado a la lechería.

La prórroga del financiamiento se extendió hasta octubre de este año. En promedió las familias recibirán unos 35 mil pesos por mes, cifra que irá decreciendo con el acercamiento a la fecha final del programa económico.

Según comentó Villarreal en la comisión parlamentaria, el costo total del programa para la atención de las familias sirias es de 2,3 millones de dólares. El jerarca comentó que la extensión del plan se financiará realizará con recursos ahorrados que se habían estimado, pero no fueron utilizados. Hay una diferencia de US$ 60 mil más que deberá agregar el Estado.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala planteó su preocupación por la falta de un marco legal que reglamente y controle el programa de atención a las familias sirias. "Insistí con el tema porque creo que es fundamental para hacer las cosas dentro de la ley", dijo el legislador a El País.

Abdala recordó que son gastos que no están presupuestados. "Se debe regularizar porque son gastos que no están autorizados que además implica una suerte de discriminación, que puede estar muy bien fundamentada pero es la ley quien debe autorizarla", señaló el diputado blanco.

Abdala comentó que, si bien Villarreal no se comprometió a encontrar una solución, sí se mostró abierto a estudiar la posibilidad de trabajar en un proyecto de ley. "Nosotros estamos dispuestos a analizar, puede ser en la Rendición de Cuentas, o algún otro camino. Lo que no se puede actuar es fuera de la ley", puntualizó. Villareal explicó que todas las familias han encaminado su situación y adaptación en Uruguay. Una de las que está instalada en Montevideo tiene a una mujer como jefa de familia y ha conseguido trabajo. Otra de las que vive en la capital tiene dos hijos mayores que lograron conseguir trabajo.

La de Piriapolis también consiguió empleo y en el caso de la de Salto el gobierno hizo gestiones con la Cámara de la Construcción y el sindicato de trabajadores de esa rama para encontrar una solución. Hay otra familia instalada en Montevideo cuyos padres trabajan en una mutualista capitalina y han mostrado un gran avance en la adaptación social. Sus hijos comenzaron cursos en la UTU.

Cancillería se encargará de la última etapa de adaptación.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez firmó el decreto por el cual se quita el programa de atención a las familias sirias de la Secretaria de Derechos Humanos y el organismo que pasará a estar al frente de la coordinación es la Comisión para los Refugiados (Core) que se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese organismo fue creado por ley en diciembre de 2006 "con el cometido de planificar, promover y coordinar políticas en materia de refugio". "Habiendo llegado a su fin la primera fase de inserción a través del programa piloto de reasentamiento ejecutado a través de la Secretaria de derechos Humanos, actualmente se proyecta que la Comisión de Refugiados tenga a su cargo el acompañamiento en la última etapa de inserción y autonomía de las familias sirias refugiadas de la república Libanesa y reasentadas en nuestro país", dice el decreto fechado el 9 de mayo. El primer grupo de familias sirias llegó el 8 de octubre de 2014 desde el Líbano. Fueron 42 personas pertenecientes a cinco familias. La delegación fue acompañada pro Javier Miranda, ex director de la Secretaria de Derechos Humanos; actual presidente del Frente Amplio.

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