Sistemas sanitarios que se inundan, problemas eléctricos y paredes finas, señala informe.

Instalaciones sanitarias defectuosas que provocan inundaciones, sistemas eléctricos que no soportan la potencia requerida por los hogares, paredes fácilmente vandalizables y aberturas inadecuadas. Esas son las principales conclusiones que plantea el Grupo de Trabajo creado por el INAU para analizar las obras de refacción realizadas en los hogares Colibrí, Centro de Privación de Libertad (Ceprili) y Centro de Ingreso, Estudio y Derivación (Cied).

El informe, fechado el 11 de marzo de 2016, fue presentado al Directorio del INAU pocos meses antes de que el Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa), ex Sirpa, saliera de la jurisdicción del Instituto. El miércoles 8, el Inisa se transformó en un organismo desconcentrado.

El Grupo de Trabajo señaló que las propuestas de las empresas constructoras "no cumplieron con requisitos mínimos" sobre instalaciones eléctricas y sanitarias que están especificadas en normas departamentales vigentes. "Las propias propuestas arquitectónicas de las empresas no consideraron especificaciones mínimas en cuanto a normas de instalaciones o dimensiones para habitabilidad. Incluso en algunos casos, los planos de obra construida no coinciden con lo propuesto originalmente", señala el documento, al que tuvo acceso El País.

El Grupo de Trabajo advirtió al Directorio del INAU que existen "vicios de construcción aparentes" en los tres hogares como mala resolución de las pendientes de pisos que provocan inundaciones, filtraciones de agua en las cubiertas, instalaciones eléctricas de mayor tensión que la solicitada a UTE en los propios dormitorios de los menores.

Pese a los incumplimientos, las empresas constructoras solicitaron al Directorio del INAU que les pague costos adicionales de obras. Dicho cuerpo decidió desestimar esas solicitudes e intimar a las compañías a terminar las obras en un plazo de 10 días.

Ubicado en Bulevar Artigas 3294, este centro sufre "vicios aparentes" en el sistema constructivo adoptado y realizado por la empresa Calpusa. Las paredes constan de paneles "sandwich" integrados por dos parámetros de hormigón llenado en sitio de siete centímetros de espesor cada uno y alma forrada por chapas de poliestireno expandido. "Dicho sistema de cerramiento puede funcionar si el proceso de construcción es óptimo, cosa que no sucedió en este caso", señala el Grupo de Trabajo del INAU en su informe.

El documento agrega que se detectaron varios puntos en los que, en el proceso de llenado de hormigón, las planchas interiores de poliestireno se movieron de lugar.

Ello, señala el informe, determinó que el parámetro de hormigón resultante fuera de "poco espesor" y de "fácil ataque" por parte de adolescentes internados, quienes realizaron boquetes posteriores que posibilitaron la obtención de huecos en las paredes.

Los técnicos que integran el Grupo de Trabajo también constataron que el contrato preveía paredes macizas y no el uso de poliestireno.

Este hogar del Inisa se sitúa en la avenida José Belloni 3888.

El documento del Grupo de Trabajo advierte que en este establecimiento hay "vicios evidentes y patologías constructivas" que, a la fecha, deberían haber sido subsanadas por la empresa responsable.

"El Grupo de Trabajo entiende que se debería levantar un acta a efectos de rescindir en forma unilateral el contrato", señala el informe. Agrega que la misma debería contener las obras que faltan por hacer y el estado actual de los trabajos de refacción ya realizados. Luego, se debería proceder a ejecutar las garantías presentadas por la empresa en la licitación para dicha obra.

"Sin perjuicio de que el INAU debe ser considerado como un acreedor de dicha empresa por los montos que impliquen las reparaciones que se deben efectuar para dejar a este establecimiento en condiciones operables", advirtió el Grupo de Trabajo.

El documento también enfoca otros aspectos y sostiene que, en las refacciones en los centros Ceprili y Colibrí, las empresas intervinientes "han incurrido en una serie de incumplimientos" tanto en la definición de las soluciones adoptadas como en la realización de las obras que presentan "numerosas patologías y apartamientos" a las especificaciones para este tipo de programas.

Destaca que algunas de las "intervenciones fallidas" de las empresas, que merecieron observaciones oportunadamente y en las auditorías realizadas, son de "tal entidad" que en caso de de poder practicarse requerirían "ajustes muy importantes" a la obra realizada.

El Grupo de Trabajo considera en su informe que cabe una responsabilidad "muy grande" a las empresas constructoras involucradas en las obras que determinaron, entre otras cosas, la "imposibilidad" de recepción final de las construcciones y, por consiguiente, las "dificultades" de utilización de los edificios para los fines para los cuales fueron pensados. Es decir, no están aptos para alojar a menores.

El miércoles 8, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi dijo que había recibido las conclusiones de una auditoría de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte referida al mal estado de los hogares de la Colonia Berro y de Montevideo.

Consultada por El País, Arismendi dijo que analizará junto con el Ministerio de Transporte la presentación de una denuncia penal contra la administración anterior del ex Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).

La novel directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (ex Sirpa), Gabriela Fulco dijo a El País que son "negativos" los datos brindados por la auditoria del MTOP sobre las instalaciones de varios hogares. "La auditoría concluyó que las edificaciones Son obsoletas y no permiten desplegar problemas de rehabilitación de menores", dijo.

INFORME TÉCNICOEDUARDO BARRENECHE