Si se verificase este viernes un homicidio, una muerte por accidente de tránsito o un fallecimiento en un domicilio por causas no determinadas, no se podrá hacer el "levantamiento" del cadáver. La razón es simple. La gremial de médicos forenses del Poder Judicial realizará hoy viernes un paro de 24 horas.

De todas formas, los forenses sí "harán morgue" durante la mañana de hoy, lo que implica que harán las autopsias de las personas que hayan fallecidos ayer (por lo general estos procedimientos se hacen al día siguiente de la muerte), explicó el presidente de la gremial de médicos forenses del Poder Judicial, Álvaro Zabaleta.

Uno de los jueces penales que está de turno esta semana dijo a El País que "no contamos con los forenses porque van a una asamblea, o sea ¿cómo haremos si tenemos un levantamiento de cadáver?, ¿va a quedar el cuerpo tirado en la calle?". El magistrado señaló también que como este paro coincide con el que realizan los funcionarios administrativos judiciales por reivindicaciones salariales sin guardia gremial, tampoco podrán realizarse procesamientos por lesiones u homicidios.

Los médicos forenses reclaman mejoras en las condiciones de las morgues y aumento salarial. En Uruguay hay entre 60 y 70 médicos forenses. Tres de ellos cobran desde hace un año una partida especial que se llama "permanencia a la orden". Estos profesionales tienen la tarea de examinar a los adolescentes detenidos. El resto de los forenses planteó que esa partida les correspondía a todos y la División Jurídica del Poder Judicial les dio la razón pese a lo cual se les dijo que la Suprema Corte de Justicia no tiene recursos suficientes para los pagos.

Por otro lado, los funcionarios judiciales harán paro hoy sin guardia gremial. Este paro se da en el marco del conflicto que enfrenta al Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Los judiciales reclaman el "enganche" de sus remuneraciones y de los ministros de la Suprema Corte con las de los ministros de Estado.

Gustavo Signorelle, dirigente del sindicato de funcionarios judiciales, dijo que ahora están a la espera de la sentencia del juicio civil que entablaron que está prevista para el 16 de marzo. Ese día se sabrá si la Justicia les da la razón. Si así fuera, el Estado les tendrá que pagar el aumento salarial que reclaman. El Poder Ejecutivo no podrá apelar el dictamen porque no presentó sus alegatos en tiempo y forma, por lo que no se lo considera una parte en el juicio.

El Legislativo aprobó (solamente con votos oficialistas) en diciembre, al filo de la terminación de la anterior legislatura, una ley que establece un aumento de 8% para los judiciales, muy inferior al que estos pretendían, y el pago de tres sueldos por concepto de retroactividad ya que el reclamo se originó a raíz de la aprobación del Presupuesto 2011. Los jueces y funcionarios reclamaban una mejoría de 26% por lo que ahora depositan sus esperanzas en el juicio en curso.

El presidente saliente, José Mujica, envió una carta al sindicato de los trabajadores judiciales comprometiéndose a buscar una mejora en sus remuneraciones una vez que asuma como senador.

La corte también está molesta porque el Parlamento aprobó en diciembre una ley que modificó el Código General del Proceso y que establece que los juicios contra el Poder Judicial que este pierda los debe pagar la corte con fondos presupuestales propios, algo que los ministros de la corporación cuestionaron. Actualmente esos pagos se hacen con cargo a Rentas Generales.

La corte emitió en ese momento un comunicado que señalaba que "el Poder Judicial no tiene autonomía presupuestal como los otros poderes del Estado", por lo que "la norma propuesta limita y condiciona el funcionamiento de este poder del Estado, trasladando a su ya escasa disponibilidad presupuestal la carga de asumir dichos créditos".

El prolongado conflicto judicial, aún en curso, afectó sobre el cierre del año pasado el funcionamiento de los registros (incluyendo el de Estado Civil) y de las dependencias judiciales. Algunas parejas debieron casarse en la calle o en la Plaza Independencia e incluso la Suprema Corte de Justicia debió disponer que las dependencias judiciales dejasen de funcionar una semana antes del inicio habitual de la Feria Judicial Mayor, lo que generó preocupación en el Colegio de Abogados.

En diciembre, cuando se votó el incremento que enfureció a los judiciales, el Ejecutivo también propuso y obtuvo el "desenganche" de los salarios de los funcionarios y actuarios que desde 2005 ganan una proporción de las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

El exministro de la Suprema Corte, Julio Chalar, consideró "justos" los reclamos de los funcionarios porque "no se les pagan sus haberes y hasta se intenta despojarlos legislativamente de los ya generados". Y el presidente de la Suprema Corte, Jorge Larrieux, dijo en conferencia de prensa que "el proyecto del Poder Ejecutivo en lugar de contribuir a solucionar el conflicto lo que está haciendo es agravándolo".

Cuatro de los cinco ministros de la corte comenzaron, por su parte, una demanda "de conciliación" para obtener el pago de lo que entienden que se les adeuda. La demanda de "conciliación" es un paso previo a la realización de un juicio y se realizará el mes próximo.

Los médicos forenses del Poder Judicial paran 24 horas