Durante el último año de gestión de Ana Olivera, la Intendencia de Montevideo tramitó 860 juicios, 406 de los cuales tienen contenido económico.

El nuevo intendente, Daniel Martínez, le reiteró la confianza al director de Jurídica, Ernesto Beltrame, quien continuará en el cargo durante otros 5 años. El máximo logro de su gestión fue ganarle, el año pasado, un juicio laboral a Adeom por casi US$ 40 millones. De todos modos, la comuna enfrenta demandas por otros US$ 195 millones.

Según un informe de la Asesoría Jurídica enviado al contador general de la Intendencia, Alejandro Lasalvia, al encontrarse la mayoría de los juicios en trámite, no es posible estimar eventuales importes a pagar, ya que todos se encuentran en la primera y/o segunda instancia, y algunos de ellos en etapa de casación ante la Suprema Corte de Justicia, desconociéndose si finalmente las sentencias a recaer serán favorables o contrarias a la Administración.

"El juicio más grande que teníamos era el del convenio con Adeom, de US$ 50 millones, pero esa demanda terminó. Quedan todavía juicios del convenio por unos US$ 10 millones, pero de esos no se perdió ninguno hasta ahora. En todos los que llegaron a casación, la Corte nos dio la razón a nosotros", explicó ayer Beltrame a El País.

La cifra de juicios que enfrenta la Intendencia, correspondiente a su último Balance de Ejecución Presupuestal (2014), prácticamente triplica la del ejercicio anterior. Beltrame indicó que el principal motivo son las expropiaciones que ha hecho la Intendencia, en las que la contraparte reclama "mucho más" que lo establecido por la tasación. Estas expropiaciones son básicamente para la futura Unidad Alimentaria y para la Zona de Actividad Logística (ZAL).

En junio del año 2014, la Suprema Corte falló a favor de la Administración en una multimillonaria demanda de Adeom. El director de Jurídica advirtió que un fallo en contrario habría comprometido las obras de la actual administración.

"Es una tranquilidad tremenda. Es como una espada de Damocles que nos sacamos de encima", opinó Beltrame.

El reclamo se inició durante la administración del exintendente Mariano Arana y forma parte de un conjunto de millonarias demandas que, en buena medida, los montevideanos ya pagaron a Adeom durante el período del exintendente Ricardo Ehrlich.

Miles de trabajadores de la Intendencia iniciaron juicios por el 1% de recuperación salarial a partir de octubre de 2003 y por otro 1% a partir del mismo mes de 2004. La demanda continúa teniendo coletazos en estos días (ver nota aparte).

Los aumentos estaban sujetos a una "mejora de gestión" que nunca se concretó, según Beltrame porque "Adeom en su momento rechazó la mejora en una asamblea". "Había una cláusula en el convenio laboral del año 2001 en donde si se introducía la mejora de gestión, y si se daban los indicadores, el aumento se iba a dar como contraprestación", explicó el director de Jurídica.

Los municipales tienen una visión muy diferente. La expresidenta de Adeom, Elena Lequio, dijo en junio del año pasado a El País que "lo que el sindicato rechazó fue que la mejora de gestión, que costaba US$ 3 millones, fuera pagada mediante un convenio con el BID".

"Lo que nosotros decíamos, y consta en actas, era que la podía pagar la Intendencia con sus propios recursos, nunca nos opusimos a la mejora de gestión en sí", destacó Lequio.

"Beltrame debería informarse mejor", concluyó molesta la sindicalista.

Por cuatro votos a uno, la Suprema Corte desestimó el reclamo del sindicato municipal. Para el máximo órgano de la Justicia uruguaya, el Tribunal de Apelaciones —que le dio la razón a Adeom— "incurrió en una errónea interpretación del convenio celebrado", al entender que el reajuste establecido en la cláusula segunda fue "lisa y llanamente una mejora salarial".

Otra de las demandas que enfrenta a la IMM con Adeom es la que tiene que ver con la muerte del funcionario Luis Bustabad, quien se accidentó en la Usina 3 de Limpieza de Camino Corrales y Callao. Beltrame explicó ayer que este juicio es "por unos US$ 400.000". "En la esfera civil se hizo conciliación y no se ha presentado demanda. En materia penal, lo que sabemos es que se hizo la denuncia y se ha diligenciado prueba, pero ahí nosotros no tenemos participación", precisó.

La sombra del juicio entablado por el segundo oferente mejor puntuado durante la licitación del Hotel Carrasco (Dongara S.A.) sigue acechando a la IMM.

Esta demanda busca la "nulidad" del acto administrativo por el cual se concedió el histórico hotel a la firma Carrasco Nobile S.A., aunque Beltrame explicó que de perderla, la comuna podría enfrentar otra acción "reparatoria" por unos US$ 80 millones. "Todavía no está la prueba certificada en el Tribunal; yo pensé que iba a terminar bastante antes. La semana pasada se libraron algunos oficios pidiendo alguna documentación, yo calculo que por lo menos se nos va todo 2015 con eso", indicó el jerarca.

Durante el último año de gestión de Ana Olivera, la Intendencia tramitó 406 juicios con un contenido económico cercano a los US$ 200 millones. Algunos se encuentran en la primera y/o segunda instancia, y otros en etapa de casación ante la Suprema Corte de Justicia. La mayoría de los juicios (por US$ 150 millones), son en Unidades Reajustables. Esto se explica, según el director de Jurídica de la Intendencia, Ernesto Beltrame, por demandas de propietarios de terrenos que han sido expropiados por la Administración.

Hace algunos meses, Adeom resolvió acudir a la Justicia internacional (el Comité Interamericano de Derechos Humanos) tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia que desestimó la reclamación realizada por más de 4.500 municipales, derogando una sentencia favorable a estos emitida por la unanimidad de los integrantes del Tribunal de Apelaciones.

El juicio fue iniciado en julio de 2008 bajo el patrocinio del abogado Daniel Och, en reclamo del cumplimiento por parte de la Intendencia de los incrementos salariales por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) de 1% en octubre de 2003 y otro de 1% correspondiente a octubre de 2004, que fueran acordados en el convenio salarial firmado en 2001 durante la administración del arquitecto Mariano Arana, hoy edil de Montevideo.

Ante estos hechos, Adeom y el doctor Ochs entendieron que la sentencia de la Suprema Corte constituye "una flagrante violación a los derechos humanos de los trabajadores municipales" y que había mérito para plantear la situación ante la Corte Interamericana de DD.HH. Para ello, se decidió solicitar el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés). La Suprema Corte aceptó como válido y fundamentó su fallo en el testimonio de María Julia Muñoz, hoy ministra de Educación y Cultura, quien era secretaria general de la IMM en aquella época y —según denunció la lista 1980 de Adeom— "protagonista principal en la violación del convenio de 2001".

El Cejil patrocinó exitosamente la demanda de la familia Gelman contra el Estado uruguayo. Se trata de una organización sin fines de lucro que no percibe honorarios por los servicios que presta y que tiene oficinas en Buenos Aires, Río de Janeiro, San José de Costa Rica y Washington D.C.

Casi el triple que hace un año; pendientes demandas de Adeom y Hotel Carrasco