APOYO FINANCIERO

IMM gestiona préstamo de US$ 18 millones del BID

Son para movilidad y necesita votos de la oposición, que ya los ha negado.

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Centro de gestión: se colocaron dos paneles informativos en la rambla. Foto. F. Ponzetto

En las próximas horas ingresará a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto redactado por la Intendencia para endeudarse con el BID por otros US$ 18.250.000. La comuna sumará una contrapartida de US$ 3.100.000, todo lo cual pretende volcar en la segunda parte del Programa de Transporte Urbano de Montevideo.

Según el proyecto de decreto, al cual accedió El País, los objetivos del programa son "mejorar la calidad de la intervención del sector público en la identificación e implementación de soluciones de movilidad para la ciudad" y "disminuir los tiempos de viaje en los principales corredores viales de la ciudad y la emisión de gases de efecto invernadero por parte de vehículos particulares y de transporte público mediante el uso de ITS" (Intelligent Transportation Systems, como se conoce al conjunto de aplicaciones y sistemas tecnológicos creados con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia en el transporte terrestre).

En 2014, la Intendencia gestionó un préstamo mucho más ambicioso ante el BID para continuar con las obras de su Plan de Movilidad, el cual no pudo cobrar por falta de votos de la oposición. El préstamo era de US$ 70 millones y el programa contenía una contrapartida local de US$ 12 millones. Pero los fondos externos nunca llegaron: el Frente Amplio necesitaba 4 votos de la oposición en la Junta Departamental para la aprobación del endeudamiento y solamente obtuvo 2.

Esto literalmente dejó a la Intendencia sin dinero para continuar con su plan de obras de movilidad. Apenas si pudo culminar el ensanche de Bulevar Artigas, que se encontraba dentro de la contrapartida de dinero local.

Luego de negar sus votos al préstamo BID para las obras de movilidad, la oposición (ya en el actual período de gobierno) volvió a condicionar el endeudamiento de la Intendencia.

El Fondo Capital (que en campaña Daniel Martínez anunció que sería de US$ 500 millones) fue presentado por un monto de US$ 250, de los cuales la oposición (por acuerdo con el líder del sector mayoritario, Edgardo Novick) aprobó solamente US$ 94 millones.

"Revisión".

Aunque los ediles todavía no pudieron comenzar a estudiar el proyecto de decreto, sí recibieron hace algunos días en sus despachos un detalle de los gastos que pretende hacer la Intendencia.

El documento señala que se gastarán US$ 4.500.000 en la "revisión del Plan de Movilidad Urbana", lo cual incluye "estudios técnicos, diseños ejecutivos de proyectos de transporte y un programa de capacitación".

En la previa a la discusión esto ya genera rechazo en la oposición, a juzgar por lo señalado por el edil de Alianza Nacional Javier Barrios Bove.

"Martínez había dicho que no iba a tomar préstamos del BID, que todo su endeudamiento iba a ser a través del Fondo Capital. Y acá está pidiendo un préstamo BID. Como todos estos préstamos, no lo va a pagar él, porque tiene 3 o 4 años de gracia por lo menos. Queremos saber cómo se repaga esto", señaló el edil.

"Lo de los US$ 4,5 millones en consultorías para ver qué fue lo que hiciste mal no te lo llevo. Esto nos confirma que ellos empezaron a ejecutar el Plan de Movilidad, gastaron toda la plata y ahora se quedaron sin nada. Por eso están desesperados para, entre otras cosas, seguir adelante con el Centro de Movilidad, porque de los 170 cruces semaforizados que pretendieron coordinar, hasta ahora solo se incluyeron 45", agregó el edil Barrios.

Como informara El País, los dos motivos principales por los cuales los ediles de la oposición no dieron sus votos para el anterior préstamo fueron que la IMM "nunca los escuchó" y el "fracaso rotundo" del Plan de Movilidad, que incluyó polémicas inversiones como el Corredor Garzón y la Terminal Colón.

Centro de gestión.

El detalle de gastos del nuevo préstamo solicitado (y que el BID ya aprobó) incluye US$ 13.500.000 para el Centro de Gestión de la Movilidad (CGM), de los cuales US$ 3.100.000 representan la contrapartida local. A su vez, se incluyen US$ 250.000 para la realización de una auditoría.

El apartado correspondiente al CGM incluye una primera etapa de "coordinación semafórica" de US$ 8.500.000, una segunda que continúa la primera y avanza sobre "un sistema de gestión de transporte público" (de US$ 4.700.000) y la "elaboración de planes semafóricos y perfeccionamiento del análisis económico" (de US$ 250.000).

En base a los datos que recabará el CGM, en unos dos meses será posible aplicar "modelos" informáticos de circulación para mejorar el tránsito en los horarios "pico", informó a El País el director de la nueva repartición municipal, Boris Goloubintseff. En tanto, en unos 10 días la IMM podría comenzar a aplicar multas utilizando las cámaras y sensores que ya instaló en la rambla.

Aunque la previsión presupuestal enviada por la Intendencia a la Junta habla de un aumento de 50% en la recaudación por multas durante el primer año, en otros países la puesta en marcha de centros de gestión similares ha incrementado los ingresos en hasta 400%.

Cada mañana entre 2.000 y 2.200 vehículos circulan cada hora por la rambla en dirección al Centro, y en al caer la tarde lo hacen entre 2.800 y 3.000 hacia el Este, según los primeros datos aportados por el CGM.

Amortizable a 25 años.

Si la Junta Departamental da sus votos, la Intendencia firmará un convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para recibir el préstamo que ya fue aprobado en el BID.

En garantía de cumplimiento de las obligaciones, el MEF podrá debitar los montos adeudados de las transferencias que el Poder Ejecutivo le hace a la Intendencia.

Los fondos provenientes del contrato préstamo se depositarán en el Banco Central y el MEF solicitará a esta institución la apertura de una cuenta corriente especial.

El plazo de utilización del préstamo es de 4 años y la amortización se hará a 25 años mediante cuotas semestrales y consecutivas, comenzando los pagos de las mismas a los 5 años y 6 meses de la suscripción del contrato.

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