Considera prioritario revertir el encierro y sanciones a menores internados

Informe al Parlamento vuelve a dejar mal parado al INAU

Aun año de presentar un duro informe sobre las condiciones de privación de libertad en los hogares del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que contó con el respaldo de 30 organizaciones sociales y motivó, desde varios ámbitos, el pedido de renuncia de sus directores, la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) envió una nueva y crítica evaluación a la Asamblea General.

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Gobierno de Vázquez proyecta el cierre de la Colonia Berro luego de informes críticos de las ONG.

En el documento, al que accedió El País, plantea que es "prioritario revertir" el encierro, la falta de actividades, educación y el régimen sancionatorio que hay en el Sirpa. Asegura que las condiciones verificadas impiden la rehabilitación y reinserción social de los menores.

La institución presidida por Mirtha Guianze reitera varias de las observaciones realizadas semanas atrás por la misión de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que visitó Uruguay y se fue, una vez más, con una imagen deplorable del sistema de responsabilidad penal juvenil.

El Inddhh define como población "extremadamente vulnerable" a los adolescentes del Hogar Ser de la Colonia Berro, institución que el nuevo gobierno se comprometió internacionalmente a cerrar, tal como informara El País el 25 de abril.

"Su definición como establecimiento de máxima seguridad, la cantidad de denuncias hacia los funcionarios que operan en él, la repercusión pública que ha tenido y el hecho de ser utilizado como lugar de sanción, fue decisivo para considerarlo un lugar donde la vulnerabilidad se revela con mayor intensidad (…). Se trata de un muy probable escenario de alto riesgo para la ocurrencia de situaciones de maltrato y tortura", advierte el documento.

El Inddhh realizó 52 visitas a la Colonia Berro que generaron 27 informes y 131 recomendaciones en los últimos dos años. De estas, según el documento, la mayoría corresponden a infraestructura y condiciones edilicias y al personal, incluyendo la necesidad de capacitación y mejoras en las condiciones de trabajo.

El informe coloca una vez más el hacinamiento como uno de los problemas prioritarios, y marca el 2013 como el año en el que la situación empeoró a consecuencia de las reformas legislativas aprobadas, que dispusieron la privación de libertad al inicio de los procesos.

La institución reconoce que se realizaron obras edilicias "importantes" que se tradujeron en un "incremento sensible" del número de plazas, pero insiste en que esa "no es la solución de fondo". "Requiere medidas que apunten a la forma de ejecución de las sanciones evitando el encierro y que, cuando excepcionalmente este opere, lo sea por el período más breve posible", recomienda.

Una más.

La falta de capacitación "apropiada, especializada y específica" de los funcionarios que operan el sistema vuelve a ser parte de los cuestionamientos del Inddhh. Explica que durante el 2014 se contrató personal "sin ninguna experiencia previa en la materia y sin conocimientos teóricos". El documento advierte que hay "ausencia de diseño" de los perfiles requeridos para el personal que tiene trato directo con las adolescentes, y que hay "baja exigencia en la formación requerida para la tarea a desempeñar". "Existe una sobrevalorización de los conocimientos sobre seguridad, en lugar de hacer hincapié en las capacidades para el diálogo que la tarea exige", advierte.

Esta semana el Sindicato Único de Trabajadores del Inau (Suinau) salió al cruce de la coordinadora de la OMCT, Carolina Bárbara, la que semanas atrás estuvo en Montevideo y realizó un crítico informe sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil. Bárbara aseguró a El País que el sindicato del Sirpa "es muy fuerte y ha generado cierta impunidad".

