Para “conversar”, Congreso de Intendentes exige a la empresa que deje de operar

Intendentes a Uber: pare y negociamos

Una delegación del Congreso de Intendentes le dejó en claro a los titulares de la aplicación Uber que mientras operen sin autorización "no se negociará nada". Para sentarse a dialogar, afirman que deben suspender el servicio.

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El gobierno dejó en manos de las intendencias la decisión sobre Uber. Foto: G. Pérez.

El encuentro que tuvo lugar ayer entre el presidente del Congreso de Intendentes, Sergio Botana, y el gerente para políticas públicas de Uber Sudamérica, Hugo Rodríguez, fue muy franco. La empresa entregó una carpeta con la descripción de la aplicación y la experiencia mundial. En tanto, Botana trasmitió el malestar de las comunas por la forma de operar de la empresa que funciona sin autorización del Poder Ejecutivo.

Uber está en 64 países, en un total de 350 ciudades, entre ellas Montevideo, la última en incluirse. Se trata de una plataforma tecnológica que se descarga a través de los teléfonos celulares y une a choferes con autos de 2008 o más nuevos (ya cuenta con 5.000 registrados) con pasajeros (ya tienen más de 20.000). El viaje se paga con tarjeta de crédito internacional y sale menos, o igual, que un taxi, dependiendo del recorrido.

La reunión fue pedida por Uber a los intendentes, luego de que tanto Montevideo como Canelones anunciaran la aplicación de multas y el retiro de chapas a los automóviles registrados en la nueva aplicación de transporte. "No vamos a conversar mientras estén actuando de hecho. Para empezar a conversar tienen que darse otras circunstancias. No fue un pedido, no le dijimos tienen que suspender el servicio y hablamos. Son ellos los que tienen que decirlo. Pero les hicimos saber que si están funcionando de hecho no vamos a conversar", señaló el intendente Botana a El País.

Sobre la reunión, aclaró que los jefes comunales "no pidieron nada", porque "a nadie hay que pedir en Uruguay que cumpla la ley". En ese marco, aseguró que "lo único que cabe cuando se actúa de hecho, es una sanción".

El intendente explicó que Uruguay tiene regulaciones y todos los gobernantes son "responsables por la gente que se jugó su capital, o su vida a un tipo de empleo".

"Tenemos que hacernos responsables de lo que generamos como Estado y esto no quiere decir para nada que estamos cerrados, estamos abiertos a charlar, pero en estas circunstancias no da ni para conversar", subrayó.

Botana consideró que no se le puede decir a los propietarios del Taxis "apareció una aplicación y todo lo que trabajaste para comprar una patente, ahora no vale nada".

Sobre el ambiente de la reunión, Botana sostuvo que se trató de un "encuentro cordial". "El tono que usamos fue firme, pero todo muy correcto, muy bien", precisó el intendente.

Multas.

La directora de Movilidad Urbana de la Intendencia, Beatriz Tabacco, anunció que en esta semana la comuna comenzará a multar. La normativa vigente establece que el transporte de pasajero que se realice sin previa autorización de parte de la Intendencia de Montevideo deberá abonar una multa correspondiente a 35 Unidades Reajustables, es decir lo equivalente a $ 29.000.

Además, la intendencia objeta a Uber por prestar un servicio de transporte de pasajeros similar al que ofrecen los Taxi, pero sin registrar a los trabajadores o hacer aportes a la seguridad social. A su vez, tampoco se le exige a los conductores libreta profesional.

Uber explicó en la comisión de Transporte de Diputados que a los conductores se les solicita algunos requisitos como, por ejemplo, la cédula, la licencia de conducir y se confecciona un perfil de ellos para detectar determinadas actitudes o tendencias delictivas. Según explicaron, "lo importante" es que en cada viaje realizado por Uber, el usuario califica dentro de un rango.

LO DICE LA EMPRESA.

"En donde estamos el taxímetro permanece".

Durante su comparecencia el miércoles en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, representantes de Uber recibieron reparos por parte de varios legisladores por la forma en que la empresa empezó a operar en el país.

El gerente de políticas públicas de Uber para Sudamérica, Hugo Rodríguez, reconoció que el proceso fue "particular" y dijo que "no es afán de la plataforma llegar e imponer su realidad, pero esa realidad ya existe y que lo que necesitamos es que se incorpore en la normativa de manera adecuada. Las reuniones que tenemos siguen en puerta y habrá más, porque el objetivo es construir esa normativa".

La postura de Uber es que el servicio que se presta, al ser una intermediación entre particulares, "en esencia ya es permitido, válido", aseguró el titular de la aplicación en la comisión.

Además, remarcó que hay interés por lo menos 5.000 uruguayos en ser choferes de Uber, porque "quieren ingresos y están ávidos de oportunidades". "En todas las ciudades en las que estamos se han generado fuentes de ingreso y el taxi permanece", finalizó.

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