Ni el nuevo boom de la construcción que se expande por los barrios de Montevideo ha podido hasta ahora revertir la situación del esquelético dinosaurio de la avenida 18 de Julio y Tacuarembó, cuyas obras se abandonaron en 1979.

Pero hay novedades en trámite; un grupo de construcción español que está efectuando varios proyectos en distintos barrios de Montevideo adquiriría el inmueble para efectuar viviendas de interés social.

A fines de febrero de este año, ingresó en la Junta Departamental una resolución de la Intendencia para que fuese aprobado un nuevo plazo de 7 meses prorrogables a 3 más para que se presente un nuevo permiso de construcción, a solicitud del particular que es propietario del terreno y edificio estancado, y de un promitente comprador.

La dueña (Claudia Monichon) había establecido el 28 de noviembre de 2014 una promesa de compraventa del edificio, conocido como el de la Galería Costa, por la suma de un millón quinientos mil dólares.

En documento dirigido al entonces director de Recursos Financieros de la IMM, Arturo Echevarría, la futura vendedora explicaba, el 9 de diciembre de 2014, que pedía una ampliación de plazo al haber vencido el de 120 días establecido en el decreto 35.190 del 17 de julio de ese año, a efectos de presentar un nuevo permiso de construcción. Como futuro comprador figuraba Mauricio Levitin, un desarrollista inmobiliario que realiza varios proyectos de alto impacto en Montevideo, como la culminación de las obras en la exFábrica Alpargatas, "Altos del Libertador", todos los emprendimientos Nostrum, o el Bilu Carrasco y Smart Office, según se indica en la propia carta dirigida a la Intendencia.

Los firmantes señalan que, como todos los proyectos Nostrum, el edificio a construirse en 18 de Julio quedará amparado por los beneficios de la Ley 18.795 (de Vivienda de Interés Social) y por lo tanto debe ser aprobado antes por la Agencia Nacional de Vivienda.

La preparación del proyecto y todos los planos demandaría 90 días y la Agencia podría tomarse hasta 120 días para expedirse en el asunto.

En la sesión del parlamento capitalino, el pasado 9 de abril el edil Mario Barbato dijo que la bancada del Partido Colorado se oponía a una prórroga de plazos puesto que ya se había otorgado en 2014 una de 24 meses para la culminación de las obras.

"Ha pasado un plazo de nueve meses y las gestiones continúan a fojas cero", sentenció el edil Barbato.

En el plenario, de todos modos, la prórroga se resolvió con 21 votos en 23.

El edil nacionalista Juan Curbelo señaló que su bancada votó a favor teniendo en cuenta que la principal avenida "merece el esfuerzo de ser parte de la solución y no del problema", pero agregó que "el procedimiento ha sido errático", y que se deberá "verificar y generar controles estrictos para saber a quién le estamos ofreciendo o brindando estos beneficios".

El edil frenteamplista Eduardo Lucas (MPP), manifestó que la política de la Intendencia para intentar incorporar al tejido urbano edificios como el de la Galería Costa, "ha tenido dificultades", pero que debe seguir apostándose a eso con la exigencia de que el beneficiado "esté al día con los convenios respectivos y con los tributos".

Mientras pocos locales comerciales continúan abiertos, y prosiguieron los desalojos de precarios, la galería continúa escondiendo (más que atesorando) un mural de Dumas Oroño, y provocando ante la comuna denuncias de vecinos y comerciantes que residen en fincas linderas, afectadas por humedades y mosquitos cuando las lluvias invaden la penosa mole del Cordón. Galería Costa, Junta Departamental, Intendencia de Montevideo. Junta Departamental, Edificio Galería Costa

En noviembre de 2012, la empresa Adefil S.A. pretendía comprar y reconstruir el edificio. Nation S.A. era el dueño. El edil frenteamplista Jorge Buriani declaraba a El Observador que las partes buscaban una "fórmula de sanación" de los tributos impagos para acordar un importe de compra.

La exoneración a Nation se calculó en US$ 2 millones por concepto de multas y recargos generados desde 1979, cuando se abandonó la obra del Cordón.

Por el decreto 34.455 del 29 de noviembre de 2012 se facultó a la Intendencia a reliquidar las deudas de Nation y se la exoneró del 75% del impuesto a la edificación Inapropiada. La condición establecida fue que se culminaran las obras en un plazo de 36 meses. De no ser así se daría "la reactivación total de la deuda original con la multa y los recargos correspondientes".

El 27 de mayo de 2013 se estableció una prórroga de 45 días de las facultades establecidas en el decreto 34.455, ante una gestión del señor Oscar Pereyra, quien figura entonces como promitente comprador del padrón 942 en donde está el edificio inconcluso de 18 de Julio. Se daba ese nuevo plazo "a fin de obtener la documentación faltante de la empresa Nation y la emisión del Certificado Único para Enajenar".

En abril de 2014 aparece otro supuesto propietario del bien y denuncia que por el plano real debía pagar tributos por 48 locales comerciales. Pero había otro plano apócrifo que exigía pagos a la IMM por 56 locales.

La administración de la Intendencia de Montevideo ha tolerado varios retrasos en el cumplimiento de lo acordado con sucesivos propietarios del edificio de 18 de Julio y Tacuarembó, cuyas obras se paralizaron en 1979. La presentación de un nuevo permiso de construcción se sigue dilatando. Al daño sufrido por promitentes compradores que adquirieron hace décadas futuras unidades en el pozo, se suma la alteración del perfil urbano y una avenida principal muy afeada.

La masa de ladrillos y hierros de 18 motivó en los últimos años diversas propuestas. El edil nacionalista Edison Casulo llegó a preguntar por qué no se decidió ceder el edificio al Ministerio de Vivienda. Mientras tanto, las traslaciones de dominio y las prórrogas de plazos en lo referente a los beneficios en la reliquidación de los adeudos continuaron comprobándose. También se discutió hasta cuándo resulta viable mantener vigentes los plazos para la realización de una nueva obra basada en la estructura de la actual. El 13 de junio de 2014, en la interna de la administración comunal surgió la duda, en la medida que el decreto 34.455 fijaba un plazo para terminar las obras pero no para la presentación de un proyecto. En base a una resolución de la Intendencia, el 17 de julio de 2014, la Junta Departamental facultó el otorgamiento de un plazo adicional de 24 meses para terminar las obras, en tanto se cancelaran deudas refinanciadas. Por el decreto, en 120 días debería haberse presentado el nuevo permiso de construcción. Galería Costa, Intendencia de Montevideo, Junta Departamental.

Ante el dilema de la Intendencia en cuanto a si era pertinente extender los plazos que al final se concedieron en julio de 2014, la asesoría legal del departamento de Recursos Financieros dictó un informe el 20 de junio de ese año dirigido a la división Administración de Ingresos. Se sostuvo que el beneficio fiscal concedido en 2012 por el decreto 34.455 "se sujetaba a la condición resolutoria de que en el plazo de 36 meses a partir de su promulgación, las obras se culminaran. No fue un plazo para presentar un permiso de construcción sino que se trataba de un plazo integral, en el que la meta era terminar la obra y que por tanto implicaba presentar un nuevo permiso de construcción (se mantuviera o no el proyecto original, el permiso de construcción inicial está caduco)". Se agrega que, entre más motivos, fue gracias al decreto de 2012 y el convenio de financiación de tributos adeudados, que se dio la traslación del dominio del inmueble.

El edificio de la Galería Costa sería terminado por promitente comprador