Según el Inddhh, a fin de evitar las fugas "por sobre cualquier otra finalidad", se han adoptado "criterios de seguridad inadecuada, inconvenientes y no ajustados a los objetivos declarados de las sanciones penales juveniles". "En las visitas realizadas y en el diálogo mantenido con las autoridades, se constató que se da prioridad a la no existencia de fugas, quizás debido a percepciones personales respecto a la presión social y política, en desmedro de una estrategia de inclusión social para incentivar el desarrollo personal del joven mientras se encuentra privado de libertad", afirma, y recomienda la atención psicológica de los funcionarios que, advierte, están expuestos a "altos niveles de estrés" y "diversas y múltiples tensiones".

A diferencia del año pasado no afirma que existen casos de tortura, pero deja instalada la duda.

"Las condiciones del encierro institucional, la vulnerabilidad y dependencia en que se encuentran los adolescentes privados de libertad, plantean enormes dificultades para visualizar prácticas de malos tratos y torturas e individualizar a los responsables a fin de ser sancionados por la Justicia competente".

Recuerda, además, que se le solicitó al Sirpa otorgar asistencia técnico-legal a los adolescentes para las denuncias que realicen a fin de que se evite la impunidad.

Se encontró vulneración de los derechos.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos plantea en su informe anual que hay mayor vulnerabilidad de los adolescentes menores de edad que están sujetos a un proceso infraccional por actos contrarios a la ley penal. Para ello inspeccionaron el Centro Desafío, donde se alojan adolescentes de 13 a 15 años. Allí, según dice el informe, se encontraron elementos "contraproducentes, innecesarios o vulneradores de derechos", como la prohibición de tener libros en la celda, comer en la celda sin cubiertos y lugares de castigo y aislamiento que "no condicen con la edad de los adolescentes internados". El documento presenta también el caso del Centro de Internación de Adolescentes Femenino (CIAF), donde afirma que hay una doble vuelneración de derechos. "Se detectaron carencias desde una perspectiva de género, vinculadas con la situación de las madres, la higiene femenina y en cuanto a la posibilidad de actividades recreativas, que son menos que en centros para adolescentes masculinos".

Fulco no asumió pero ya está en la mira.

Aunque aún no asumió, la designada presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), la psicóloga Gabriela Fulco, está en la mira. Ayer el semanario Búsqueda publicó que el Poder Ejecutivo revisaba su designación luego de "recibir críticas".

Según dijeron a El País fuentes del gobierno, Fulco asumirá el miércoles 20 como estaba previsto y reconocieron que la funcionaria está "en la mira del sindicato" que la espera "con el cuchillo entre los dientes".

Cuando la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, informó al sindicato de los cambios, el dirigente José Lorenzo López dijo a El País que eran bien recibidos los nombramientos pero reconoció que "no dejaron de sorprender" porque la gestión actual "había sido favorable sea para la institución como para los trabajadores".

El hasta ahora presidente del Sirpa, Ruben Villaverde, tiene sobre sí denuncias penales llevadas a cabo por el Comité de los Derechos del Niño, que advierte la existencia de torturas en la Colonia Berro.

Fulco, que se desempeñó hasta ahora como asesora del Ministerio del Interior en temas carcelarios y que cuenta con el respaldo del ministro Eduardo Bonomi y la ministra de Desarrollo Social, hasta ayer no había renunciado a su cargo. Consultada por El País, Fulco rechazó hacer declaraciones.

La designada presidenta del Sirpa ya ha mantenido reuniones por el cargo que ocupará. De hecho fue una de las representantes del Gobierno que se reunió con la coordinadora de Derechos de los Niños de la Organización Mundial contra la Tortura, Carolina Bárbara, a quien le hizo varias promesas de cambio y quien se llevó una buena imagen de Fulco, según dijo a El País. "Reconoció desde las 23 horas de encierro hasta los maltratos y hacinamiento, algo que antes no había ocurrido", dijo la representante de la institución que tiene sede en Ginebra.

Quienes están operando en contra de Fulco, en tanto, recuerdan que fue separada del cargo de directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar en el año 2003, lugar que ocupaba desde 1992, al plantearse "un conflicto entre el interés público y el privado". El caso terminó incluso en la órbita penal.

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