Jueces buscan conocer detalles de la actuación de efectivos involucrados.

El asesinato de una mujer que fue testigo de un crimen y la actuación policial en el caso de las dos niñas baleadas en Solymar generaron nuevos choques entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial.

El homicidio de Laura Tarmezano Gómez, a quien se le había retirado la custodia policial dos días antes de que la mataran de un balazo en la cabeza, dio pie a diferentes versiones por parte del ministro Eduardo Bonomi y el juez de la causa, Ricardo Míguez.

Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, se trata de un caso "extremadamente preocupante". Ayer tuvo oportunidad de discutirlo cara a cara con el propio ministro Bonomi. Ambos jerarcas resolvieron investigar cada uno por su lado.

Mientras tanto, el juez de Ciudad de la Costa, Pablo Benítez, resolvió indagar la semana próxima si se cumplieron los protocolos para la atención de policías que ejercen violencia doméstica en el caso del efectivo que baleó a sus hijas y que fue abatido por sus colegas.

El juez Míguez concedió la protección que había solicitado Laura Tarmezano, quien había sido testigo de un crimen en el mes de abril, y pidió a la Policía que se hiciera cargo. Esto ocurrió cuatro días antes de que un hombre se acercara hasta la joven y le gritara: "¡Esto es por alcahueta!", disparándole a la cabeza. La mujer falleció horas más tarde en el Hospital Maciel.

Con ella estaba su hijo de 6 años y dos jóvenes de 23 y 19 años, hermanos entre sí. Uno de ellos fue baleado al forcejear con el atacante y este también resultó herido. El atacante fue arrestado y al ser indagado, señaló que había sido baleado en una rapiña y que prefirió no realizar la denuncia. Ahora el homicidio está a cargo del juez Nelson Dos Santos.

El ministro Bonomi, declaró ayer que en determinado momento la Policía no se pudo comunicar con la testigo que debía cuidar. "Los vecinos informaron que la señora se había mudado. Se le comunicó al juez y él resolvió que si no estaba en la casa, se levantara la vigilancia, lo que los policías estamparon en el cuaderno de novedades de la seccional", dijo el ministro.

El juez Míguez, por su parte, fue contundente: "Yo no dispuse retirar la custodia".

"Cuando me llamaron para darme cuenta del fallecimiento de la señora pregunté cuál era la situación, yo había dispuesto la seguridad y me explicaron que la señora no estaba en el lugar y que se había ido de la casa y que ellos (la Policía) la habían estado buscando y nada más. Sería ilógico que yo retirara una guardia que había dispuesto cuatro días antes", dijo.

El magistrado afirmó que la Policía lo llamó para "levantar la guardia" porque "no tenía sentido" continuarla dado que la mujer no estaba en el lugar ya que había vendido la casa.

"Por el trabajo que realizaba, la señora pidió que la custodia no estuviera en su casa, sino que hubiera un patrullaje mayor en el entorno, cuadras alrededor de su casa. Lo que se hizo. Además, la Policía se comunicaba con ella todos los días", dijo el ministro Bonomi.

Fuentes del caso confirmaron a El País que la mujer se dedicaba al meretricio en "una zona peligrosa". Fue en ocasión de encontrarse desarrollando su trabajo que presenció el crimen por el que declaró.

Los otros dos testigos no tienen custodia policial, uno es un hombre en situación de calle y el otro es un familiar directo de uno de los procesados.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia declaró en el mediodía de ayer que este tipo de situaciones puede atentar contra la investigación en el marco del nuevo Código del Proceso Penal.

"La posibilidad de que el Estado efectivamente asegure la integridad física de quienes sean testigos en hechos protagonizados por personas vinculadas a bandas de narcomenudeo o al crimen organizado, es el resorte indispensable para motivarlas a declarar. Si no podemos asegurar su integridad física, lo más probable es que desestimulemos que se quiera declarar o hacer reconocimientos en audiencia por miedo a sufrir represalias", dijo Chediak.

Bonomi y Chediak se reunieron en la mañana de ayer de manera informal para analizar el caso. Lo hicieron en la sede del Ministerio del Interior durante unos minutos antes de la presentación del Protocolo de Actuación Policial para la atención de niños que tienen a sus responsables privados de libertad (ver página 2).

En esa ocasión ambos jerarcas se comprometieron a investigar la situación por los carriles correspondientes dentro de los organismos que conducen.

Con respecto a la indagatoria por el homicidio de la mujer el caso fue asumido por el juez Nelson Dos Santos quien está de turno en esta semana.

Por su parte el juez Míguez anunció en la tarde de ayer a El País que remitirá los antecedentes del homicidio y su actuación con respecto a la custodia a su colega Dos Santos.

La justicia dispuso que el hijo de la fallecida fuera internado en un hogar del INAU dado que la abuela no concurrió a interiorizarse sobre la situación del menor de edad.

En tanto, se supo que el Poder Judicial comenzó a investigar la actuación de la Policía en el caso del agente que baleó a sus dos hijas y que posteriormente fue abatido por otros efectivos de Canelones.

El magistrado de Ciudad de la Costa, Pablo Benítez, decidió citar para la semana próxima a integrantes de la familia de las niñas baleadas por el efectivo. También convocará a la sede a los policías que tuvieron participación en el procedimiento.

El objetivo del juez es determinar si se cumplió con los protocolos de actuación vigentes para este tipo de situaciones donde los policías ejercen violencia doméstica. Las niñas siguen internadas en el Hospital Policial. La de 5 años irá en los próximos días a sala pediátrica; su hermana de 12 se encuentra en fase de recuperación.

Los jueces que indagan la gestión de los policías que actuaron en el caso de las niñas baleadas y el de la testigo asesinada apuntan directamente a conocer si se cumplieron los protocolos de actuación previstos para los distintos casos. El juez Ricardo Míguez anunció que trasladará todos los antecedentes del caso de la testigo que terminó asesinada al magistrado Nelson Dos Santos. En tanto, el juez de la Costa, Pablo Benítez, citará a la familia de las niñas baleadas y los policías que actuaron en el caso.

El ministro del Interior aseguró al mediodía de ayer que el juez a cargo del caso, Ricardo Míguez, ordenó que se levantara la custodia a la testigo porque la mujer se había ido del lugar que se debía custodiar.

"Los vecinos informaron que la señora se había mudado. Se le comunicó al juez y él resolvió que si no estaba en la casa, y la vigilancia no era efectiva, que se levantara la vigilancia, lo que los policías estamparon en el cuaderno (de novedades de la seccional)", señaló el ministro. Por su parte, el juez Míguez aseguró a El País que nunca ordenó que se retirara la custodia. "Sería ilógico que autorizara retirar una guardia que yo mismo ordené cuatro días antes", dijo.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia declaró que el asesinato de un testigo de un caso de homicidio y en determinado contexto puede "atentar contra la investigación en el marco del nuevo Código del Proceso Penal".

"La posibilidad de que el Estado efectivamente asegure la integridad física de quienes sean testigos en hechos protagonizados por personas vinculadas a bandas de narcomenudeo o al crimen organizado es el resorte indispensable para motivarlas a declarar. Si no podemos asegurar su integridad física lo más probable es que desestimulemos que se quiera declarar o hacer reconocimientos en audiencia por miedo a sufrir represalias", dijo Chediak.

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