Bancada del Frente Amplio acusó a ministro del Tribunal de Cuentas de “irresponsable” y de “generar alarma”.

El Frente Amplio y el Partido Nacional presentaron en la Junta Departamental sus respectivos informes sobre la polémica compra de un inmueble destinado al Laboratorio de Regulación Alimentaria de la Intendencia. La comisión que venía investigando el tema abandonó su trabajo abruptamente luego que el oficialismo aprobó la comparecencia del intendente Daniel Martínez y se arrepintió después. La oposición abandonó entonces la investigadora de un portazo, al entender que el FA no propició las condiciones como para que se esclarecieran los hechos. De todos modos, el edil denunciante, Diego Rodríguez Salomón, confirmó ayer a El País que la bancada del Partido Nacional elevará los antecedentes a la Justicia en el correr de este mes.

Según el informe en mayoría, presentado en Sala por la edila frenteamplista Adriana Barros, no surgen dudas que el procedimiento licitatorio se ajustó a Derecho.

El FA también acusó de "irresponsable" al ministro del Tribunal de Cuentas Ruperto Long y reiteró su molestia porque el intendente Martínez se haya enterado de las observaciones del organismo de contralor a través de El País.

La edila Barros recordó que Long, en declaraciones posteriores a Radio Carve, dijo que "hay algo muy llamativo, se compra un inmueble por el doble de su valor".

"Este mismo argumento ha sido usado y repetido reiteradamente tanto en comisión, en esta Sala, como en sendas declaraciones de prensa del edil denunciante", agregó.

"Esta consideración resulta incomprensible, al provenir de parte de un ministro integrante de un organismo de contralor, puesto que utilizó de forma improcedente la información privilegiada que disponía, no solo afectando la credibilidad de la IMM, colocándola en un estado de desigualdad ante la opinión pública, sino que concomitantemente generó irresponsablemente una situación de alarma al pretender sembrar un manto de duda respecto del accionar del Eje-cutivo Departamental", cuestionó la edila.

El negocio de US$ 1.490.000, como se recordará, fue dejado sin efecto por el intendente Martínez por los cuestionamientos negativos y la repercusión mediática que tuvo el tema. La propiedad que la Intendencia se había comprometido a comprar pagando esa cifra había sido vendida dos días antes por la mitad del precio.

"Es cardinal establecer que el negocio entre privados se trata de un asunto jurídico ajeno a la Administración y fuera del control de la misma", señala el informe del oficialismo. Y agrega que la oposición pretendió "hacer de esto un circo político mediático al que no nos prestaremos los representantes del Frente Amplio".

El informe en minoría, presentado por el edil del Partido Nacional Javier Barrios Bove, recuerda que fue el propio Tribunal de Cuentas el que establece que es necesario "denunciar a la Junta Departamental de Montevideo" la compra del inmueble de la calle Penco.

"Esas son las palabras que usa el Tribunal. Nos gustarán o no, pero es un órgano de contralor independiente, que se instituyó de determinada forma en la Constitución de la República y que por unanimidad acordó eso. Entiendo que lo que hizo el edil denunciante fue, simplemente, tomar el punto 2° de la resolución, que refería a denunciar ante la Junta", destacó Barrios Bove.

"Con respecto a las declaraciones públicas del señor ministro del Tribunal de Cuentas, yo no sé por qué las hizo y no voy a juzgar si estuvo bien o mal. Ahora, se dijo: antes de que el intendente tomara conocimiento, colocando de esta forma al mismo en un estado de desigualdad ante la opinión pública. Yo puedo decir que eso pasa todos los días con la Junta Departamental. Sin ir más lejos, la otra vez se anunció un superávit, se llamó a conferencia de prensa y se anunció antes de que viniera la Rendición de Cuentas acá. Nosotros no tenemos los argumentos para decir si es verdad, o para rebatirlos. La oportunidad es una y no se hizo. Entonces, decir que una declaración en la prensa pone en indefensión al señor intendente me parece algo fuera de lugar", sentenció el edil de Alianza Nacional.

Desde la bancada de Edgardo Novick, el edil Roberto Gossi consideró que "se perdió una hermosa oportunidad de aportar para la mejora del proceso licitatorio y de compras de la Intendencia de Montevideo".

"Este proceso de investigación lamentablemente quedó trunco. Es una lástima que no pudiéramos llegar a establecer las causas de las fallas administrativas que evidentemente ocurrieron y fueron constatadas. La primera (falla) es que nadie le avisó al intendente o a algún jerarca que se había hecho una compraventa por la mitad del precio unos pocos días antes de suscribirse el acto. Ahí tendría que haber avisado el escribano a cargo, por su doble condición de profesional responsable y porque además la Escribanía de la Intendencia rubrica protocolos ante la Suprema Corte de Justicia y tiene responsabilidad legal de informar en debida forma qué está sucediendo", indicó Gossi.

El intendente Daniel Martínez puso su firma a la compra del inmueble el 16 de febrero de 2017, aceptando la oferta de US$ 1.490.000. El bien había sido vendido dos días antes por la mitad de ese precio.

El Tribunal de Cuentas hizo observaciones al proceso licitatorio, en el que hubo un solo oferente. La oposición sugirió, en base a ese informe, que el pliego de la licitación fue "hecho a medida".

Uno de los reclamos de la oposición fue que el expediente no se envió a la Junta Departamental para su análisis. La Intendencia salió a aclarar que podía hacerlo después. De todos modos, en el documento del 16 de febrero se lee claramente que "el intendente de Montevideo resuelve adjudicar la licitación pública N° 318045/1". La resolución no refiere al envío del expediente a la Junta, tampoco al Tribunal de Cuentas de la República.

El intendente Martínez conformó un grupo de trabajo para investigar el tema, compuesto por directores de primera línea de su gabinete. El expediente también siguió un trámite administrativo dentro de la Intendencia.

En la Junta Departamental se formó una investigadora que se truncó porque, según la oposición, el FA no quiso avanzar.

PARTIDO NACIONAL CONFIRMA QUE HARÁ LA DENUNCIA