Institución de Derechos Humanos relata casos de tortura a detenidos

Un informe oficial reclama erradicar el abuso policial

Un hombre viajó con su hija de siete años de Tacuarembó a Montevideo. Cerca de las cinco de la mañana llegaron a la terminal de Tres Cruces y se dirigieron a la parada de ómnibus en Haedo y Daniel Muñoz: su destino final era El Pinar.

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Policías. La INDDHH le pidió al Ministerio del Interior que revise el tiempo de formación

Mientras esperaban, fueron abordados por funcionarios policiales, que solicitaron los documentos de ambos e interrogaron sobre qué hacían allí a esa hora. Luego de varios minutos en los que las preguntas se reiteraban constantemente y el hombre ya estaba molesto, llegaron más móviles.

Una mujer policía tomó a la niña en brazos y la introdujo en el patrullero. Él se resistió. Fue golpeado por los policías y reducido en el suelo. Cuando estaba inmovilizado, uno de los efectivos lo tomó de la cabeza y golpeó en repetidas oportunidades. Recibió patadas y piñas.

Él terminó en la Seccional 4ta y su hija en el Hospital Pereira Rossell. Todo se inició, según el Ministerio del Interior, por una denuncia anónima de un vecino al que le resultó curioso que un hombre estuviera en la calle con una niña a esa hora.

La pequeña fue finalmente rescatada por su madre y al cabo de unas horas el hombre quedó en libertad.

Cuando la familia dijo que quería hacer la denuncia por lo ocurrido, le informaron que él debía ser examinado en el Hospital Español. Allí estuvo de 9:30 a 0:30 del día siguiente.

El caso, en el que hubo violación del derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a la privacidad y la protección de la dignidad, es relatado en el último informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que envió la semana pasada a la Asamblea General.

Allí enumera varias denuncias recibidas por abuso policial y le reclama al Ministerio del Interior que mejore la capacitación de los funcionarios policiales, que realice un seguimiento permanente de la conducta de estos y que trabaje en la erradicación definitiva de los malos tratos.

Tras relatar un caso similar al homicidio de Sergio Lemos (19) en el barrio Santa Catalina en noviembre de 2013 producto de un indebido accionar policial, el informe asegura que el Ministerio del Interior "debe mandatar" a la Policía para que "trabaje en profundidad en la incorporación de nuevos métodos de formación y capacitación continua sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego para todo el personal que cumple funciones ejecutivas".

Este pedido ya había sido presentado en informes anteriores de la institución.

La INDDHH solicita también que se revise el tiempo destinado a la formación del personal subalterno.

"La presión social muchas veces lleva a que las autoridades competentes opten por tener más funcionarios policiales en las calles en poco tiempo, lo que no implica que se trate de mejores funcionarios policiales", advierte.

El marco doctrinario policial, estableciendo como finalidad institucional el respeto de la vida humana en cualquier circunstancia, también es parte de las solicitudes que realiza la institución.

Información.

Ante varias de las denuncias, cuenta el documento, realizaron un pedido de información al Ministerio del Interior que, en varios casos, se demoraron o, al momento de presentar el informe, aún no había llegado. Eso ocurrió, por ejemplo, con un caso en el que un joven de 26 años murió por disparos de arma de fuego efectuados por un grupo de funcionarios policiales en un procedimiento en el barrio Marconi, mientras investigaban una rapiña.

Según relata la INDDHH detalladamente en el documento, solicitaron en varias oportunidades a la cartera que informara acerca de las investigaciones de los hechos denunciados y los procesos disciplinarios iniciados.

Sin embargo, el Ministerio del Interior demoró casi un año y medio en remitir alguna información, lo cual es calificado como una falta grave por la institución que es presidida por Mirtha Guianze.

"Los organismos del Estado involucrados deben respetar el principio de buena fe, colaborando activamente con las investigaciones iniciadas. Esto no es otra cosa que poner en práctica el compromiso asumido por el Estado uruguayo cuando decidió crear la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo el 24 de diciembre de 2008", asegura.

Cuestiona que en reiteradas oportunidades el Ministerio del Interior hizo referencia a la reserva, confidencialidad e incluso el "secreto" de algunas informaciones solicitadas y afirma que la cartera incurre en un error.

"Hace una interpretación equivocada de las normas de acceso a la información, según lo establece el Bloque de Constitucionalidad que comprende las normativa constitucional y el marco jurídico sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigente en nuestro país (...) Esta Institución sostiene que dichos argumentos carecen de todo asidero conforme con la doctrina, la jurisprudencia y los estándares en materia de los órganos de control incorporados en normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que son derecho positivo vigente en Uruguay", sentencia.

Después de recibir información, tras analizarla y contar con "elementos de convicción suficiente" en este caso la institución concluyó que el Estado uruguayo violó el derecho a la vida de la víctima. "La mencionada violación del derecho humano a la vida es consecuencia directa de un procedimiento policial plagado de irregularidades, y llevado adelante, desde el punto de vista operativo, con total desconocimiento de lo que dispone la normativa vigente en el país".

Primero en todo.

Desde el 1° de enero de 2014 al 31 de diciembre de ese año, la institución realizó 449 intervenciones, que se dividen en denuncias y asesoramientos.

De acuerdo con las denuncias efectuadas, los principales derechos vulnerados son la integridad personal (20,5%), el derecho al trabajo (17,0%), derechos vinculados al acceso a la Justicia (15,5%), e igualdad y no discriminación (12,9%).

Al igual que en 2013, los organismos que aparecen con mayor número de denuncias son el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Estado (una denominación utilizada para casos en los que la vulneración del derecho no puede ser adjudicada a un organismo públi- co en particular). Estos son seguidos por el Inau/Sirpa, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Al igual que en los informes anteriores también, la mayoría de las denuncias se concentran en la capital del país (74.4% para los casos de denuncias y 68.5% en los casos de asesoramientos).

Casi la totalidad de las personas que denuncian son mayores de edad. Hay, además, una leve tendencia que indica una mayor presencia de las mujeres como denunciantes y solicitando asesoramiento.

INDDHH tiene denuncias de tortura en comisarías.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que es presidida por Mirtha Guianze y que funciona desde diciembre de 2008, relata en su informe anual, enviado la semana pasada al Parlamento, una denuncia que llegó a su poder sobre un caso ocurrido en enero de 2013.

El episodio tiene como protagonistas a policías, vestidos de civil que se trasladaban en un automóvil particular de color blanco. Los efectivos detuvieron a un menor de edad, que estaba en situación de calle. Fue trasladado a la Jefatura de Policía de Montevideo y allí fue sometido a "torturas", como "submarino seco" y "la modalidad clásica de sumergir la cabeza de la persona detenida en un tacho de agua". Recibió también, según el informe, golpes en varias partes del cuerpo.

"Luego de interrogarle, le manifestaron que le habían confundido con un familiar y le dejaron en libertad, tras varias horas de detención", relata.

La institución pidió información sobre lo ocurrido al Ministerio del Interior que, luego de reiteradas solicitudes, respondió negando los hechos.

Sin embargo, la INDDHH concluyó que "existen elementos de convicción suficientes para afirmar que los hechos denunciados son ciertos, y que, por lo tanto, la persona denunciante fue detenida arbitrariamente y sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios de la Jefatura de Policía de Montevideo", asegura el documento.

Existen elementos, además, para afirmar que la detención "no fue registrada ni comunicada a la Justicia Competente, según establece el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Procedimiento Policial".

Ante este panorama, se recomendó a la cartera que realice una investigación "pormenorizada" de los hechos denunciados, determinándose las eventuales responsabilidades administrativas y/o penales.

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