COMPRA DIRECTA

Industria del calzado le protesta a Bonomi

Sigue la polémica por las compras del Ministerio del Interior.

Sumándose a la protesta del Sindicato Único de la Aguja (SUA) contra la compra directa de uniformes, botas y zapatos por US$ 4,5 millones que el Ministerio del Interior hiciera a China, la Cámara de la industria del calzado de Uruguay se quejó de que no le pidieron cotización para la adquisición, en este caso, de 32.000 pares de botas y 1.800 de zapatos, lo cual hubiera ocupado a unas 80 personas durante seis meses.

Los detalles de la compra directa y las razones esgrimidas por el ministerio para hacerlo se conocieron a través de la respuesta de la cartera a un pedido de informes que le presentara el senador nacionalista Luis Lacalle Pou.

La Cámara recordó que en los últimos años participaba en los llamados a licitación hechos por Interior, quien ahora decidió hacer la compra directa a una firma china.

En su protesta contra la compra directa, en un comunicado emitido hace unos días y tomando dos de los productos, camisas y pantalones, el SUA dijo que "el total de camisas solicitadas asciende a 53.500. El total de pantalones a 32.000. La producción de este tipo de prenda insume 40 minutos de confección aproximadamente. Por este cálculo es sencillo suponer que un taller de 80 operarios trabajando normalmente, serían capaces de realizar en una jornada diaria de 9 horas 36 minutos con media hora de descanso y dos intermedios de 15 minutos, 1.020 camisas (516 minutos dividido 40 por 80 trabajadores). Por lo cual el total solicitado podría ser confeccionado en un plazo máximo de tres meses".

La Cámara del calzado afirmó ahora que "tampoco es una verdad comprobable el supuesto beneficio del ahorro al que hace referencia, ya que el Ministerio del Interior nunca expuso una muestra de lo que ahora ha comprado a China, ni realizó un pedido de precios a la industria nacional para tener un precio para hacer una comparación".

Y sostuvo que esta fue "la mayor compra histórica de calzado del ministerio, comprada en moneda extranjera y con pago contado, lo que significa una condición de pago excepcional nunca ofrecida a la industria nacional".

En su pedido de informes, Lacalle Pou recordó que el Tribunal de Cuentas objetó en su momento la operativa del ministerio del Interior.

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