Policías reclaman un protocolo para actuar ante situación crítica.

Oscar estaba mirando el último partido de Uruguay contra Venezuela y un rato más tarde tenía 62 casquillos de bala esparcidos por su vivienda y la de sus vecinos en Marconi. Tres hombres llegaron a su casa en auto y le gritaron desde la puerta. "¡Negro, salí, vení que queremos hablar contigo!". Uno tenía en sus manos una Uzi Mp5 automática, un subfusil de asalto de los que usan los grupos de comando como GEO. Otro una Glock 45 milímetros. El tercero se aferraba al volante del auto. Las balas hicieron de su casa y las linderas "un colador".

La historia de Oscar, que es oficial de Policía, es "bastante común", dicen sus colegas. "En los últimos dos o tres años en las zonas más conflictivas donde los policías todavía conviven con los delincuentes, la situación se ha deteriorado bastante, ya no hay respeto por la autoridad y por ser policía; la gente que delinque trata de eliminarlo o sacarlo del barrio porque molesta y ahí empieza una presión que no sólo es con el funcionario, sino con la familia porque lesionan a hijos en la escuela o a la mujer", resume a El País Patricia Rodríguez, presidenta de la Unión de Sindicatos Policiales (USIP).

Un censo de policías realizado por el gobierno en agosto de 2015, detectó que hay 1.107 policías que viven en asentamientos, el 4,2% del total.

Las situaciones más complejas se dan en Montevideo (655), Canelones (141), Rivera (59), Artigas (37) y Maldonado (32). Los departamentos en los que menos hay son Treinta y Tres (seis), Tacuarembó (siete), Soriano (siete), Flores (ocho), Salto (nueve). Del total de personas en asentamientos 854 son hombres y 253 mujeres. Si bien la mayoría quiere mudarse no son todos. Según el relevamiento que puso foco en la vivienda de los policías, el 63% de los que viven en asentamientos quieren cambiar de vivienda: 694 familias. De las que viven en Montevideo y quieren mudarse (434), la mayoría son familias de cuatro y más integrantes, por lo que encontrar un lugar no es fácil. A estos se suman cerca de un centenar de otras familias que no viven en asentamientos, pero no les gusta el barrio porque no tiene servicios o es conflictivo.

Como parte de buscar una solución, en la última ley de Presupuesto se incluyó un artículo que crea una contribución especial de seguridad social de 1% que en parte será destinada a la construcción de viviendas (ver nota aparte). Lo que el gobierno ya definió es quién accederá primero. El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, dijo en la Comisión de Hacienda del Senado que primero se ocuparán "de aquellos que viven en situación de vulnerabilidad en la zona metropolitana, y después se continuará en el desarrollo de políticas convenidas con el funcionariado". Es que de los 26.362 funcionarios censados, 12.230 expresaron necesidad o interés en cambiar de vivienda (de todos los grados de la escala). En la mitad de estos casos tienen personas a cargo.

Pero esa solución, tomando en cuenta plazos de creación del fideicomiso, cúmulo de fondos, determinación de predios y construcción, llevará años y, si bien consideran que es un avance, a nivel policial reclaman medidas más inmediatas.

"El problema es que las soluciones no son de corto plazo y los problemas sí", remarca Rodríguez. "Han incendiado casas de funcionarios, les han tirado piedras, bombas molotov, y todos ven que hay pocas garantías para defenderse y poco respaldo jurídico que le da viento en la camiseta a los delincuentes", sostiene Rodríguez.

El reclamo inmediato es que no hay un "protocolo claro de respaldo ante una situación de vulnerabilidad, de peligro de vida (...) Hoy uno no sabe qué hacer porque vivió toda la vida en un barrio y ya no tiene derecho a elegirlo, por lo que se da el grave mensaje de: tengo que irme cuando yo no hago nada malo", agregó. "Hace dos años un policía que trabajaba en el programa Bus seguro hizo un procedimiento y lo fueron a buscar a la casa en el barrio 40 semanas. Al bajar del ómnibus lo recibieron con disparos y cuando logró llegar a la casa, la mujer y los chiquitos estaban encerrados en el cuarto porque les habían tirado una bomba molotov. Tuvieron que pedir apoyo para salir y se mudaron a lo de un compañero. Perdió todo", concluyó contundente.

La ley de Presupuesto creó una contribución especial de seguridad social de 1% que en parte será destinada para la construcción de viviendas. El dinero irá a un fideicomiso que todavía no se definió quién administrará. Tampoco está claro dónde se harán las viviendas aunque a nivel oficial evalúan integrar esto a los planes del Ministerio de Vivienda, que tiene 16 cooperativas de policías, y también a Mevir, que algunas veces utiliza terrenos del Ministerio del Interior y a cambio deja un cupo para ocupar por policías. Una comisión con representantes del sindicato de Bomberos, del Ministerio del Interior, funcionarios policiales de Montevideo, asistentes sociales, y el director general de secretaría Charles Carrera que se está encargando de los detalles. Ya se visitaron terrenos, algunos que se rechazaron por ser inundables, y se evaluaron viviendas prefabricadas.

LUCÍA BALDOMIR

INSEGURIDAD CIUDADANALUCÍA BALDOMIR