Habrá apoyo para los comercios de pueblos pequeños.

El gobierno anunció el lanzamiento de un plan de subsidios no reintegrables para que los pequeños comercios de localidad de más de 500 habitantes puedan actuar como corresponsales financieros donde se realicen retiros de efectivo y el pago de facturas públicas.

En una primera etapa el plan alcanzará a 95 localidades que suman una población de 143.000 personas. Se otorgará un subsidio no reintegrable de hasta US$ 2.500 para la adquisición de los equipos que sean necesarios. El subsidio tendrá como tope el 75% de la inversión necesaria, explicaron ayer en la Torre Ejecutiva el ministro de Economía, Danilo Astori, el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García y el director de la Agencia Nacional de Desarrollo, Martín Dibarboure. Astori aseguró que ya se trabaja en una solución para los centros poblados de menos de 500 habitantes.

El ministro explicó que se apunta a incorporar la inclusión financiera en los sectores humildes con flexibilidad. "El Uruguay y el mundo van para ahí. La sociedad está afín con ese proceso. Se quiere que este cambio cultural sea acompañado por la sociedad", señaló.

El corresponsal financiero es una figura creada bajo el paraguas de la política de inclusión financiera que comenzó a aplicarse durante la presidencia de José Mujica (2010-2015).

Según lo establecido por el Banco Central del Uruguay (BCU) en 2013, pueden ser corresponsales financieros aquellas instituciones que realicen servicios "por cuenta y responsabilidad" de bancos, administradoras de crédito, empresas de servicios financieros y casas de cambio "como actividad complementaria a su actividad principal". La corresponsalía —que deberá contar con la aprobación del BCU— estará autorizada para prestar servicios como envío y recepción de giros y transferencias y cobranzas y pagos, entre otros.

El comerciante no tendrá por qué hacer la gestión ante el BCU, sino que podrá firmar un contrato con un administrador que lo habilitará a funcionar como corresponsal.

El subsidio tendrá un rango que irá desde un piso del 20% de la inversión inicial (en localidades de más de 5.000 habitantes) hasta un máximo de 75% (para aquellas que tengan entre 500 y 1.000 personas). El gobierno tiene como expectativa que dentro de un año los servicios que se quiere impulsar estén disponibles en todas las localidades para las que fue diseñado el plan.

Los trabajadores en relación de dependencia que desempeñen actividades en áreas rurales o localidades con una población menor a los 2.000 habitantes que no tengan puntos de extracción de efectivo podrán seguir, por ahora, cobrando sus salarios a través del medio de pago de su elección, según un decreto reciente del Ministerio de Economía y Finanzas.

En un principio, esta posibilidad quedaba sin efecto el 30 de abril pasado, pero luego se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2017. Esto también rige para beneficiarios de programas sociales y pasivos.

El gobierno explica que decidió dar prioridad a las localidades que presentan una mayor distancia a los puntos de cobro y también a las más pequeñas. Allí estarán enfocados los subsidios porque se busca mitigar el costo fijo importante que supone el equipamiento en lugares con un volumen de transacciones pequeño que dificulta repagar el costo de la inversión.

Las redes de cobranza Abitab y Redpagos son algunos de los administradores con los que los comercios interesados podrían acordar para empezar a brindar servicios de corresponsal. Otros —como la red de cobranza focalizada en el interior Urupago y la plataforma para el canal minorista Scanntech— ya pidieron la autorización al BCU para volverse administradores.

Parte de la oposición y algunos centros comerciales del interior están cuestionando algunos aspectos de la ley de inclusión financiera. Impulsan una recolección de firmas para que se plebiscite una reforma constitucional que establecería que ningún aspecto vinculado a la inclusión financiera podrá ser obligatorio. Los impulsores de la reforma señalan que no tienen intención de poner en riesgo contratos de interés general como los seguros automotores. El gobierno se lanzó a difundir intensamente lo que considera son los beneficios de la inclusión financiera.

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