NUEVA ETAPA SUMARIAL

Indagan complicidad en vivienda sindical

Tras procesamiento de gestor Milton Díaz, se abre nueva etapa en investigación por estafas.

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Cooperativistas del plan de vivienda sindical ocupan la Agencia de Vivienda. Foto: Archivo

La Justicia Penal citará a declarar al exencargado del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt, Eduardo Burgos, y a otros dirigentes gremiales para determinar si el gestor recientemente procesado Milton Díaz, contaba con cómplices cuando solicitaba anticipos a empresas en el marco del Plan de Vivienda Sindical. Díaz y el también intermediario Roberto Charlo negociaron con empresarios interesados en construir 12.000 casas para trabajadores a un costo de US$ 100 millones.

Los empresarios denunciantes tendrían una ganancia de US$ 3.000 por cada casa construida. A cambio, los dos gestores, que señalaban ser nexo o representantes del Pit-Cnt, exigían anticipos de US$ 300.000 para firmar contratos con las empresas damnificadas.

El martes 13, la jueza penal Graciela Eustachio resolvió procesar con prisión domiciliaria a Díaz por considerar que incurrió en reiterados delitos de estafas cuando negociaba con empresarios en el marco del Plan de Vivienda Sindical.

"Ahora, con el procesamiento, se cerró una etapa. Y se abre otra. Se buscará determinar si hay otras personas involucradas en los delitos de estafas", dijo un operador judicial a El País.

En su dictamen, Eustachio señaló que el expediente será analizado por el fiscal Carlos Reyes, quien podría pedir o no nuevas medidas.

La jueza advirtió que surge del expediente que el representante de la firma Vivamax, Roberto Charlo —hoy fallecido— y el indagado Milton Díaz, quien se presentaba ante las empresas denunciantes como representante o nexo del Pit-Cnt, "utilizaban siempre la misma operativa en el marco del Programa de Vivienda Sindical proyectado por la central obrera".

Mediante exhibición de contratos entre el Pit-Cnt y el Banco Hipotecario y entre el Pit-Cnt y Vivamax, los gestores "le ofrecieron a las empresas denunciantes la construcción de determinado número de viviendas".

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Blanco.

Una de las declaraciones claves en el expediente judicial es la de Charlo, antiguo socio de Milton Díaz.

Poco antes de morir, Charlo testificó ante la jueza Eustachio que, en 2011, hizo los trámites para regresar a Uruguay en la ciudad de Vigo, España. Allí conoció al cónsul honorario de esa ciudad, Jorge Burgos. En esa ocasión, Charlo le comentó que tenía representaciones para Uruguay de casas prefabricadas.

El cónsul le dijo a R.CH.M. que su hermano era presidente de una comisión del Pit-Cnt para la construcción de viviendas sindicales.

Cuando llegó a Uruguay, el gestor se reunió con Eduardo Burgos y Hugo Monza, quienes se encargaban de ejecutar el Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. En el encuentro, el gestor les mostró sistemas modulares de construcción.

Treinta días más tarde, Charlo recibió el llamado de Milton Díaz, un ex militante comunista, quien le transmitió que era representante de la Comisión de Vivienda del Pit-Cnt.

Charlo llegó a un acuerdo con Díaz. "El convenio que teníamos con Díaz era 40% para mi empresa (Vivamax); 40% para el Pit-Cnt por medio de Milton Díaz, y el 20% restante para este último", djio Charlo.

Tras enumerar los anticipos solicitados por Díaz a las empresas constructoras denunciantes, Charlo testificó: "En definitiva relato las empresas y personas que recuerdo por carecer de documentación, que fueron perjudicadas por el Pit-Cnt, por sí o por intermedio de Milton Díaz", señaló.

En otra declaración ante la sede penal, Charlo es indagado por la jueza Eustachio sobre los beneficios que obtenía Burgos por estar al frente del Plan de Vivienda Sindical.

"(Burgos) no obtenía ganancias. Lo que quería era que todo saliera adelante, que los trabajadores tuvieran viviendas. Y él posteriormente como metalúrgico podría realizar trabajos en las viviendas. Él trabaja en ese ramo", dijo Charlo.

Daños.

La Justicia penal investiga cuatro denuncias presentadas por empresas constructoras que pagaron anticipos de hasta US$ 300.000 para concretar negocios.

Además de presentar la denuncia penal, la empresaria Susana Nicodella entabló una demanda civil en 2014. Allí señala que, además del Pit-Cnt, el Ministerio de Vivienda es responsable "por omisión" de su deber de control cuando permitió que autoridades de la central encargadas de la ejecución del Plan de Vivienda Sindical actuaran comercialmente en una "fragilidad jurídica" que "no garantizaba" la seguridad de los inversores perjudicados. Reclamó al Pit-Cnt la pérdida de ganancia por manejo de mano de obra por US$ 750.000; pérdida de ganancias por la venta frustrada de materiales, US$ 1.500.000; por los cheques diferidos entregados se reclama el equivalente a su valor, US$ 300.000; por daños y perjuicios ocasionados a la empresaria, US$ 200.000 y por el daño moral causado, US$ 100.000. El reclamo totaliza US$ 2.850.000.

Nicodella declaró que entregó cheques por US$ 300.000 a Díaz y a Charlo. Esos documentos fueron descontados por prestamistas. Uno de ellos intentó cobrar un cheque por US$ 25.000. Hoy Nicodella está embargada. Los cheques por US$ 275.000 siguen sin aparecer.

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