Director de Jurídica convocó a sala de abogados que sugerirá acciones a seguir

IMM evalúa trancar a Uber por la vía judicial

Tras el anuncio de la empresa Uber de que podría comenzar a operar en Montevideo "en unas dos semanas", la Intendencia salió al choque y anticipó que no hará fácil su desembarco. Como dio cuenta El País, más de 2.500 personas se postularon para ser "socios conductores" de Uber: un trabajo de choferes con vehículos particulares, en una ciudad en la que hay 3.145 taxis, 1.528 ómnibus y 326 remises.

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La IMM dice que, como reguladora, puede negar la autorización al nuevo sistema. Foto: AFP

Uber no se presenta como una empresa de transporte público, sino de tecnología, que por medio de una aplicación informática facilita acuerdos de "economía colaborativa" entre particulares.

Pero la Intendencia de Montevideo tiene una visión distinta. Además de ser fiscalizadora del transporte público en la ciudad, también es la reguladora. Actualmente la IMM no tiene a la venta nuevas chapas de taxis porque considera que el número que hay en el mercado es el adecuado. Y no habilita nuevas compañías de ómnibus porque entiende que cinco son más que suficientes.

El director de Jurídica de la Intendencia de Montevideo, Ernesto Beltrame, explicó a El País que convocó para la tarde de hoy a una sala de abogados, para tratar el tema de Uber. Luego de la reunión, realizará un informe para el intendente Daniel Martínez.

"Si yo mañana me traigo 10 ómnibus, no puedo tener una compañía. Tampoco es solamente cuestión de tener un seguro; no es lo mismo lo que paga un coche común, particular, que uno afectado al transporte público. Se paga mucho más, la cobertura es mayor y el que maneja tiene una obligación de resultado. Son otras obligaciones", advirtió Beltrame.

Tras lanzarse la convocatoria a aspirantes para "socios conductores" de Uber, el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, dijo que esta aplicación "ha causado daño" en Europa y Estados Unidos y que es algo que "debería preocupar a algunas instituciones del Estado". La polémica continuó ayer en un debate radial (ver página B2).

La empresa

La directora de Comunicación de Uber para el Cono Sur, Soledad Lago Rodríguez, dijo a El País que la firma no infringe ninguna ley porque "no es una empresa de transporte, sino de tecnología, que funciona como intermediaria", al igual que otras en el mundo de la compraventa online, arrendamientos de inmuebles o negocios de telefonía por internet.

La persona que quiera ser "socio conductor" de Uber deberá por sí hacer los aportes impositivos y a la seguridad social. Y tendrá que contratar un seguro de responsabilidad civil.

"El grueso de los ingresos asociados a Uber se queda en el país, porque el 75% de cada viaje va al socio conductor. Como trabajador independiente, porque no es empleado de la compañía, él es responsable de tributar de acuerdo a la ley local", explicó Lago, quien sostuvo además que la firma "se constituye como empresa (de tecnología) en todos los mercados en donde opera, y es competente con la ley de impuestos de cada lugar. Vamos a pagar los impuestos que tengamos que pagar".

Anticipándose.

Ante la posibilidad del desembarco de Uber y de otras aplicaciones como Airbnb, que permite publicar y alquilar propiedades, el Poder Ejecutivo incluyó un artículo en el Presupuesto Nacional que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, tras pasar prácticamente desapercibido en su análisis en Comisión.

El artículo 711 (originalmente ingresó como 675 pero fue desplazado por agregados que tuvo el Presupuesto) establece la responsabilidad solidaria por las obligaciones tributarias de quienes intervengan "directa o indirectamente en la oferta o demanda de servicios de transporte terrestre de pasajeros que no estén debidamente habilitadas para el desarrollo de tal actividad", a través de cualquier medio, "incluida la utilización de aplicaciones informáticas".

El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a El País que se trata de un artículo de la sección Recursos del Presupuesto que "tuvo un tratamiento muy a vuelo de pájaro porque fue al final de la comparecencia de Pablo Ferreri (ministro interino de Economía). Aunque quien explicó el alcance del artículo fue el contador Fernando Serra", director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía.

"Se aprobó con los votos del Frente Amplio; nosotros no lo votamos porque todo el capítulo de Recursos nos generó muchas dudas. Detectamos allí que hay otras disposiciones que crean impuestos, que cambian la base de cálculo del IRAE por el tema de las deducciones; eso venía medio escondido. Después está el otro tema de que incluyen a los ópticos y a las librerías que facturan por debajo de determinado nivel, que estaban exoneradas y que ahora deberán pagar un impuesto. También hay modificaciones a la Ley de Concursos para que los créditos fiscales tengan preferencia frente a otros créditos. Este capítulo venía medio contaminado, con varias disposiciones que no votamos", indicó Abdala.

