BUENOS AIRES

"Estado incumplió una obligación" por Derechos Humanos

Así opinó Mirtha Guianze que integra Instituto de DDHH.

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Falta: Uruguay no concurrió a la reunión de CIDH en Argentina.Foto: EFE

La falta de representantes del Estado uruguayo en una reunión en Buenos Aires de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) generó preocupación en diferentes organizaciones vinculadas al tema.

La integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mirtha Guianze, dijo a El País que hay un claro incumplimiento del Estado en la falta a la discusión sobre las amenaza por correo electrónico de un grupo autodenominado "Comando Barneix" a 13 personas entre los que se encontraban exfiscales, abogados y militantes vinculados con la investigación.

"Es preocupación de todos porque el Estado (uruguayo) incumplió una obligación al no comparecer ante la Comisión", dijo Guianze. Explicó que la Comisión recibió una nota de la representación uruguaya en la OEA con una firma que no pudo ser identificada.

"Dice que Uruguay no pudo comparecer y no da ninguna excusa ni argumento del porqué", dijo.

El exdiputado del Frente Amplio, Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia creado por el presidente Tabaré Vázquez al inicio de su segundo mandato, dijo a la agencia de noticias Sputnik que si bien sus integrantes asesoran al gobierno, "en este caso no fueron consultados si había que concurrir o no a la audiencia con la CIDH".

El exlegislador aclaró que la amenaza del "Comando Barneix" no ha entorpecido el trabajo de la comisión.

Por otro lado Guianze explicó la situación sobre el juicio por el llamado "Plan Cóndor"; la causa que investiga en Italia las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar en Uruguay y otros países de América Latina.

Si bien ya hubo un fallo judicial —que dejó disconforme a las organizaciones de familiares de desaparecidos— el fiscal del caso decidió apelar.

"El único que puede apelar es el Ministerio Público, es decir la fiscalía", explicó la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Ese procedimiento ya se realizó y ahora resta un nuevo proceso donde los abogados de las diferentes partes pueden aportar nuevas pruebas e información.

Este proceso es largo, y al menos se extenderá hasta finales de 2018, explicó Guianze. Incluso aclaró que existe la posibilidad de reabrir el debate; eso depende del tribunal.

"Se está haciendo un gran esfuerzo de las partes por conseguir cosas y datos nuevos para mantener el debate e intentar llegar a conclusiones solidas", explicó Guianze a El país.

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