NUEVO FRENTE DE CONFRONTACIÓN

Intendentes irritados con el gobierno por loteo de predios

Creen que futura ley lesiona su autonomía; amenazan con impugnarla.

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En 20 días hubo tres choques entre el gobierno y el Congreso de Intendentes. Foto: Archivo El País

Un intercambio de mails entre técnicos del Congreso de Intendentes refleja la preocupación de las intendencias de todos los sectores políticos sobre un proyecto de ley del gobierno referido a directrices nacionales de ordenamiento territorial.

Los jefes comunales consideran que esa iniciativa, que ya fue sancionada en la Cámara de Diputados, lesiona la autonomía municipal al considerar que las autorizaciones de fraccionamientos de terrenos o de áreas suburbanas son potestad de las intendencias.

También entienden que las comunas diseñaron y aprobaron planes locales que establecen qué áreas serán destinadas a industrias, residenciales y comerciales y advierten que la retroactividad del proyecto gubernamental puede derogar normas departamentales sobre el uso del territorio.

"Lamentablemente en el día de hoy nos ha llegado de muy buena fuente la versión de que la Comisión de Vivienda se prepara para aprobar en su próxima sesión (el jueves 20) el texto completo" de las directrices nacionales de ordenamientos territoriales, dice uno de los mails de técnicos del Congreso de Intendentes al que tuvo acceso El País. Enseguida agrega: "En caso de confirmarse la aprobación a tapa cerrada del proyecto, se desconocería lo resuelto por el Congreso de Intendentes en Nueva Helvecia. Maldonado entiende que debemos prepararnos para ir con todo por una demanda de inconstitucionalidad y violación de las autonomías departamentales. Desconozco si el Congreso de Intendentes como tal puede hacerlo o seremos las intendencias quienes debamos encararlo".

El intendente de Colonia, Carlos Moreira (Partido Nacional) dijo a El País que los jefes comunales tienen "rotundas discrepancias" con el texto de directrices nacionales de ordenamiento territorial.

"Aparentemente en el Senado se votará tal como viene de la Cámara de Diputados. Si eso es así, va a haber reacciones de los gobiernos departamentales. Entablaremos acciones de inconstitucionalidad contra dicha ley", advirtió Moreira.

El 26 de junio de este año, en una sesión del Congreso de Intendentes realizada en Nueva Helvecia, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi (Frente Amplio) señaló que coincidía sobre que se debía advertir al gobierno que los jefes comunales estaban en desacuerdo con el proyecto de ley de directrices de ordenamiento territorial. "Creo que no es conveniente plantear que vamos por la inconstitucionalidad. (...) Acá hay algo más serio, o por lo me- nos desde el punto de vista conceptual tiene que ver con jurisdicción y soberanía departamental", señaló Orsi. Además agregó: "Estoy dispuesto como parte del equipo que trabajó en esto a decir que seguimos preocupados y no estamos de acuerdo en cómo viene la mano".

Embrollo.

El intendente de San José, José Luis Falero (Partido Nacional), señaló que si el Senado aprobara el proyecto de ley, los intendentes debían tomar la iniciativa de ya pensar en la inconstitucionalidad de esa ley.

"No podemos estar con paños tibios; nos están tomando el pelo claro y criollo", dijo el jefe comunal maragato.

En la sesión, Falero recordó una gestión realizada por el presidente del Congreso de Intendentes, Daniel Martínez (Montevideo) frente al gobierno con la intención de que se detuviera el tratamiento del tema en el Senado. Sin embargo, la gestión no dio resultados.

El intendente de San José adhirió a la expectativa de Orsi sobre las diferentes gestiones realizadas para frenar el proyecto de ley, del cual seis artículos fueron eliminados a sugerencia de la sala de abogados del Senado por tener visos de inconstitucionalidad.

Falero consideró que el Congreso debería formalizar por escrito al Senado y a la Cámara de Representantes que los intendentes están dispuestos a seguir con el tema. "En caso de aprobarse esta ley transitaremos el camino necesario para declarar la inconstitucionalidad de la ley", expresó.

En su intervención, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, se preguntó por el apuro del Senado en aprobar el proyecto de ley sobre directrices de ordenamiento territorial sin discusión y a tapas cerradas.

Antía señaló que el Congreso de Intendentes debía advertir al presidente Tabaré Vázquez que se va a meter en "un embrollo político" y respaldó el camino que planteaba Falero sobre que, luego de que el Parlamento aprobara la ley, el Congreso de Intendentes o las intendencias presentaran recursos de inconstitucionalidad.

Antía dijo que la normativa vigente establece que el Parlamento debe escuchar a las intendencias cada vez que debate sobre un proyecto de ley sobre ordenamiento territorial.

El intendente blanco también propuso que el Congreso de Intendentes advierta al presidente Vázquez, a senadores y a diputados sobre que desatarán una discusión "estéril" con los jefes comunales por cuestiones de sentido común. Agregó: "En la comisión sobre el tema del Congreso de Intendentes hay técnicos de todos los partidos. Desoír eso es un mal ejemplo. Un mal mensaje".

Advertencia a la ministra de Vivienda.

El Congreso de Intendentes transmitió su preocupación a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Eneida de León, sobre el contenido y sobre la forma de tratamiento del proyecto de Directrices de Ordenamiento Territorial y la de Ordenamiento Costero, en trámite en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes respectivamente.

"Sobre la forma de tratamiento, debemos enfatizar que ni los gobiernos departamentales individualmente ni el Congreso de Intendentes como cuerpo han sido partícipes del proceso, a pesar de lo establecido preceptivamente en la Ley 18.308", señala la nota firmada por el presidente del Congreso de Intendentes, Daniel Martínez (Montevideo).

Con respecto al contenido, el Congreso de Intendentes presentó por escrito en la "única oportunidad" que ha sido recibido a la fecha, una serie de "objeciones de fondo y oportunidad" que afectan la autonomía de gobiernos departamentales y generan efectos retroactivos sobre los instrumentos de ordenamiento territorial aprobados por las juntas departamentales.

"Por lo expuesto, queremos transmitir que, dada la gravedad de los hechos, es imprescindible comunicar al Sr. Presidente de la República, a la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores la firme decisión de todos los gobiernos departamentales de proteger sus competencias de rango constitucional, que se verían afectadas en caso de aprobarse los textos con media sanción, recurriendo a todos los institutos establecidos en el marco normativo del país", dice la declaración en alusión a la presentación de eventuales recursos de inconstitucionalidad. El Congreso de Intendentes puso a disposición del gobierno y del Parlamento sus equipos técnicos para que el trámite parlamentario logre los mayores consensos y se alcance, en definitiva, un marco normativo adecuado para todos los niveles de gobierno.

La nota fue aprobada por unanimidad.

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