Constanza Moreira fue una de las que presentó propuesta

Hipótesis en el FA: Malvinas uruguayas

En un informe sobre Defensa firmado por la senadora y precandidata Constanza Moreira (espacio 609) y presentado en la Comisión de Programa del Frente Amplio se plantea la conformación de una comisión para el estudio de la soberanía uruguaya sobre las Islas Malvinas.

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En el documento al que accedió El País se propone la integración de un grupo de trabajo con historiadores, geógrafos, juristas, diplomáticos, políticos y militares que discuta en profundidad el tema "teniendo presente que la presencia uruguaya en la Antártida está sustentada en el mismo Tratado España-Uruguay (1841) que concede a Uruguay la soberanía sobre las Islas Malvinas".

Además, anoche la Comisión de Programa analizaba la propuesta para la creación de un Tribunal Constitucional -paralelo a la Suprema Corte de Justicia y con las potestades para declarar inconstitucionales las leyes. El planteo había sido realizado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en el marco de la discusión del programa del Frente Amplio para el 2014, en un año en que la relación entre el Frente Amplio y el Poder Judicial tuvo momentos de tensión debido a que generó malestar en la coalición la decisión de la Corte de declarar la inconstitucional del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), de la ley de imprescriptibilidad de la Caducidad y además disponer el traslado de la jueza penal, Mariana Mota, a la órbita civil.

"La discusión relativa a la reforma constitucional constituirá el marco para reformar el régimen administrativo del Poder Judicial, separando el rol jerárquico administrativo de la Suprema Corte de Justicia de modo que pueda concentrarse en los aspectos puramente jurisdiccionales. En ese marco se promoverá la creación de un Tribunal Constitucional con competencia en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes", señala el planteo.

Por otra parte, el senador Oscar López Goldaracena presentó el lunes en la bancada un proyecto para la creación de un Ministerio de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos mediante la reasignación de competencias que hoy corresponden en su mayoría al Ministerio de Educación.

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