VARIOS CASOS

Indagarán compras directas en ASSE

La Comisión Investigadora planteará analizar las irregularidades en hospitales involucrados

Legisladores de todos los partidos investigan una serie de irregularidades. Foto: F. Ponzetto
Legisladores de todos los partidos investigan una serie de irregularidades. Foto: F. Ponzetto

Las irregularidades en hospitales públicos por contrataciones directas sin pasar por un debido proceso de selección o licitación de las empresas, ponen en alerta a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y también a parte del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La situación generará que la Comisión Investigadora de ASSE en el Parlamento analice caso a caso en qué institución ya se encontró algún tipo de irregularidad.

La semana pasada, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, confirmó lo ya adelantado por El País: el envío al Parlamento de un proyecto de ley para regular este tipo de situaciones.

Fueron varios los jerarcas de hospitales públicos a quienes en los últimos meses se les constató una serie de conductas que se desvían o apartan de lo establecido en el artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). Ocurrió en el hospital de Bella Unión, en Florida, en Dolores, Mercedes, en la Red de Atención Primaria (RAP) de Soriano y también en Treinta y Tres.

En el hospital de Bella Unión, en Artigas, el Tribunal de Cuentas consideró que al caso de los tres directores de hospitales (dos del Pereira Rossell y uno del de Salto) que vendían servicios de ambulancia a dicho centro de salud, debería aplicarse el Artículo 46 de la Ley 17.060 referida al "uso indebido del poder público", que establece que los funcionarios no pueden venderle servicios al organismo en el que trabajan.

Ocurrió lo mismo en Florida, donde tres funcionarios, incluido el director del hospital, se contrataban a sí mismos para llevar adelante análisis clínicos. Una situación similar se registró con la directora del hospital de Dolores y exsubdirectora del de Mercedes, que también vendía servicios de ambulancias a ambos centros de salud.

La semana pasada, El País informó que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó los gastos en contratación del servicio de emergencia móvil para la atención de usuarios en Soriano. La directora de la Red de Atención Primaria (RAP) de ese departamento, adjudicó contratos a dos firmas —integradas por funcionarios de ASSE— por un total anual de $ 298.320.

La ley.

El artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) establece que "están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida".

A su vez, plantea cinco posibles escenarios en los que funcionarios del Estado no pueden presentar ofertas. En el primero, se establece que el funcionario de la Administración no tendrá la posibilidad de hacer ofertas que sean presentadas a título personal "o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia". De todos modos, agrega que en este tipo de casos, "podrá darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación en el proceso de adquisición". Por otro lado, tampoco podrán mantener vínculos contractuales con el Estado aquellas personas que fueron suspendidas o eliminadas del Registro Único de Proveedores del Estado o quienes no están inscriptos. Tampoco lo podrán hacer quienes asesoraron en "pliegues de bases".

Nueva sesión en el Parlamento

En la segunda sesión de la Comisión Investigadora de ASSE en el Parlamento, el diputado de Unidad Popular —miembro convocante—, Eduardo Rubio, realizará hoy un punteo sobre todos los temas a tratar durante un año de trabajo. En la misma se pretenderá investigar toda la gestión de ASSE desde 2008 a la fecha y la denominada estafa al Fondo Nacional de la Salud (Fonasa).

MSP: ley por conflictos de intereses

El Ministerio de Salud Pública presentó la semana pasada dos proyectos de ley: uno sobre el régimen de funcionamiento y gestión en base a proyectos, y otro que propone "clarificar las distintas interpretaciones posibles sobre las normas existentes vinculadas a identificar situaciones que generen eventuales conflictos de intereses entre funcionarios que desempeñan más de una actividad laboral".

En la exposición de motivos de la ley, se indica que "si bien el tema tiene carácter general, la propuesta surge de la preocupación generada en el sector salud donde existen, por las características de la actividad laboral en todo el país, situaciones que ameritan establecer con precisión el alcance de las incompatibilidades existentes". La semana pasada el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo que "se buscan respuestas estructurales en una institución de gran porte, tanto que es la más grande del sector salud de Uruguay, con 30.000 funcionarios, 900 puestos de atención y casi 1,3 millones de usuarios".

Agregó que "hay que profesionalizar la gestión pública, trabajar con metas y objetivos, y ello requiere tomar decisiones en un marco legal obligatorio", puntualizó.

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