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Interior es foco de las denuncias por DDHH

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El Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Estado en general fueron los principales denunciados ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) en 2014. De esta manera, se presentó una situación similar a la de 2013.

"Algunos casos refieren, por ejemplo, a personas que consultan en relación con la búsqueda de su identidad biológica, pero la mayoría corresponde a problemas vinculados a vacíos normativos", indica el informe de la institución, el cual se hizo público ayer.

El Ministerio del Interior está a la cabeza de las denuncias con el 16,5%. El Poder Judicial se lleva el 10,2% y el Estado, 7,4%. Le siguen INAU (5,7%), INAU-Sirpa (5,1%), la Intendencia de Montevideo (5,1%) y el Ministerio de Salud Pública (5,1%).

La institución da cuenta que durante el período se realizaron 449 intervenciones, divididas en denuncias y asesoramientos, en 2013 se realizaron 380.

Los principales derechos vulnerados en 2014 fueron, al igual que en el período anterior, los de la integridad personal con 20,5%. Y le siguen los derechos laborales (17%), debido proceso y acceso a la justicia rápida y expedita (15,5%) e igualdad y no discriminación (12,9%).

Las denuncias por discriminación de índole sexual crecieron: pasaron de 12,8% en 2013 a 23,5% en 2014.

La discriminación por discapacidad, sin embargo, sigue a la cabeza, con el 41,2%. En 2013 había recibido el 25,5%.

En el informe, la Inddhh envió una nueva y crítica evaluación a la Asamblea General. Allí plantea que es "prioritario revertir" el encierro, la falta de actividades, educación y el régimen sancionatorio que hay en el Sirpa.

En este sentido, el documento asegura que las condiciones verificadas impiden la rehabilitación y reinserción social de los menores.

La institución presidida por Mirtha Guianze reiteró varias de las observaciones realizadas semanas atrás por la misión de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que visitó Uruguay y se fue, una vez más, con una imagen negativa del sistema de responsabilidad penal juvenil.

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