DEMANDA

Recibirá $ 100.000 y su madre $ 300.000; se demostró “paliza”.

El juez letrado Carlos Aguirre condenó este mes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa, hoy Inisa) a pagar $ 300.000 por daño moral a la madre del adolescente Kevin Arrúa, por los tratos crueles y degra- dantes de que fue objeto el joven en el Hogar Ser de la institución. El joven recibirá $ 100.000.

En la sentencia el magistrado señala que el funcionario de iniciales J. M. declaró haber sido testigo de los golpes que recibió Arrúa en 2012 y que lo comunicó a su madre, aunque no denunció lo ocurrido a las autoridades por temor a recibir represalias. J. M. declaró que la madre "salía del hogar angustiada y llorando" tras las visitas a su hijo.

Arrúa estuvo internado desde el 26 de marzo de 2012 hasta marzo de 2013 y habría quedado con secuelas psicológicas al igual que su madre. La mujer llegó a enviar una carta al presidente de la República, en ese momento (José Mujica) y debió dejar su trabajo como doméstica para ayudar a su hijo. Según la madre, Arrúa recibió "una paliza tremenda" y las autoridades "no indagaron sobre lo denuncia y no presentaron denuncia penal". Solicitó ayuda de la Institución Nacional de Derechos Humanos y se formó una Comisión de Investigación en el Sirpa "la cual no fue seria", dijo la mujer, según la sentencia.

"Se ignoraron las denuncias efectuadas por las madres de los internados a partir del ingreso como directora de Jessica Barrios al Centro Ser el 4 de julio de 2012. Se suprimieron las actividades lúdicas, talleres, cursos de manualidades, se obstaculizó el vínculo familiar. Se les impartía a los jóvenes golpes y torturas impidiéndoseles las visitas de familiares", agrega la sentencia.

Arrúa había sido internado por cometer una rapiña.

El juez explicó que no puede hacer lugar a todo el monto reclamado porque la mujer compareció "con orfandad probatoria".

Más allá de eso, el magistrado considera que el daño existió. "Han sido acreditados en autos los malos tratos que recibiera el coactor Arrúa en su calidad de interno del Hogar Ser, al igual que los demás allí alojados, la denuncia y presentación de su madre ante la autoridad competente a fin de poner en conocimiento dichos extremos en interés de la protección de su hijo; fundada denuncia sobre violación a los derechos humanos, a través de todo tipo de maltrato físico y psicológico relevado en autos y la consecuente tímida, minimizante actuación de la Administración, su desprotección y el perjuicio causado como consecuencia de su omisión".

"En estos supuestos se constata, con toda claridad la efectiva producción de un daño al individuo que consiste expresamente en esa alteración anímica de origen psíquico o mental, pero también puede originarse dolor físico que se trasunta en un daño biológico o personal", agrega.

La mencionada Barrios y otros siete funcionarios fueron condenados en 2016 por reiterados delitos vinculados al abuso de autoridad que fueron registrados por filmaciones.

La sentencia recuerda que el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay consideró que entre 2012 y 2014 el Centro Ser era "un centro de tortura y malos tratos emblemático en prácticas estigmatizantes".

El Sirpa pidió que no se tuviese en cuenta la demanda.