"En este caso, lo que nos parecía, por el tema del alojamiento turístico sobre todo, era que el artículo era de una indeterminación y una amplitud que podía generar una responsabilidad solidaria que quedara simplemente a criterio de la administración", dijo el legislador.

El gobierno.

Ante la preocupación del diputado Jorge Gandini (PN), también miembro de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el director de la Asesoría Tributaria del MEF explicó que en el marco de la llamada "economía digital" se encendió una luz de alerta por actividades "que ya se implementaron en otros países y que se llevan a cabo a través de las aplicaciones que hay para celulares o equipos informáticos, que vinculan a dos personas para la prestación de determinados servicios".

Gandini preguntó si quienes hacen de intermediaros deberán asumir obligaciones de terceros. Citó concretamente los casos de Mercado Libre, la actividad de las inmobiliarias a través de páginas web y los avisos clasificados de El País.

"Me imagino que quien vaya a un lugar a poner un aviso ofreciendo un servicio de transporte o un servicio de alojamiento deberá acreditar que tiene el registro, en tiempo y forma, ya que de lo contrario sería responsable el diario o la empresa de Internet que toma y cobra por esa intermediación. ¿Es así? ¿Eso es lo que se busca?", se preguntó el legislador de Alianza Nacional.

El contador Fernando Serra respondió que "toda actividad desarrollada de manera ilícita estaría condicionando la responsabilidad solidaria del prestador de las aplicaciones" y que "al estar relacionado (el artículo) solo a entidades no residentes, queda claro que estas no quedarían comprendidas".

Uber no tiene oficinas en Uruguay, pero según sus anuncios, está dispuesta a tenerlas en poco tiempo.

Tarjetas como agente de retención

Guillermo Sena, abogado tributarista del estudio Posadas, Posadas & Vecino, opinó que si Uber utiliza las tarjetas de crédito para hacer efectivos los cobros, “eso puede darle pie al Poder Ejecutivo para designar a las tarjetas como agentes de retención o como responsables por obligaciones tributaras de terceros”.

“Así como está planteado, el artículo del Presupuesto que refiere a este tema es bastante amplio, porque habla de cualquier entidad, residente o no, que intervenga directa o indirectamente en la oferta o la demanda. Es tan amplio que puede llegar a alcanzar otras situaciones que están operativas desde hace tiempo”, advirtió Sena.

El jurista dijo que “va a ser necesario ver la reglamentación, cuando salga, para saber el alcance y cómo va a ser aplicada puntualmente. Un punto que trascendió hace pocos días es que Uber se estaría instalando en Uruguay. Si no fuera así y actuara desde el exterior, esta norma, al hacerla responsable solidariamente, perdería un poco de efecto”.

Legislador propone sistema gradual

Para el diputado Pablo Abdala, el servicio tecnológico de Uber “es un tema bien difícil”. El legislador nacionalista dijo a El País que se debe pensar en el usuario y todo lo que contribuya a su beneficio y a la reducción de costos. Pero indicó que también es necesario proteger el trabajo. “Hay que encontrar un punto de equilibrio, el país debe medir muy bien la afectación que esto va a tener hacia el transporte y en particular hacia los taxis. No lo podemos soslayar”, afirmó Abdala.

Según el legislador, “no caben las recetas liberales o libremercadistas. Para un país chico como el nuestro, la protección del trabajo es muy importante. Pero no me cierro, hay que reflexionar. Capaz que el punto de equilibrio pase por poner una regulación muy eficaz y eventualmente empezar de forma gradual, ir abriendo ventanas a este tipo de experiencias, porque tampoco nos podemos negar a ellas”.

SABER MÁS

Un sistema que evita el pago con efectivo


Para utilizar el servicio de Uber el usuario debe registrarse, tener un smartphone con internet móvil y una tarjeta de crédito. El pago mediante tarjeta evita uno de los problemas de seguridad que se suscita hoy con los taxis que manejan dinero en efectivo. Tanto el chofer como el usuario que se asocian a la plataforma tienen que registrar su nombre, el modelo y matrícula del auto, una fotografía y el número de teléfono, que quedan en la base de datos de la red de Uber. La plataforma permite calificar con puntaje al conductor como al cliente. Chofer y usuario pueden ser dados de baja de la red si tienen calificaciones negativas. Los aspirantes a conductores deben exhibir cédula, licencia de conducir, foto del auto, con matrícula, seguro obligatorio (SOA), y seguro de Responsabilidad Civil.

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