La jueza Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero ordenaron para hoy detenciones y citaciones de funcionarios de mutualistas y de empresas de promotores de los centros de salud en el marco de la investigación de la megaestafa realizada al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y al Banco de Previsión Social (BPS).

En la tarde de ayer, Staricco y Ferrero tomaron declaraciones como testigos a mandos medios del BPS y personal de las mutualistas Círculo Católico —donde se detectó a una persona que había sido registrado en una empresa como empleado sin serlo— y del Casmu.

Staricco dijo a El País que hoy habrá eventualmente detenciones. "La fiscal pidió distintas medidas", agregó.

Pese a que aún no se determinó el monto exacto del ilícito, operadores judiciales estiman que supera los US$ 4 millones. Hasta el momento la Justicia procesó a cinco individuos por inscribir en falsas empresas a personas que vivían en asentamientos a cambio de pagarles entre $ 500 y $ 1.000.

Los estafadores luego los inscribían, a través de promotores, en distintas mutualistas, con lo que recibían $ 1.800. Uno de los procesados tenía en su poder 31.000 cédulas de identidad de falsos trabajadores.

"Habrá que chequear si esas cédulas pertenecen realmente a esas personas o son cédulas falsas. Tenemos 31.000 números de cédulas. Habrá que ver si son reales o no", reiteró Staricco. "Hoy (por ayer) no hubo proce- samientos", agregó la jueza penal.

Staricco explicó que todavía no se sabe el monto de la megaestafa porque no sabe cuánto pagó el Fonasa a las mutualistas por estas personas.

El presidente de la Junta Nacional de Salud, Artu-ro Echevarría dijo que se calcula que el Fonasa perdió entre US$ 1.550.000 y US$ 4.650.000. A esto hay que sumarle la plata que le hicieron perder al BPS por subsidios por desempleo.

Por el momento, no fue capturado el promotor de mutualistas acusado de integrar la organización que realizó la estafa contra el Fonasa desde el 2011.

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