LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

23.770 hs. de auditoría en ASSE por irregularidades

La presidenta reconoce problemas a nivel administrativo.

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Auditorías en ASSE advirtieron por irregularidades. Foto: archivo El País

Tras los escándalos por sobrefacturaciones y casos de directores de hospitales que se vendían servicios a ellos mismos, entre otras irregularidades, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) habilitó para este año 23.770 horas de auditorías en sus más de 900 centros de salud de todo el país.

"Armamos un comité de auditorías. El objetivo es solucionar y detectar todo tipo de situación irregular que se presente", declaró a El País la presidenta de ASSE, Susana Muñiz.

Solo para 2016, ASSE habilitó 10.920 horas de auditorías en las áreas administrativo financiera contable. Esto incluye el seguimiento de las empresas tercerizadas —protagonistas del escándalo de sobrefacturaciones y sobornos por el que fue destituido el exdirector de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva. También se analizarán los procesos de compras, los gastos observados por el Tribunal de Cuentas, y las pensiones y patrimonios de los usuarios de las colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos Rossi, luego de que el año pasado se decidiera que el dinero de los usuarios fallecidos sería utilizado para mejorar los predios.

Otras 12.850 horas de auditorías, las que completan el total de 23.770, serán para fiscalizar las áreas de farmacia —en muchos centros estas carecen de la habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP)—, hemoterapia, internación y emergencia. Además, se revisará el tipo de atención que tienen los usuarios. El fin de semana El País informó, también, que la mayoría de los hospitales, policlínicas y consultorios carecen de habilitación de bomberos, algo que la presidenta de ASSE pretende solucionar antes de terminar este período.

"Ya se hicieron algunas auditorías y la idea es continuar. Quedan cosas por solucionar", reconoció Muñiz. La jerarca destacó que las tercerizadas Apex, Joaka y Jorge Lucero, acusadas de pagar sobornos para evitar conflictos sindicales en el marco de la trama Silva, ya no trabajan para el Estado. Hay una cuarta empresa, Onamérica, que este año fue contratada nuevamente para trabajar en el Hospital Saint Bois. Muñiz señaló que ASSE no quiere que siga brindando servicios en los hospitales públicos, pero "no puede impedir que se presente" a las licitaciones, debido que no se ha aceptado su pedido de que sea borrado del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

La jerarca dijo que para evitar más irregularidades con las tercerizadas, los hospitales ahora deben entregar a ASSE una evaluación trimestral del trabajo que llevan a cabo estas y que "se generará una unidad de transparencia para que en la web de ASSE quede toda la información de las tercerizadas".

La gestión de Muñiz recibió varios golpes de entrada, sobre todo por auditorías, internas y externas, que demostraron irregularidades durante la administración anterior. Consultada sobre esto, la presidenta decidió no pegarles a sus antecesores, sino destacar sus logros.

"ASSE es una institución que ha tenido un crecimiento muy importante. Podrán decir que antes del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) se atendía más gente, pero esto era en situaciones de extrema pobreza. Había, como dice (la subsecretaria de Salud Pública, Cristina) Lustemberg, tres frasquitos en cada farmacia y uno recetaba lo que podía. Ese no es el ASSE de hoy, que no es el de 2010 y menos el de 2005. Se mejoró mucho. Es cierto que se puso énfasis en lo asistencial. Ahora hay que arreglar lo administrativo", concluyó.

Sumariada y con 50% de descuento salarial.

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) cesó a quien se desempeñaba como directora del Hospital de Dolores y antes había tenido el mismo cargo en el de Mercedes. La exjerarca además fue sumariada y privada del 50% de su salario, según contaron fuentes de la administración a El País, que informó sobre este tema semanas atrás.

La decisión se tomó luego de que una auditoría probara que la exdirectora contrataba a su propia empresa para encargarse de las tareas de traslados especializados en ambos centros. Además del delito de conjunción del interés público con el privado, el edil del Partido Nacional en Soriano, Heber Scirgalea, denunció que su empresa cobraba precios excesivos.

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