Ve ilegal el decreto que permite desalojar edificios públicos.

Al analizar en un informe los incidentes en la sede del Codicen el pasado 22 de setiembre, la Institución Nacional de Derechos Humanos criticó el decreto 354/2010 que permite el desalojo de edificios públicos al que considera "de dudosa legalidad". En el informe también se cuestiona la ausencia en el momento de los incidentes de las autoridades del Codicen y que un efectivo policial haya usado una cachiporra extensible. Ese día la policía se enfrentó con militantes estudiantiles, del sindicato del taxi y de la organización Plenaria y Justicia.

El informe de la institución considera que el decreto cuestionado no era el que había que aplicar ese día "lo que lleva a concluir que este tipo de situaciones no están debidamente regladas en nuestro derecho positivo y que corresponde al Legislador trabajar en un texto que brinde herramientas eficaces (...) para ser aplicadas en casos similares". "Cada situación debería tener su régimen especial, no obstante deben asegurarse las garantías de la intervención previa y preceptiva del Poder Judicial y del Ministerio Público en este tipo de desalojos. Cuando se trate de ocupaciones promovidas por alumnos menores de edad, también debería ser preceptiva la presencia de las autoridades de la enseñanza", agrega.

La institución entiende que ese día la actuación policial se mantuvo en general dentro de lo que establece el marco jurídico vigente "con la excepción del accionar de algunos efectivos que, saliendo de la formación, usaron la fuerza de manera no proporcional, abusiva y arbitraria". La presencia de las autoridades del Codicen, señala también el informe, podría haber propiciado una negociación que "habría dejado sin sustento los hechos de violencia posteriores".

La institución denunció el uso por parte de un efectivo de la Guardia Republicana de un armamento no habilitado co-mo es la cachiporra extensible. El Ministerio del Interior respondió que la sede penal no encontró responsabilidad del policía en el caso, no obstante lo cual fue sancionado a 18 días de suspensión sin goce de sueldo a través de una resolución administrativa.

En el informe la institución señala que no recibió las filmaciones que mostrarían violencia dentro del edificio que algunos de los ocupantes habían anunciado que presentarían.

Como recomendación, el instituto sugiere que en futuros operativos las fuerzas policial de choque lleven un número visible en su uniforme para que los ocupantes, los magistrados actuantes y los mandos policiales puedan identificar los efectivos que eventualmente incumplan las normas de procedimientos vigentes. La intervención policial, dice, "siempre debe ser el último recurso".

Hoy viernes a partir de la hora 10 en la Torre Ejecutiva, se reunirá la comisión de seguimiento de la mesa de diálogo sobre seguridad que convocó el presidente Tabaré Vázquez y que integran los partidos de oposición. Esta será la primera reunión de la comisión luego de los dos encuentros de Vázquez con las autoridades de los partidos con representación parlamentaria. Por el gobierno participará el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. La oposición espera una respuesta sobre sus planteos.

INFORME DE LA INSTITUCIÓN DE DDHH