POLÍTICAS SOCIALES

INAU: cierre de centro deja a 55 jóvenes sin cobertura

Trabajadores exigieron auditoría de Educación Solidaria.

Trabajadores denunciaron que "hubo días en que a los CAIF faltaba la comida. Foto: Archivo
Trabajadores denunciaron que "hubo días en que a los CAIF faltaba la comida. Foto: Archivo

La crisis de la ONG Educación Solidaria terminó del peor modo: uno de los dos centros juveniles que atiende esta organización dejará de funcionar el 30 de septiembre y 55 adolescentes quedarán sin la cobertura —léase sin la alimentación, talleres de arte, recuperación liceal y recomposición de vínculos familiares.

El viernes pasado hubo una reunión tripartita en la sede del Ministerio de Trabajo, con la idea de acordar una transición por el fin del ejercicio de esta ONG, la que atiende cinco CAIF y otro centro juvenil (además del que cierra), y la que no "estaba cumpliendo con sus obligaciones", cuestionó el sindicato de trabajadores de la educación privada (Sintep).

En esa misma reunión, los diez trabajadores del centro juvenil La Frontera, ubicado en el Empalme Nicolich, se enteraron de que las autoridades del INAU optaron por cerrar ese proyecto. La justificación es que "el edificio está en muy malas condiciones (con posibilidad de derrumbe en una de sus partes) y no se encontró ninguna ONG que quiera asumir el desafío", narró Matías Gallardo, secretario de Seguridad y Salud Laboral de Sintep. Y se quejó: "¿Cómo puede ser que se dieran cuenta ahora cuando se viene reclamando hace tiempo? No tienen respuesta".

Los trabajadores tampoco han tenido respuesta sobre si, además de problemas de gestión, hubo delitos en el manejo de fondos públicos. "Hubo CAIF a los que no llegó la comida ni los productos de limpieza porque no se les ha pagado a los proveedores, sin embargo el INAU sí giró ese dinero a los administradores de la ONG", explicó Sergio Sommaruga, secretario general de Sintep.

Solo por un CAIF y un centro juvenil el INAU le transfiere a Educación Solidaria 1 millón de pesos al mes. "Eso es suficiente para pagar a los trabajadores en fecha, cosa que no se hace, y para cubrir los gastos", señaló Gallardo. Por eso el sindicato exigió una auditoría (más allá de revisar las boletas), y que quede registrada la ONG y sus directivos en una lista negra.

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