Señala que bloquear a Uber va más allá de sus competencias.

La Intendencia de Montevideo desestimó la petición presentada por el Centro de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (Cpatu), que le solicitó que fiscalice a Uber y que "interrumpa la conectividad" de la compañía en acuerdo con la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).

Según un informe de la Asesoría Jurídica de la IMM, "en Montevideo ya existe normativa concreta que prevé lo que el peticionante solicita, o sea la prohibición de realizar actividad sin cumplir las normas vigentes y una consecuencia jurídica para las infracciones. Esto es, sanciones económicas al propietario del vehículo".

Más allá de esta respuesta, lo que los taxistas han reclamado no es una nueva norma, sino el cumplimiento de la vigente.

En cuanto al "bloqueo" de la señal de Uber, la comuna respondió que la solicitud "exhorbita las competencias propias de esta Intendencia, ya que por un lado su mera utilización no contraviene ninguna disposición departamental y, por el otro, de hacerlo se estaría interrumpiendo la conectividad en todo el territorio nacional y no solamente en Montevideo".

Un argumento manejado por los taxistas es que el valor de las "chapas" pasó de US$ 90.000 en 2015 a US$ 45.000 en 2016 por la acción comercial de Uber.

Como dio cuenta El País, el Poder Judicial tampoco hizo lugar a un pedido de amparo contra la Intendencia de Montevideo para que fiscalice a los vehículos que forman parte de Uber.

El recurso fue presentado por la patronal del taxi (Cpatu) y se enmarca dentro de una ofensiva que incluye una demanda multimillonaria contra la Intendencia por parte de los permisarios de taxis.

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