Ante riesgo de deportación, aconsejan a la colonia tener prontos poderes.

A los uruguayos indocumentados en Estados Unidos, inquietos por el endurecimiento en la política migratoria que promete el presidente Donald Trump, lo que más les preocupa es qué pasará con sus hijos si son deportados y qué puede ocurrir con sus bienes.

En la tarde del sábado y durante varias horas, 130 uruguayos residentes en los estados de Nueva York y Nueva Jersey hicieron preguntas sobre esos temas a abogados especialistas en migración en el club Uruguayos Unidos de la ciudad de Elizabeth. En esta ciudad de Nueva Jersey viven unos 3.000 uruguayos, muchos de ellos indocumentados. Ese estado, cuyo gobernador es el republicano Chris Christie, tiene una política más dura con respecto a los indocumentados que el vecino Nueva York, cuya gobernación está a cargo del demócrata Andrew Cuomo.

El uruguayo Favio Ramírez, director general de la organización El Centro del Inmigrante, que funciona en Staten Island, Nueva York, y que fue uno de los disertantes en la reunión, explicó a El País que la gran mayoría de los indocumentados tienen hijos que por haber nacido en Estados Unidos pueden ser ciudadanos estadounidenses. "Para muchos de ellos los padres no han tramitado la ciudadanía uruguaya. Por eso hicimos hincapié en poner al día la documentación uruguaya como elemento de salvaguarda. ¿Qué pasa si arrestan a los dos, a la mamá y al papá? Es un caso que puede darse", señaló Ramírez. Los juicios de migración no son rápidos y pueden extenderse varios meses durante los cuales los hijos pueden llegar a quedar bajo un sistema de tutoría estatal. Los disertantes incluso sugirieron que en algunos casos puede ser bueno designar a priori un tutor, y enfatizaron que todos los casos presentan peculiaridades propias.

Muchos de los indocumentados ingresaron a Estados Unidos con el programa "visa waiver" del cual Uruguay ya no es beneficiario (como sí lo siguen siendo varios países europeos, Corea del Sur y Chile, entre otros). Ese grupo, a priori, no tiene derecho a ver a un juez de migración porque se entiende por parte de Estados Unidos que ese programa era un voto de confianza, que al verse defraudado porque la persona permaneció en Estados Unidos más de lo permitido, quita el derecho a juicio.

En cuanto a los bienes, los disertantes en la reunión aconsejaron firmar poderes para que alguien pueda venderlos en nombre de los propietarios, en caso de que estos sean deportados. "Recomendamos hacerlo ahora y no esperar a que algo pase. No es lo mismo firmar un poder ahora, con todo el tiempo del mundo, que firmar un poder adentro de un centro de detención", dijo Ramírez.

Casarse puede ser una solución para que algunas parejas reduzcan su vulnerabilidad a la deportación, explicaron los disertantes a los miembros de la colonia uruguaya. Si una de las personas integrantes de la pareja es residente permanente o ciudadana y la otra no lo es, se pueden casar y se hace un "ajuste de estatus" de la que sea indocumentada. "Se pasa por un proceso y se pide un perdón, siempre y cuando las personas no hayan sido criminales. Hay formas de regularizar", explicó Ramírez.

La residencia permanente y la ciudadanía dan ambas varios derechos. En el caso de la residencia permanente la persona no puede votar ni ser candidata a puestos electivos. La residencia puede ser revocada si la persona permanece fuera de Estados Unidos seis meses o si comete algún delito grave, como un homicidio. "No te van a quitar la residencia permanente por un robo, sí por un homicidio", explicó Ramírez.

Si bien en la colectividad existe inquietud por las redadas y la posibilidad de las deportaciones, por el momento no se ha detectado que se hayan incrementado las expulsiones de uruguayos. Así lo hizo saber la cónsul general en Nueva York, Pauline Davies, durante la reunión en la que también participaron otros funcionarios del consulado y una funcionaria que fue desde la embajada en Washington. Los datos del consulado indican que durante la última década las deportaciones se han ubicado entre las 18 y 22 anuales.

En Estados Unidos se calcula que hay unos 70.000 uruguayos, y que unos 50.000 se beneficiaron del reciente acuerdo de seguridad social que ese país firmó con Uruguay. Estados Unidos tiene la tercera colonia de uruguayos fuera del país, después de Argentina y España. Las concentraciones más importantes de uruguayos están en los estados de Nueva Jersey, Florida, California y Texas.

Se calcula que la mitad de los 70.000 uruguayos que están en Estados Unidos son ilegales. Unos 3.000 están en Elizabeth y otros muchos en zonas de Queens (Nueva York) como Jackson Heigths, donde hay restaurantes y panaderías uruguayos, y Corona. Pero una cantidad muy significativa de más 10.000 personas está en el sur de Florida, cerca de Miami. Aproximadamente un 13% de los uruguayos que están fuera del país están radicados en Estados Unidos.

Un estudio de 2007 de la demógrafa Adela Pellegrino y de Daniel Macadar indica que de los uruguayos que emigraron entre 2002 y 2006 (la gran mayoría lo hicieron por motivos económicos), el 26% se fueron a Estados Unidos. Esa corriente se ha reducido mucho.

En 2016 volvieron de Estados Unidos 186 uruguayos que se presentaron ante la Oficina del Retorno del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería identifica tres grandes oleadas de emigrantes uruguayos hacia Estados Unidos. La primera se produjo entre 1960 y 1975, la segunda entre 1982 y 1984, y la tercera entre 1999 y 2003.

La población uruguaya es atendida por los consulados generales ubicados en Washington, Nueva York, Chicago, Miami y Los Angeles, aunque también hay consulados "móviles" que atienden a los agrupamientos de uruguayos alejados como los que están en Houston (Texas). "Todos están muy preocupados, aún quienes tienen aquí su residencia permanente", señaló a El País el abogado especialista en migración, el uruguayo Jorge Moreira, que también evacuó dudas en Elizabeth.

JUAN PABLO CORREA

POLÍTICA MIGRATORIA DE TRUMPJUAN PABLO CORREA